Narcoestado

Los números y las estadísticas tallaron de manera cruda la realidad. Habría más de 20 clanes familiares dedicados a la comercialización de drogas en toda la provincia. Son los mismos que venden muerte envuelta en papel glasé por menos de $150 y que hacen matar por una dosis. Además, en los últimos tres años las fuerzas de seguridad nacionales y de esta provincia desarticularon al menos ocho bandas que se dedicaban a tráfico, estiramiento, distribución y comercialización de cocaína y marihuana a nivel provincial, regional y nacional. En otras palabras, el narcotráfico, con sus diferentes y horrendas formas, está instalado en estas tierras.

Hay al menos 23 clanes que comercializarían drogas en Tucumán

Actualmente un transa va escalando posiciones dentro de un barrio. Se transforma en el hombre que impone su ley a fuerza de amenazas primero y balazos después. Es el que genera empleo en el caserío, ya que paga para que le permitan ocultar la droga; que contrata vendedores de dosis y “soldaditos” para que lo hagan respetar y perseguir a los rebeldes que no acatan sus normas. Es el que ayuda para que alguna familia compre el remedio que en el hospital no hay o el que entrega los ataúdes para que entierre a sus seres queridos. Es también el que organiza los festejos en los días especiales.

Responsables

Y esta situación no se generó de un día para el otro y pudría haber contado con apoyo político. Hay dirigentes investigados en causas por drogas. Julio César Trayán era empleado legislativo y dirigente del PJ u Máximo Ruoti fue candidato por el Frente para la Victoria y Acuerdo para el Bicentenario, entre otros. Pero no hay dudas de que el principal aliado de los narcos fue la inacción del Estado a nivel nacional y provincial. Un Estado que no advirtió las consecuencias de este problema. Un Estado que no hizo el diagnóstico correcto. Un Estado que hizo poco y nada para ayudar a los adictos, permitiendo así un considerable incremento de la demanda. Un Estado que sacó gendarmes para llevarlos y mantenerlos en Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando más permeable la frontera con Bolivia permitiendo así el ingreso de la droga con mayor facilidad.

Así se distribuyen los clanes vinculados con el narcotráfico en Tucumán

El Cepla podría considerarse como el monumento al desinterés de nuestros dirigentes. La Nación anunció que construiría el centro de recuperación para tratar a los adictos en La Costanera, pero nunca lo terminó de hacer. El Gobierno de la provincia anunció que tomaría la posta, pero hasta el momento en el lugar sólo aparecen los cimientos. En la Justicia Federal pasa algo similar. El presidente Mauricio Macri, primero, y ahora el gobernador Juan Manzur, le declararon la guerra frontal al narcotráfico, pero no preguntaron si tenían los soldados y las armas necesarias para hacerlo. Y pasó lo que debía pasar. En los últimos tres años se incrementaron un 60% las causas, pero nunca incrementaron el personal para poder afrontar esa avalancha de investigaciones. Es cierto, lograron que se creara una delegación de la Procunar (oficina especializada en este tema), pero jamás le asignaron presupuesto ni personal.

Punto de partida

Los clanes y los narcos están desgarrando a la sociedad tucumana. El miércoles pasado, en “Panorama Tucumano”, el programa de TV de LA GACETA, mientras un docente contaba el drama que generan las adicciones en su escuela, los teléfonos de la producción recibieron más de 150 mensajes de personas pidiendo ayuda para sus hijos enfermos, avisando dónde están los transas y denunciando corrupción policial. Fueron gritos desesperados lanzados por Whatsapp porque nadie del Estado pareciera escucharlos. Haber mostrado el problema, más allá de las polémicas, generó un temblor en las estructuras de los tres poderes. Al menos, después de años de inacción, ahora se está debatiendo el problema. Pero se está recorriendo el mismo camino de siempre: buscando soluciones parciales sin hacer una lectura integral del avance de las drogas. Por ahora, no hubo un encuentro entre todas las partes para decir cuáles son las necesidades.

Ocho historias para conocer a los clanes narcos tucumanos

En los últimos días se manejaron varias alternativas. Se puso en el centro del debate la conveniencia de la ley que obliga a la justicia ordinaria a investigar las causas de narcomenudeo y que está congelada hace más de cuatro años. La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, en algo coincidieron: es imposible ponerla en práctica por falta de recursos. ¿En algún momento pensaron en decirle al Poder Ejecutivo y al Legislativo qué necesitan para ponerla en marcha? ¿Entre los tres poderes pensaron si sería efectiva su implementación? Son preguntas que no tienen respuestas porque ni siquiera hubo una prueba piloto. La fiscala Adriana Giannoni y el fiscal federal Pablo Camuña, que están en la línea de fuego, consideran que no es necesario, pero sí es importante que cada fuero haga su propio trabajo. El ordinario, acumular todas las causas que tienen estos grupos por estos delitos; y el nacional, manejar las investigaciones por drogas. En definitiva, atacarlos por todos los frentes y no darles respiro, pero siempre dentro de la Ley.

Varios legisladores y funcionarios piensan que para combatir estos delitos debe haber una mayor presencia de fuerzas de seguridad nacional. La primera es una idea que se implementó en otras provincias y que no fueron exitosas. En Rosario, que está llena de Gendarmes y de prefectos, Los Monos siguen generando terror. En Buenos Aires, es cierto, se consiguieron mayores respuestas porque, después de que los uniformados se llevaban detenidos a los transas, aparecían en los barrios profesionales que se dedicaban a darles ayudas sociales, educacionales y laborales a los vecinos. Ahí está la diferencia: hubo una respuesta integral a un serio problema que amenaza con acabar con la sociedad.