Si el Concejo Deliberante de Concepción no aprueba el Pacto Social tal como lo firmó la Municipalidad con el Gobierno provincial, alrededor de 800 personas se quedarán sin ingresos mensuales. Así lo advirtió ayer, tajante, el intendente de esa ciudad, Roberto Sánchez (Cambiemos).
La polémica en “La Perla del Sur” se remonta al 19 de abril. Ese día, en sesión, la oposición local aprobó por mayoría sólo en forma parcial el convenio de asistencia financiera entre el municipio y la Casa de Gobierno. Según lo dispuesto por los ediles peronistas y radicales disidentes, se autorizó a la Intendencia a recibir fondos hasta cubrir la planilla salarial. Sin embargo, esa decisión puso al Ejecutivo concepcionense en un callejón: ocurre que además de los empleados de planta permanente, hay unos 800 más que revisten otros vínculos laborales. A ellos, el municipio les paga con los fondos remitidos por la Provincia.
El intendente Sánchez lo puso en números: la planilla salarial insume $ 17 millones, mientras que la última cuota del Pacto Social girado por la Provincia fue de $ 31 millones. Esa diferencia, que ahora no fue contemplada en el texto aprobado por los ediles, es la que solventa el funcionamiento municipal y el pago a contratados.
Amenazas de cesantías causaron malestar en Concepción
“Es incoherente lo que hicieron. Si insisten, se verá perjudicada la ciudad, porque no tendríamos el dinero para pagar a las otras 800 personas ni para costear el resto de las actividades: cultura, deportes, pequeñas obras públicas y hasta limpieza de calles”, ejemplificó el intendente. Sánchez enviará hoy al Concejo Deliberante la comunicación del veto total a la ordenanza aprobada, y espera que los ediles revean su decisión. “Queremos el mismo trato que el resto de los municipios. Nos atan de pies y manos. Desde hace 17 años se viene haciendo así, no son contratados que hayan entrado ayer”, planteó Sánchez.
Los tres concejales macristas de la ciudad, Alejandro Molinuevo, Rubén Comolli y Ramiro Beti se sumaron al reclamo a sus pares. “No es posible manipular la normativa a sus conveniencias, con el agravante de causar un grave daño a muchas familias”, advirtieron. “Una norma expresa no puede cambiarse o limitarse por estrategia política de un grupo de concejales. Estos concejales que aprobaron la ordenanza privan al municipio de ingresos que por derecho le corresponde”, cerraron.
Para insistir con la sanción de la ordenanza, en la que se requiere de una mayoría especial, la oposición cuenta con los números suficientes en el recinto, ya que cuenta con nueve de los 12 concejales.
"Si la veta, el irresponsable es Sánchez"
El peronista Sergio Castillo, presidente del Concejo Deliberante de Concepción, negó que la decisión del cuerpo ponga en riesgo la continuidad laboral de 800 trabajadores contratados.
“Este Concejo viene aprobando y acompañando todo lo que el intendente solicita. En la sesión del 19 de abril se habilitó a Roberto Sánchez a continuar con el Pacto Social ‘Sueldo’, siempre de acuerdo a la planilla salarial que él elevó al Concejo”, relató Castillo. Y advirtió: “Ahora, si el Ejecutivo municipal no incluyó en esa planilla a los trabajadores de los mencionados ‘Proyectos’ y ‘Cooperativas’, de ninguna manera el Concejo puede ser irresponsable aprobándole algo que no presentaron”.
“Evidentemente, el Ejecutivo con esta maniobra busca victimizarse, utilizando argumentos mentirosos y, de esa manera, seguir sin rendir cuentas de los gastos y de la deuda que mantiene la Municipalidad. Si Sánchez decidió vetar esta ordenanza, entones la irresponsabilidad es de él, que no acepta por capricho lo aprobado por el Concejo. La única pretensión es que se concrete un linchamiento social de los concejales”, cerró el titular del cuerpo.