Pichetto confirmó que la ley que frena los tarifazos será tratada en el Senado

BUENOS AIRES.- El proyecto de ley que impulsa la oposición para retrotraer las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017 será debatido hoy en una reunión plenaria de comisiones a la que no asistirá ninguno de los gobernadores invitados, por lo que el peronismo ya anunció que firmará el dictamen para llevarlo al recinto el próximo 30 de mayo.

La reunión se hará hoy, desde las 11, en el Salón Illia del Palacio Legislativo donde se reunirán los integrantes de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles para discutir el expediente ya aprobado por Diputados.

El proyecto que impulsa el peronismo propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al 1° de noviembre de 2017 y establece que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de los salarios.

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El costo fiscal, según estudios preliminares de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ascendería a casi $ 80.000 millones menos, tanto para las arcas nacionales como para las de las provincias.

El peronismo, a través del jefe de la bancada del interbloque Argentina Federal, Miguel Angel Pichetto, anticipó ayer que firmará dictamen hoy una vez que termine la reunión de comisiones. “No hay propuesta alternativa del gobierno nacional, así que ratificamos nuestro planteo del miércoles pasado y firmaremos el dictamen del proyecto tal cual vino de Diputados”, anunció el rionegrino.

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El oficialismo, no obstante, ratificó para la comisión la presencia de representantes de Camesa, el ENRE, Adeera y el Enargas.

Los gobernadores, en tanto, decidieron no asistir al plenario pese a que fueron invitados formalmente.

De hecho, el peronista cordobés Juan Schiaretti, tras anunciar que no asistirá por cuestiones de agenda, propuso que el Congreso elimine el IVA de las tarifas “temporalmente”.

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Otros gobernadores que declinaron la invitación fueron los oficialistas Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy) y el peronista Carlos Verna (La Pampa): el resto no respondió.

La propuesta de Urtubey

El único que respondió afirmativamente al convite, pero que no asistirá, será el salteño Juan Manuel Urtubey, quien enviará en su lugar al presidente de la empresa de energía de su provincia.

Precisamente Urtubey manifestó ayer, a la salida de una reunión con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, que está a favor de “un gran acuerdo nacional que genere las condiciones para que la Argentina sea realmente competitiva”, pero reclamó que “no sea la obra pública la variable de ajuste”.

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Por otra parte contó que durante el encuentro con el Presidente se habló sobre el proyecto opositor de retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos, a lo que apuntó que llevó una propuesta distinta a la media sanción de Diputados.

“Nosotros planteamos una alternativa de bajar el IVA a la mitad para poder bajar las tarifas y transferir el manejo de Edenor y de Edesur a la provincia y Ciudad de Buenos Aires”, dijo.

Mientras tanto, el oficialismo recibió, a última hora de la tarde de ayer, al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para que brinde informes sobre la política tarifaria del gobierno nacional. El ministro mantuvo un encuentro con el interbloque que encabeza el formoseño Luis Naidenoff, en las oficinas del bloque radical, en el segundo piso del Palacio Legislativo, durante casi dos horas.

La reunión fue requerida por integrantes de Cambiemos para conocer la gradualidad de los aumentos tarifarios. Además, el funcionario informó sobre el costo fiscal del proyecto que impulsa el peronismo en conjunto con el kirchnerismo.

Sin embargo, fuentes del macrismo reconocieron que, pese a que intentarán bloquear la firma del dictamen, el peronismo tiene los números suficientes para lograr llevar el despacho al recinto de sesiones, lo que podría ocurrir el próximo miércoles. (Télam)

La Justicia prohíbe los cortes de gas por falta de pago

BUENOS AIRES.- La Justicia Federal de Dolores ordenó ayer a las prestatarias de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del servicio por falta de pago, al dictar una medida cautelar a partir de una presentación realizada por la Asociación Consumidores Argentinos.

Una fuente judicial explicó que la medida la adoptó el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien dispuso que “todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago”.

En el fallo, el magistrado sostuvo que la cautelar interina se dictó “debido a que se trata de sectores socialmente vulnerables o se encuentra comprometida la vida digna” presupuestos que a su criterio quedaron acreditados en la presentación.

Además, resolvió que se revisará la medida cautelar una vez que los diferentes organismos del estado contesten los informes que se les solicitó en la causa.

En la presentación judicial, realizada por los apoderados de Consumidores Argentinos, José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, se había solicitado “la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas por falta de audiencia pública en el valor del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas”.

Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteó hasta tanto “se dé traslado a las partes intervinientes” para que hagan el descargo correspondiente y ordenó también comunicar la causa al Registro Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras el fallo, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino aseguró que esa decisión “va en línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia”.

“Se trata de una decisión que tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todas las que menos tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables”, dijo Lorenzino.

Asimismo, agregó que el reclamo tiene que ver con defender a la gente para que pueda desarrollarse dignamente, que se les garanticen los servicios públicos elementales y que las razones estrictamente económicas no condicionen su calidad de vida. (Télam)