Maduro promete corregir los errores de la gestión y promover una verdadera revolución

CARACAS, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un ex colectivero y ex canciller elegido en el 2013 por Hugo Chávez como su sucesor y heredero, competirá mañana por otro mandato al frente del Palacio de Miraflores, en comicios que parecen no representarle riesgos en los resultados, aunque muy cuestionados por la comunidad internacional.

Caraqueño, nacido en 1962, Maduro fue en sus años de estudiante militante del maoísmo y chofer de colectivos de la capital venezolana, desde donde llegó al liderazgo sindical en los 90. Sus detractores se burlan de su falta de estudios universitarios.

Conoció a Chávez mientras el fallecido mandatario estaba preso en la cárcel de Yare por la fallida revuelta popular de febrero de 1992, porque su esposa, la abogada Cilia Flores, fue una de las encargadas de luchar por su liberación.

Maduro fue criado en la parroquia El Valle, un sector popular de la capital venezolana, aunque hace tiempo debió enfrentar la acusación de que, en verdad, era nacido en Colombia.

A los 50 años, llevaba seis años como jefe de la diplomacia venezolana cuando, a poco de ganar una nueva reelección, Chávez sumó a Maduro el cargo de vicepresidente, lo que terminaba de darle el cartel de “hombre fuerte” del oficialismo.

En la noche del 8 de diciembre del 2012, Chávez pidió a los venezolanos que, si su enfermedad lo alejaba del cargo, respaldaran a Maduro en eventuales elecciones como candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Para entonces, Maduro ya tenía sus logros: fue uno de los fundadores del Movimiento V República (MVR), que luego derivó en el PSUV, y resultó elegido diputado en 2000 tras haber participado en la redacción de la nueva Constitución de 1999.

En enero de 2006 fue designado presidente del Parlamento, y en agosto se mudó al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ahora, con 56 años y en busca de otro mandato, promete corregir los “errores” de la gestión bolivariana y promover una verdadera “revolución económica para la paz, la prosperidad y la felicidad de este pueblo”.

Ya había prometido ganar la “guerra económica” en marzo del 2014, a un año de asumir el mandato que termina en 2019.

El mandatario estuvo lejos de cumplir el objetivo: el país atraviesa una grave crisis socio-económica, cuyas causas el oficialismo atribuye a Estados Unidos y a la clase empresaria local.

La más fuerte manifestación de ese estado es la carencia de alimentos y el masivo éxodo de ciudadanos a otros países de la región.

Conocedor de que hay un alto riesgo de una pronunciada abstención en la compulsa de mañana, viene reclamando a sus segundas y terceras líneas que trabajen más intensamente para conseguir 10 millones de votos.

Con todo, el chavismo y Maduro mismo conservan una fuerte llegada a los sectores más pobres, y varias de sus políticas apuntan a atender las necesidades de esa franja de la población.

La oposición y no pocos países de la región, en cambio, lo acusan de ejercer el mando con autoritarismo, lo que lo llevó a encarcelar a varios dirigentes del antichavismo, desatender a la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, a controlar el Poder Judicial y llamar a una Asamblea Constituyente cuya tarea modela a su gusto, según acusan sus detractores.

Si las elecciones del 2013 las ganó con algo más de 7 millones y medio de votos, ahora busca los 10 millones.

Su principal adversario, sin embargo, no es la oposición política interna, sino actores más allá de sus fronteras: el presidente estadounidense Donald Trump y su “línea dura”, que reclama apertura política y económica para Venezuela, a la que compara con Cuba en el auge del castrismo.

Ayer, a dos días de las elecciones, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra funcionarios del entorno político de Maduro, entre ellos al “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello.

Él y otras tres personas -entre ellas la ministra de Turismo- fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), lo que significa que todos los activos que puedan tener en Estados Unidos quedan congelados y que todo estadounidense tiene prohibido hacer negocios con ellos.

Estados Unidos ha sancionado a más de 50 funcionarios y personas del entorno político de Maduro desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Las sanciones contra Cabello se esperaban desde hace tiempo y, en un golpe de efecto, Washington las ha dejado para justo antes de unos comicios que califica de “farsa” y que ha instado a Maduro en varias ocasiones a suspender.

Cabello, como vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es el segundo hombre fuerte del chavismo tras el presidente venezolano. (DPA-Télam)