14 Mayo 2018
La posible existencia de más de 20 clanes que se dedicarían a la comercialización de drogas en toda la provincia, volvió a poner en el centro del debate la implementación de la Ley 8.864, aprobada en 2014 y que establece que las causas de narcomenudeo deben ser investigadas por la justicia provincial.
Esa norma debió haberse puesto en práctica en marzo de 2015, pero un planteo realizado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia frenó esa disposición. “En esos momentos no se la aplicó porque no estábamos en condiciones de hacernos frente, porque no contábamos con los recursos para hacerlo. La situación no ha variado en la actualidad”, señaló Daniel Posse, presidente del máximo tribunal local.
“Desde hace tiempo venimos diciendo que la cantidad de personal es muy pobre. Pero si recibimos los recursos necesarios para más jueces y fiscales, se podrían crear fiscalías especializadas sobre este tema. De todas maneras, en una opinión personal, creo que primero se debe trabajar en otras variables más importante que la persecución penal”, agregó Posse.
El ministro de Seguridad, Claudio Maley, había asegurado que sería muy importante que una o unas fiscalías intervinieran en los causas de narcomenudeo. Incluso, según comentaron sus allegados, consideraba que los fiscales María del Carmen Reuter y Washington Navarro Dávila reunían las condiciones necesarias para ocupar ese cargo.
En el programa “Buen Día”, que se emite por LAGACETA.com, la legisladora Stella Maris Córdoba explicó que estaba estudiando la Ley provincial para ver si se podría poner en práctica y que esperaba el apoyo de sus pares para encontrar una solución. “Estamos analizando varias alternativas”, sentenció la parlamentaria, que prefirió no dar más detalles hasta tanto tenga, al menos, un borrador del proyecto.
“No hay recursos ni una decisión política para acabar con este flagelo. Creo que es sólo una expresión de anhelo: su planteo no está acompañado por una promesa de ayuda importante para conseguir los recursos necesarios para investigar estos casos”, señaló Edmundo Jiménez, que está al frente del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal federal Pablo Camuña también opinó del tema: “si tenemos una estructura que medianamente está dando respuestas, por qué se tornaría complejo al crear otra estructura para realizar la misma tarea. No me parece conveniente hacerlo en estos momentos, aunque exista una urgencia. Se lo puede debatir, pero no creo que sea la solución”.
La fiscala Adriana Giannoni consideró que no están dadas las condiciones para que la Justicia ordinaria se haga cargo de las investigaciones. “No tenemos personal suficiente ni recursos necesarios para afrontar ese tipo de investigaciones, que son bastantes complejas. Además, en el caso que si lo hagamos, con qué fuerzas trabajaríamos”, se preguntó.
“Existen otras alternativas que pueden aplicarse. Una de ellas es que se acumulen todas las causas en la que se encuentran involucradas las personas que integran ese grupo. También podríamos aceitar la coordinación con la Justicia Federal, puesto que varios fiscales, cada vez que encontramos un elemento en el que sospechamos de la presencia de delitos vinculados a drogas, se las giramos a ellos”, concluyó.
El fiscal federal Camuña apoyó la iniciativa y puso como ejemplo al Clan Ale. “En el juicio contra Ángel y Rubén Ale descubrimos que tenían 93 causas en la Justicia provincial y 47 de ellas se habían realizado entre 2002 y 2015. De ese número, sólo siete habían sido elevadas a juicio y, de ellas, sólo se habían realizado los debates. El 70% restante había sido archivado. No se había imputado en ningún caso la comisión de ilícitos a partir de una organización. En todos los casos fueron imputados por hechos aislados”, explicó.
Falta coordinación
Camuña cree que es fundamental la coordinación entre las fiscalías federales y provinciales. “Es fundamental para no desaprovechar recursos y entorpecer las investigaciones”, indicó. Y señaló que esa tarea la realizó con los fiscales Mariana Rivadeneira, Claudio Bonari, Diego López Ávila y Giannoni. “Esto se debería tener un marco estratégico. Es una de las pocas provincias del país en las que no hay acuerdos formales entre los ministerios públicos fiscales federales y provinciales para coordinar investigaciones”, concluyó.
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