Una pelea política tiene en vilo a 800 municipales en Concepción

El Concejo Deliberante de Concepción insistió ayer por mayoría con las restricciones a la asistencia financiera que la Provincia envía a la Municipalidad. En sesión, la oposición impuso su número para rechazar el veto parcial a la ordenanza que había firmado el intendente, Roberto Sánchez, y de esa manera dejó firme la norma que lo faculta a recibir mensualmente sólo los recursos necesarios para cubrir la planilla salarial. Según el jefe municipal de Cambiemos, por esta decisión de los ediles la ciudad pasaría de recibir $ 31 millones a contar con $ 17 millones.

La deliberación del cuerpo se desarrolló en medio de una ruidosa manifestación protagonizada por cientos de trabajadores, que temen perder su fuente de trabajo ante la limitación de recursos que impone la ordenanza. El propio Sánchez fue quien advirtió que había riesgos concretos de que si no se aprobaba en su totalidad el Pacto Social, unos 800 asalariados podían ser cesanteados. Varios de los manifestantes pugnaron por ingresar al recinto del Concejo, que está en el primer piso del edificio de la Intendencia, para exigir a los ediles que aprueben el veto, pero fueron controlados por la fuerte custodia policial desplegada en los accesos.

Al menos 150 efectivos custodiaron el edificio municipal. Aunque hubo algunas escaramuzas, la manifestación comenzó a diluirse cuando el secretario de Gobierno, Julio César Herrera, les adelantó a los trabajadores que tenían asegurada su fuente laboral a partir del compromiso que ayer asumió el ministro del Interior, Miguel Acevedo, de que se enviarán los recursos necesarios al municipio. El funcionario provincial brindó esa garantía al intendente Sánchez durante un encuentro que mantuvieron durante la mañana.

Los ediles opositores permanecieron recluidos en el Concejo varias horas en razón de que algunos manifestantes amenazaban con tomar represalias contra estos por haber rechazado el veto. “La Provincia está interesada en brindar una solución a este conflicto. El ministro Acevedo no dudó en garantizarnos los recursos que hagan falta para que nuestro municipio siga adelante con los trabajadores que tiene y las obras en ejecución”, sostuvo Herrera.

La ordenanza ratificada faculta a Sánchez a percibir sólo los recursos destinados al pago de los asalariados de la planta de permanentes. Se trata de unos $17 millones. Otros $14 millones son destinados a trabajos públicos y al pago del personal contratado y cooperativista, entre otros. Y son estos últimos, según Sánchez, los que se verían perjudicados por la desautorización del Concejo.

Dictamen legal

El tratamiento del veto se inició con la lectura del informe que brindó el asesor letrado Gerardo Stekelberg sobre lo expuesto por el intendente en su veto parcial a la ordenanza del Concejo.

Según el abogado, la limitación que impusieron los ediles a las facultades de Sánchez para percibir recursos del Pacto Social “es totalmente legal y contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades”. También dijo que es viable y ajustada a normas vigentes la posibilidad de que el municipio firme con la provincia convenios separados y progresivos para la percepción de recursos con distintos fines. Stekelberg advirtió que en el manejo administrativo de una Intendencia es necesario el apego estricto a las leyes vigentes. En ese sentido, apuntó al hecho de que el municipio mantendría en condición de empleados, pero monotributistas, a varias personas que deberían figurar al menos como contratadas. Por eso, el Concejo no las tenía contempladas al aprobar el Pacto Sueldos. “En lo privado ya hay condenas por ese tipo de figura laboral que viola derechos. En consecuencia en lo público también podría imponerse una sanción similar”, observó.

Los que defendieron el veto de Sánchez fueron los ediles Alejandro Molinuevo, Ramiro Beti y Rubén Comolli. Estos coincidieron en que el informe brindado por el letrado era “forzado y ajustado a la conveniencia” de la oposición. “Aquí se discute una cuestión que tiene que ver con la paz social y la inaplicabilidad de una ordenanza que amenaza con paralizar el municipio”, advirtieron los oficialistas.

En cambio los radicales disidentes Alfredo Estéfano y José Calcagni cuestionaron a Sánchez. “En vez de enviar gente a apretar al Concejo, hubiera enviado el plan de obras públicas que seguramente le aprobaríamos si estuviera dentro del marco legal y de ese modo se evitaría este conflicto que nace de su soberbia e incumplimiento”, dijo Estéfano. “¿No sería más sensato eso que instruir a la gente del Obrador para que no recoja la basura y a todo el personal para que salga a hacer problemas y a generar incertidumbre?”, añadió. “Aquí tiene que quedar en claro que estamos para controlar al Departamento Ejecutivo. Y no se puede soslayar responsabilidades que tienen que ver con el manejo de millones de pesos en obras públicas. Cargamos la obligación de saber en qué se gasta el dinero de la gente”, concluyó Calcagni.