En cinco meses, el Tribunal de Cuentas ya dictó 22 sanciones en las comunas

Una buena parte de las 93 comunas rurales tucumanas parece tener complicaciones desde el punto de vista administrativo, según se desprende los acuerdos publicados durante los primeros cinco meses de 2018 por el Tribunal de Cuentas (TC).

El relevamiento general indica que el ente de contralor dictó 22 sanciones en contra de comisionados rurales. En la mayoría de los casos, las observaciones estuvieron motivadas en la demora en la entrega de documentación, en el marco de auditorías contables o de la presentación de los balances bimestrales prevista por ley.

Según los datos publicados en la web oficial (www.tribunaldecuentas.gob.ar), el tribunal compuesto por Miguel Terraf -presidente-, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci -vocales- emitió al menos 12 apercibimientos, nueve multas y dos cargos fiscales derivados de juicios de cuentas.

En ocasiones, una misma administración fue objeto de más de una medida. Por ejemplo, a través del acuerdo 235, del 1 de febrero pasado, el ente de control dispuso el apercibimiento del delegado rural de Gobernador Piedrabuena, Sergio Apestey, ya que no había elevado a tiempo la documentación referida al Fondo Fiduciario 2015; y mediante el acuerdo 1.782, firmado el martes de la semana pasada, el TC ordenó una multa de $5.000 en contra del funcionario, dado que seguía sin cumplir con la presentación de informes.

Hay más casos similares, como el de Gobernador Garmendia. El Tribunal de Cuentas le requirió también documentación sobre el Fondo Fiduciario 2015 al actual delegado, José Raúl Gutiérrez, y como no entregó los papeles a tiempo, ordenó primero un apercibimiento al ex legislador peronista (acuerdo 925, del 21 de marzo) y luego una multa, otra vez de $5.000 (acuerdo 1.799, del miércoles último).

También se registraron expedientes en los que una comuna rural fue objeto de dos multas.

El Tribunal de Cuentas sancionó con el pago de $5.000 al delegado de El Mojón, Jorge Alberto Anís, el 7 de febrero (acuerdo 363); y reiteró esa medida el 5 de marzo (acuerdo 629), también por la suma de $5.000. En este caso, el ente de contralor lleva adelante una comprobación sumaria y solicita datos de gastos efectuados en 2016.

Ex y actuales

En total, son 15 las comunas rurales cuyos delegados (o ex delegados) recibieron algún tipo de sanción administrativa.

Entre los ex comisionados figura Alejandro Carlos Sangenis (h), ex titular de Cebil Redondo. El ente de control había iniciado una comprobación sumaria en esa comuna por el manejo de recursos provenientes del Fondo Fiduciario 2013. El ex funcionario no alcanzó a cumplimentar lo requerido por el ente de contralor en el juicio de cuentas.

“No aportó documentación y/o información respecto a la ubicación de las obras que permita constatar su ejecución”, señala el acuerdo 1.687, rubricado hace 12 días. Por ello, el Tribunal de Cuentas formuló cargo fiscal en contra de Sangenis (h) por los montos de $298.000 y de $85.000 (totalizando $383.000) que serán actualizados cuando queden firmes los pagos.

El Tribunal de Cuentas no tiene competencia sobre las 19 municipalidades, que gozan de autonomía financiera, pero sí puede revisar el estado patrimonial de las 93 comunas rurales del interior. En este caso, el TC “sólo realiza (el) control posterior con rendiciones de cuenta bimestrales”, expresa la página web oficial. El año pasado, por pedido de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el ente de contralor provincial efectuó auditorías sobre los fondos federales recibidos en 2016 para obras públicas.

Objetados por el ente de control

Cebil Redondo.- El acuerdo 218 dispuso un apercibimiento al comisionado rural de Cevil Redondo, Nelson Fabián Assán, por la falta de informes en el marco de una auditoría del Tribunal de Cuentas. Además, por acuerdo 1.687, se ordenó un cargo fiscal de $383.000 al ex delegado Alejandro Carlos Sangenis (h).

El Mojón.- El comisionado rural Jorge Alberto Anís recibió dos multas de $5.000 cada una por la falta de presentación de documentación a tiempo, según los acuerdos 363 y 629.

Estación Aráoz y Tacanas.- Mediante el acuerdo 1.820, se aplicó al comisionado comunal de Estación Aráoz y Tacanas, Juan Martín Valdez, una sanción de apercibimiento por no haber elevado oportunamente los informes solicitados. Esta advertencia formal también fue dictada a otras administraciones, como Villa de Leales, Teniente Berdina, Los Sosa, Soldado Maldonado y San Pedro de Colalao, entre otros.

Gobernador Garmendia.- El comisionado rural José Raúl Gutiérrez fue objeto de una multa de $5.000 por la falta de presentación de los datos referidos a las obras ejecutadas con el fondo fiduciario 2015. Además, mediante acuerdo 862, se declaró en rebeldía a la ex comisionada rural, Angélica Manzanedo, y al ex secretario habilitado, Rubén Gustavo Pereyra, en el marco de un juicio de cuentas por falta de presentación de balances. Según el informe oficial, la madre del actual comisionado y su secretario debían regularizar unos $8 millones.

Gobernador Piedrabuena.- El Tribunal de Cuentas, a través del acuerdo 1.782, dictó una multa de $5.000 al comisionado de Gobernador Piedrabuena, Sergio Apestey. Antes, había sido advertido mediante un apercibimiento formal.

La Trinidad.- El delegado Julio César González, según el acuerdo 1.741, recibió una multa de $3.000 por falta de presentación de documentación en una auditoría iniciada en 2012.

Los Pereyra.- En el acuerdo 420 el Tribunal de Cuentas ordenó una multa de $ 5.000 contra el comisionado rural Dardo René Rojas, en el marco de una auditoría por el Fondo Fiduciario 2015.

Los Sosa.- El comisionado rural José Albarracín recibió un cargo fiscal de $5.000 (acuerdo 666 del Tribunal de Cuentas) por observaciones referidas a la compra de una bomba de agua.

Río Chico y Nueva Trinidad.- La comisionada Carmen del Valle Alejandro recibió una multa de $5.000 debido a la falta de documentación en una auditoría para la Sigen (acuerdo 561).

Río Seco.- El TC aplicó una multa de $5.000 a la comisionada rural Carmen del Valle Alejandro por no haber presentado los informes requeridos para una auditoría tramitada en nombre de la Sindicatura General de la Nación.

San Pedro de Colalao.- Debido a la falta de regularización de $4.052, se requirió un pago por ese monto al delegado rural Julio C. Contino, según el acuerdo 545 del TC.