10 Mayo 2018
La estrecha relación entre dos contratistas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) de la gestión de Miguel Ángel Brito (2007-2012) quedó de manifiesto en la audiencia de ayer.
Mario Jesús Francisco, uno de los dueños de “El Moral SRL”, confirmó que él se encargaba de las cuestiones administrativas de la empresa, como había testificado su ex asociada, Patricia del Valle Medina. Además, el testigo detalló que era contador de “Construcciones Morales”, que pertenece al esposo de Medina, Emilio Alberto Morales.
Ante el tribunal, confirmó que el depósito de “El Moral SRL”, que facturó $1,3 millón en la gestión de Brito, funcionaba en idéntico domicilio a “Construcciones Morales”, que hizo tareas por $1,9 millón en ese período.
Causa "DAU": su empresa cobró $1 millón; ella, $2.000 al mes
Francisco negó ante las preguntas del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, que sea empleado público. Este le consultó por qué entonces aparecía mencionado en el decreto 3.045/9 (MDP) del Ejecutivo, dictado en 2008, como uno de los funcionarios habilitados a participar de una misión oficial en Bolivia. “Yo nunca fui funcionario”, insistió el testigo. Aclaró que tiene un contrato de trabajo con un “ente autárquico”, el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP). “No estoy bajo el estatuto del empleado público”, remarcó el contador.
Respecto de “El Moral SRL”, el testigo señaló que aún sigue operando, e incluso contrató la provisión de elementos al Poder Judicial de Tucumán. Además, se mostró indignado con la difusión del escándalo por el caso “DAU”: habló de “show mediático”, y dijo que lo sucedido lo afectó.
Con respecto a la distribución de los ingresos, aseguró que en ese momento no había demasiadas ganancias, porque “todo se reinvertía”. Confirmó que su socia Medina tenía un “sueldo mínimo” de $2.000, como había declarado ella. Además, explicó su participación en una obra de varias etapas para redes de cloacas.
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