Seis preguntas sobre la lucha antidrogas

Por enésima vez ha surgido una convocatoria a que los tres poderes analicen los problemas de la inseguridad en Tucumán. La hizo el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, en medio del escandaloso tira y afloja entre los tres poderes por la adhesión de la provincia a la ley de narcomenudeo. Esta ha generado declaraciones contradictorias de los responsables en cuanto a si se puede aplicar o no, pero coincidentes en cuanto a que no hay infraestructura ni presupuesto para aplicarla. En ese tira y afloja han quedado expuestos los bandazos de la política frente a un problema que ha ido creciendo sostenidamente, sobre todo en los últimos cinco años: la venta de droga en poca cantidad en los barrios vulnerables, en las periferias de las ciudades. El asunto tiene muchas aristas y deja muchas preguntas cuyas respuestas no están claras, lo cual explica la situación del emergencia.

1) ¿El fracaso en la lucha antidrogas es un problema de falta de normas o se trata de mala aplicación de las leyes?

Desde hace por lo menos 15 años se discute sin llegar a un acuerdo. Antes, la Justicia reclamaba que el Ejecutivo gastaba todas las energías y los dineros en la persecución de adictos y dejaba el pasto hachado para los narcotraficantes. Ahora no se habla de eso: el Gobierno nacional entró con un fuerte discurso de lucha frontal al narcotráfico (lanzó de entrada la ley de emergencia de seguridad centrada en el tráfico de estupefacientes) y comenzaron a crecer los operativos, los secuestros de drogas y las detenciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acaba de decir que en estos tres años bajaron los homicidios en un 22,5% y aumentaron las detenciones por tráfico de drogas en un 42%. Pero esta convicción no ha dejado aún certezas, excepto que el problema de las drogas está creciendo, así como el de las adicciones. En la provincia se ha sancionado hace dos años una ley de emergencia en seguridad y se han pasado meses largos de supuestos análisis del problema en la Legislatura, sin que se llegue a un diagnóstico serio. El Ejecutivo iba por su lado y los legisladores quedaron frustrados con propuestas aisladas que nadie atendió. La convocatoria legislativa a todos los sectores prácticamente se desintegró (el camarista federal Ricardo Sanjuán se hizo a un lado afirmando que no había voluntad de hacer cosas) y la ley de Emergencia debió ser renovada sin que hubieran surgido propuestas de acción. Después el ministro de Seguridad Claudio Maley acordó con la Legislatura ir todas las semanas a exponer los problemas de Seguridad. Eso se hace, pero en el medio surgen estallidos: la ley para detener a motochorros capturados in fraganti que envió el ministro fiscal (dio lugar a una extensa batalla político judicial por su aplicación) y ahora el debate por la ley de narcomenudeo. Si esta norma se sancionó en 2015 y no había presupuesto ni infraestructura para aplicarla, ¿no se debió debatir eso en cada discusión de presupuesto provincial desde entonces? A estos políticos que legislan les pasa con demasiada frecuencia: hacen leyes sin saber cómo las van a aplicar (con la ley de narcomenudeo, con la de motochorros, con el Código Procesal Penal).

2) ¿Se conoce la realidad de los tironeos entre clanes?

Desde hace años la Policía habla de las familias/grupos delincuentes en los barrios vulnerables. El clásico ha sido el de los Toro y los Carrión en Villa 9 de Julio. Ahora se habla de al menos 23 en la provincia, identificados y al parecer imparables. ¿Son grupos marginales envueltos en la violencia, que aprovecharon el retroceso del Estado (del que habla el camarista Sanjuán) para dedicarse al narcomenudeo? ¿O son sofisticadas superbandas narcotraficantes? Si fuera el primer caso, correspondería estudiar el problema de la violencia de estos grupos enquistados (como los Toro y los Carrión, o los Reyna en”La Bombilla”) y no solamente el de la droga. Investigar la violencia ayudaría a entender por qué crece el nivel de homicidios en la provincia, que ronda los 60 en lo que va del año. En este caso, ver la acción de otras mafias, como la de los ocho motociclistas que emboscaron y asesinaron al policía Juan Domingo Andina el 23 de octubre en Próspero Mena e Independencia. Este era custodio de funcionarios en Casa de Gobierno y además trabajaba como comprador de dólares en negro en la city bancaria y los vendía a los tours de compras en la ex terminal. Y si los clanes fueran grandes narcos bastaría con encontrar las claves para anularlos y se terminaría el drama. Hasta ahora no se ven esas claves. ¿Fue el cambio de estrategia lo que permitió desbaratar al grupo de los Ale? Los investigaron por asociación ilícita y lavado de activos. ¿Están desbaratados realmente? ¿Se puede aplicar lo mismo con los Acevedo, antes sólo tildados como barrabravas violentos y ahora también asociados con el tráfico? Falta diagnóstico.

3) ¿Está preparada la Policía para enfrentar el fenómeno?

Hasta ahora nadie ha podido explicar por qué los Toro, mentados como los que introdujeron el paco en Villa 9 de Julio y La Costanera hace más de una década, no han podido ser desbaratados, pese a que varios de sus miembros -en especial “La Patrona” Margarita Toro- han sido condenados por tráfico de estupefacientes. ¿Con los métodos actuales van a desbaratar a las otras bandas? Algo que no se investiga en esto son los vínculos policiales y políticos con este negocio. En su testimonio en “Panorama Tucumano”, el “soldadito” anónimo contó que los sábados los transas van a pagarles a los policías de la comisaría por la protección. ¿Si se le cree al “soldadito” sus expresiones sobre cómo los transas captan a los chicos y los convierten en trafiadictos, ¿por qué no creerle sus palabras sobre la corrupción policial? Ya sea verdad o embuste, lo que correspondería sería que se investigue todo esto, para saber cómo actuar... y cómo legislar. Otra vez, falta diagóstico.

4) ¿Es un problema de la justicia?

Si se habla de la infraestructura, ni la Justicia federal ni la provincial están preparadas para enfrentar el narcomenudeo. El fiscal federal Pablo Camuña dijo que él no añadaría más burocracia al asunto (delimitar cuándo un grupo es de narcomenudeo y cuándo es una banda de barones del narcotráfico) sino que le daría más recursos a la justicia federal... pero no se sabe cuántos recursos hacen falta porque las carencias aparecen por todos lados. Las mismas que tendrán los fiscales locales si se hacen cargo. Habría que ver cómo hacen en lugares como Salta, donde ya se trata el asunto a nivel provincial, o como Rosario, donde hay coordinación por acuerdo legal entre la Justicia provincial y la federal para tratar el narcotráfico, narcomenudeo incluido. No obstante, pese a que Rosario tiene muchas fiscalías -y además especializadas-, el nivel de violencia no cesa: en lo que va del año van sumando 90 homicidios. Según el criminólogo Enrique Font, un problema es que se da por sentado que la actuación policial es la correcta, como si fueran superhéroes que saben cómo enfrentar a los supervillanos, y se ignora la corrupción que permite la permanencia de los grupos violentos mientras en teoría se los combate. Por otra parte, esperar que sea la Justicia la que resuelva el problema del narcotráfico es trasladar al fondo el diagnóstico. Es poner la mira en fiscales y jueces y su ineficiencia (por falta de medios o de preparación) y no enfocarse en lo que hacen o dejan de hacer el Ejecutivo y la Policía.

5) ¿Es adecuado que la lucha se enfoque más en los narcos que en el tratamiento de los adictos?

Hasta ahora sólo se sabe que así como aumenta el narcomenudeo crece la marea de las adicciones a las drogas como creció en las últimas dos décadas al del alcoholismo. Los testimonios de docentes de las escuelas El Salvador (Mercofrut) y Técnica II (de San Cayetano) en el ciclo Panorama Tucumano dan cuenta de: a) cada vez hay más alumnos que se drogan (no hay estudios de cuántos). b) Vienen de familias vulnerables c) No se sabe cómo tratarlos (los docentes reconocen no haber sido capacitados). d) Hay ocultos vínculos de los transas con policías o con políticos.

El testimonio del secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones, Matías Tolosa, dio cuenta de que hay talleres en 30 barrios (siendo que en Tucumán hay 180 villas de emergencia, es decir barrios potencialmente en riesgo) y no se ha podido saber si hay mediciones reales del fenómeno. Eso deberían estudiar Desarrollo Social y Educación. ¿Qué daño sufre un alumno que fuma porro o paco? ¿Puede estudiar? ¿Cuánto consume? ¿Una vez al día? ¿Todos los días? ¿Los fines de semana? ¿Cómo es su entorno? ¿Qué actividades hace fuera de la escuela? ¿Cómo se alimenta? También, qué diferencia hay entre estudiantes que consumen droga en zonas vulnerables y los de las escuelas y colegios de la ciudad. De nada de esto se ha hablado en las exposiciones en la comisión de Emergencia en la Legislatura. O al menos no han salido propuestas de trabajo en ese sentido, que se sepa.

6) ¿Las estrategias son las adecuadas?

La ministra Patricia Bullrich tiene en claro que la lucha debe enfocarse en batalla dura antinarco y no en la de reducción de daños ante las adicciones. Por eso calificó a Holanda como “narcoestado”, aunque después haya tenido que retractarse. Pero no está dando seguridades de que esta lucha frontal tenga un final feliz. Al menos no lo tiene en México, por ejemplo. Habría que ver qué ocurre en Uruguay, con estrategia totalmente opuesta. O en Bolivia, o en Colombia. O en las otras provincias. Y si el criterio debe ser analizar exlusivamente la experiencia tucumana, convendría tener elementos para saber qué pasa. El gobernador Juan Manzur prometió transparencia de datos en su discurso de asunción en 2015 pero nada ha hecho para cambiar el sistema de recolección de informes de la Policía. Al contrario, la data de seguridad en la provincia ha empeorado, porque la estrategia de la Corte Suprema de hacer monitoreo preventivo de la criminalidad violenta, iniciada en 2013, parece haber sido abandonada desde 2015, pese a que iba a ser ampliada con el tiempo. Si no hay datos, ¿cómo se va a saber cómo actuar? Y aunque los hubiera, haría falta un sistema de control (a manos de ciudadanos, de expertos independientes) que ayude a medir los resultados de cada estrategia. Este es un Estado ausente que no sabe lo que pasa y que sólo reacciona impulsivamente, aisladamente, frente a cada emergencia. Y así le salen leyes y convocatorias a grandes acuerdos que se desmoronan en un suspiro.