La droga se cuela a través de la discordancia estatal

De acuerdo con las causas abiertas en la Justicia Federal, con las investigaciones que desarrollan las diferentes fuerzas de seguridad y con los informes periodísticos de LA GACETA, en Tucumán operan 23 organizaciones dedicadas al microtráfico de drogas.

Estos grupos forman parte del último eslabón de la comercialización de drogas en el territorio provincial. Pero esta condición de organizaciones menores no las exime de su responsabilidad en las dramáticas consecuencias sociales que tiene la comercialización de sustancias ilegales. Además de proveer a los adictos, las bandas de narcomenudeo usan a personas de los sectores más vulnerables para que se ocupen de su delictivo comercio de muertes.

Estos grupos familiares delictivos ya se han afianzados en los “territorios” barriales y en los últimos tres años apuntan hacia ciudades del interior para ampliar su negocio.

Contra ellos, los poderes del Estado poco o nada han hecho de manera eficiente, según denuncian los miembros del Poder Judicial, tanto provincial como federal.

En Tucumán, la Legislatura dictó en 2014 una ley para que la Justicia Provincial se dedicara a investigar la venta minorista de droga. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, se opuso e interpuso un amparo para frenarla. La Corte lo concedió y el presidente de la Corte, Daniel Posse, avala hoy aquella decisión, porque manifestó que cuando se congeló la Ley 8.864 no había recursos para aplicarla, y aclaró que en la actualidad esa situación no ha variado.

El ministro de Seguridad, Claudio Maley (envuelto en una polémica la semana pasada cuando afirmó que Tucumán no era origen ni destino del narcotráfico), ha dicho que insistirá con la aplicación de la norma. Pero en la Justicia Provincial remarcan que para ello habría que triplicar el número de fiscalías. En contraste, y aunque no se refería a esta polémica, el vocal de la Corte, Antonio Estofan, ha dicho este fin de semana: “No vemos que el Gobierno colabore con la cobertura de vacantes judiciales”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha hecho pública su pretensión de que los jueces de la Nación se hagan cargo de los casos más importantes; y que los Tribunales provinciales se ocupen del narcomenudeo. A la vez, el fiscal federal Pablo Camuña precisó en “Panorama Tucumano” que en los últimos tres años las causas por narcotráfico han aumentado el 60%. También planteó que ese crecimiento se enfrenta con los mismos recursos que antes.

En la complejidad de este escenario, asoma con claridad la falta de coordinación entre los poderes del Estado, en el ámbito nacional y en el ámbito provincial, la falta de diálogo entre las autoridades federales y locales entre sí. El resultado es una discusión de voluntarismos para enfrentar organizaciones criminales perfectamente coordinadas.

Aparece como necesaria una decisión consensuada entre la Nación y las provincias. El delito de la droga no reconoce fronteras. ¿Puede, entonces, ser escindido el microtráfico del narcotráfico? Si la respuesta es afirmativa, ¿tienen las provincias los recursos para hacerse cargo, o la Nación transferirá recursos junto con la competencia? Y, a la par, ¿cuáles son los alcances precisos de la figura del narcomenudeo? ¿Lo fijará la Nación en su legislación de fondo; o cada provincia, encargada de combatirlo, fijará las condiciones en cada distrito?

En las grietas de las discordancias de las autoridades se cuela el oprobio de la droga.