BUENOS AIRES.- El juez federal Julián Ercolini dictó una medida judicial de alto impacto político en la causa “Hotesur”.
El magistrado procesó ayer a la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y a sus dos hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, todos en el marco de la causa que investiga el alquiler de habituaciones del hotel de la ex familia presidencial por parte de contratistas de obras públicas en su gestión.
Ercolini incluyó en el dictamen al empresario “k” Lázaro Báez -que permanece detenido- y a su hijo, Martín Báez. Procesó además al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice; al ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, que también sigue arrestado; a y Romina Mercado, sobrina de la ex Presidenta, entre otros sospechados del caso “Hotesur”.
El juez federal trabó embargos a los procesados de hasta $ 800 millones, según el fallo de 439 páginas emitido ayer.
En el caso “Hotesur” se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario detenido Lázaro Báez.
Según la pesquisa, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner, cuya concesión había sido otorgada a la firma Villa Mitre, de Lázaro Báez.
“(Los procesados) habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional, cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en el fallo.
Según el juez federal, los acusados “realizaron diversas operaciones comerciales, con las que pretendieron otorgarles a las ganancias antes mencionadas apariencia de legítimas”.
Ercolini destacó que Valle Mitre, “sin contar con capacidad económica ni experiencia en el rubro”, administró el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y “abonó mensualmente en concepto de cánones locativos sumas de dinero que finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquellos, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos”.
Para la ejecución de la maniobra, indicó Ercolini, “fue necesario que el fallecido (ex presidente) Néstor Kirchner y Cristina Fernández se hicieran de fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros”. En consecuencia, advirtió el magistrado, “registraron entre 2005 y 2009 múltiples negocios -en su mayoría con Lázaro Báez-, en los que también intervino Máximo Kirchner, en nombre de aquellos”.
Al referirse a la situación particular de la ex Presidenta, el juez federal sostuvo que “realizó diversas acciones”, junto con otras personas también imputadas en la causa, “con el fin de introducir el dinero obtenido mediante la defraudación al Estado nacional ”. “Resultó fundamental para ello -continuó el juez- la estrecha y permanente relación que la encausada mantuvo con Lázaro Báez y otras personas de su entorno, dado que ello posibilitó que se cumpliera con los designios criminales fijados”. (Télam)