Tuvo un accidente, quedó sordo de un oído y con una pierna más corta, y pide ayuda al Gobierno para mantener a su familia

Gonzalo Gustavo Miguez, de 33 años, sufrió un accidente en su moto que le dejó numerosas secuelas: tiene una pierna más corta que la otra, quedó sordo de un oído y tiene pérdida momentánea de la memoria. Para costear los estudios médicos y mejorar su salud, tuvo que vender su fábrica de pizzas y empanadas en la que trabajaban junto con su mujer y ahora le pide ayuda al Gobierno para poder mantener a su familia.

La historia de Miguez se mostró en el programa Panorama Tucumano, a partir de una denuncia que realizó al Whatsapp del programa. 

Según relató a LA GACETA, en el 2013 Miguez se dirigía a pagar la luz en su moto, cuando un taxista lo atropelló. La aseguradora del automóvil no le reconoció nada, según relató, y por eso es que tuvo que sacrificar su emprendimiento para conseguir el dinero necesario para costear los tratamientos.

"Es muy difícil para mí conseguir un trabajo en este estado o realizar esfuerzos mayores. Por eso es que insistí con una carta al Gobernador para que me de una ayuda y pueda trabajar", manifestó Miguez.

Su familia está compuesta por su mujer, y sus tres hijos (de 10, cinco y un año). Por ahora realiza "changas" relacionadas a la albañilería, pero que no implican un esfuerzo grande. 

Hace dos semanas presentó una carta en casa de Gobierno en la que explica su situación, pero según contó no le dieron confirmación de recepción y no recibió respuesta.

Una denuncia polémica

El año pasado, Gonzalo Miguez instaló un puesto de venta de accesorios de celulares en la vereda de la avenida Sáenz Peña al 100, cerca de donde se había inaugurado una feria hacía poco tiempo. 

Miguez denunció a LA GACETA Whatsapp que dos municipales le cobraban $ 150 por semana para poder mantener su puesto en la zona. Este supuesto alquiler aumentaba a medida que se acercaban las fiestas hasta llegar a los $ 500, según detalló a este diario. Sin embargo, contó que cuando no tuvo para poder abonar lo que se le exigía, fue desalojado. 

Enrique Romero, subsecretario de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad negó que esto sea cierto y explicó que ese desalojo formó parte del operativo que se realizó en las fechas cercanas a las Fiestas del año pasado.

"Si los municipales le cobraran esto a cada puestero, serían millonarios. Es imposible", sentenció el funcionario. 

Además agregó que no es posible que cinco meses después de este hecho, Miguez se acuerde de denunciar. Si hubiese sido cierto, dijo, tendría que haberlo hecho en su momento.