Buscan salidas para destrabar la ley de narcomenudeo

El consenso político por la aplicación de la ley de narcomenudeo comenzó a tomar forma. Después de las expresiones de buena voluntad, en la Legislatura, en el Poder Ejecutivo (PE) y en parte del Poder Judicial (PJ) han dado el visto bueno, como una alternativa inmediata, a la idea de poner en funcionamiento “una o dos fiscalías” penales para investigar los casos de venta de drogas a pequeña escala. En la Casa de Gobierno, inclusive, consideraron que esta opción podría ser el camino a resolver la medida cautelar que ha impedido que el fuero provincial se haga cargo de las causas vinculadas a los clanes.

Sin embargo, Marcelo Caponio y Fernando Juri, legisladores oficialistas, coincidieron ayer en que el Gobierno debe impulsar la apertura del proceso judicial para resolver el planteo de fondo, que está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJT). “Hubo, en su momento, un acta acuerdo de suspensión de los plazos. Es intención del Gobierno ahora que esto se retome para que rápidamente podamos dar lugar a la implementación de la ley de desfederalización, para que las causas de narcomenudeo estén a cargo de la Justicia”, enfatizó Juri.

El presidente subrogante de la Legislatura remarcó que “la Corte plantea ahora que no se puede aplicar la norma en virtud de ese acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la propia Provincia”. “El proceso continuará a partir de que el Gobierno tome la determinación por las partes”, remarcó. Caponio, por su parte, fue más enfático y dijo que la Fiscalía de Estado debe activar el caso.

La cámara legislativa había aprobado en 2014 la Ley N° 8.664, que establecía la adhesión de la provincia a la Ley N° 26.052, norma federal que permitía a las provincias “optar por asumir su competencia” en los casos menores.

Entre otras disposiciones, la norma tucumana debió haber entrado en vigencia el 1 de marzo de 2015. Pero, en el mismo año, el jefe de los fiscales planteó una medida cautelar para la suspensión de la puesta en vigencia. Luego, la administración de José Alperovich manifestó su conformidad con el aplazamiento de los términos en el tratado oficial. Ese documento remarcaba, además, que los plazos “podrán ser reabiertos a instancias de cualquiera de las partes”.

“Es una cuestión de interés general. Si querés sujetarte de la presentación de las partes, no iremos a ninguna parte”, enfatizó Caponio, respecto del acta acuerdo.

Respecto de la competencia de la Justicia tucumana ante los casos de narcomenudeo, el parlamentario justicialista hizo hincapié: “no puede ser que quien vende droga en los barrios, la persona que es la cara del narcotráfico en Tucumán, no tenga ninguna condena determinada por el sistema legal vigente. El presidente de la Cámara Federal (por Ricardo Sanjuán) afirmó que el narcomenudeo no es investigado y juzgado por los tribunales federales en la provincia. Si no se lo hace en los tribunales federales, la Provincia es la que tiene que asumir esa competencia. Tenemos que tomar la decisión política de combatir al narcotráfico”.

Las condiciones

Caponio y Juri realizaron esas declaraciones, tras una reunión con miembros del máximo Tribunal, entre otros participantes, para dar forma al nuevo Código Procesal Penal de la provincia (CPP). Justamente, el vocal del máximo Tribunal, Antonio Estofán, afirmó en ese marco que el sistema judicial local “no está en condiciones de manejar” el narcomenudeo. “Todo lo que sea ‘pro algo’, es bueno. Pero las cosas se hacen bien. Si no se hacen bien, terminan mal”, añadió el magistrado.

Estofán resaltó que “si los tres poderes deciden atacar en conjunto a este drama, hará falta una especialización”. “Una fiscalía va a ser insuficiente, ya que vamos a necesitar fiscales y jueces antidrogas, equipos capacitados muy bien. Inclusive, diría que deberían capacitarse fuera del país”, añadió el magistrado, quien remarcó que la Policía también debe acceder a una especialización.

Días atrás, Daniel Posse, presidente de la Corte, había dicho que la norma no podía ser aplicada porque no contaba con los recursos necesarios. La Legislatura, ante ello, pidió a la CSJT que reabra los términos y resuelva de manera inmediata el caso, además de proponer la creación de una fiscalía exclusiva de instrucción.