“Las designaciones de magistrados están para la firma”

La rúbrica del gobernador Juan Manzur: sólo eso falta para que el Poder Ejecutivo concrete los nombramientos de magistrados que Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, había prometido para mediados de abril. “Las designaciones de jueces están para la firma. Espero que la semana próxima podamos mandar los pliegos a la Legislatura. Hay muchos papeles en la Gobernación y se va avanzando en la medida de las posibilidades”, explicó Amado. Un día antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, había reiterado la necesidad de que Manzur cubra las vacantes en la Justicia ordinaria y de Paz, y elija al ministro público de la Defensa. Posse anticipó que iba a pedir una audiencia al gobernador para volver a tratar las necesidades de integración del Poder Judicial. Mientras, le mandó una nota para solicitarle que tome una decisión respecto del jefe de los defensores del Estado y agregó que, sin esa figura, no podía avanzar la implementación del Código Procesal Penal adoptado en 2016.

“Sin duda la nota (de Posse) servirá para que tratemos el tema con el gobernador y el fiscal de Estado (Daniel Leiva)”, dijo Amado en una conversación telefónica sostenida ayer. El ministro informó que no había habido avances respecto de la designación del primer superior de la Defensa. La Legislatura creó este cargo en febrero de 2017 al separar el Ministerio Público en un órgano para acusar y otro para defender, y al emancipar a los órganos resultantes de los controles que ejercía la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre los recursos humanos y el presupuesto. El oficialismo impulsó la división con el argumento de que el nuevo Código Procesal Penal exigía independizar la acusación de la defensa, que hasta entonces estaban unidas en la misma institución. En los hechos, nada cambió puesto que, a falta de un jefe propio, los defensores oficiales siguen a cargo del ministro público fiscal Edmundo Jiménez.

Posse advirtió este jueves que había transcurrido demasiado tiempo y que el nombramiento requerido era el primer paso para constituir un órgano a la altura del Ministerio Público Fiscal. “Hay que partir de cero. Necesitamos que este proceso, que ya está demorado, empiece cuanto antes. Hoy es el punto más débil del sistema”, apuntó el presidente de la Corte. Este cuerpo es responsable de liderar la implementación del nuevo proceso penal, que en esencia incorpora la oralidad y la transparencia al tramo de la investigación, y suprime el expediente. Se supone que este esquema permitirá reducir la impunidad. Una estadística producida por la Corte a instancias del legislador Marcelo Caponio (PJ) indica que la Justicia penal provincial abrió 100.000 causas y celebró 265 juicios orales en 2017. El esquema renovado debía entrar en vigor en septiembre de ese año, pero luego pasó para abril de 2018 y el mes pasado, en medio de una polémica, la Legislatura fijó la meta de febrero de 2019.

Escollos para los precarios

Las transformaciones proyectadas para el fuero penal coinciden con una coyuntura de escasez de magistrados: Posse calculó que hacen falta 80 cargos más. Invocando esta circunstancia excepcional, el oficialismo incorporó jueces subrogantes externos que carecen de la estabilidad que, junto a la intangibilidad del salario, garantiza su independencia, según la Constitución Nacional. Pero la designación de jueces precarios se topó con las mismas demoras que afectan a la de los jueces en propiedad -la ley no establece plazos al gobernador-.

A comienzos de marzo, el Gobierno recibió las primeras listas de subrogantes elaboradas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para cubrir temporalmente tres defensorías en Concepción. Estas nóminas, a diferencia de las ternas, permiten al Poder Ejecutivo escoger entre más de tres opciones. Mas ese aumento de la discrecionalidad no sirvió para acelerar la decisión del gobernador. Amado explicó que existían ciertas diferencias en la Justicia respecto de las subrogancias y que el Gobierno prefería ser prudente. Aparentemente habría un debate abierto entre la Corte y el Ministerio Público Fiscal respecto de a quién y cómo corresponde pedir las coberturas temporales.

Excluidas las listas de precarios, en el Poder Ejecutivo quedan cinco ternas para cubrir vacantes en forma definitiva. Pero designaciones previas aisladas, la falta de celeridad y el rechazo de un pliego llevaron a que haya postulantes repetidos en las tres relativas a fiscalías de Instrucción en lo Penal de la capital (ver nombres en esta edición). Aunque el Gobierno primero había evaluado devolver esas propuestas al CAM -supuesto inédito no previsto en la legislación-, Amado ratificó que era posible llenar uno o dos cargos, pero supeditó todo a que la Legislatura sancione una norma que permita complementar las ternas. Si esa posición no varía, el Poder Ejecutivo sólo cubriría dos cargos judiciales en el corto plazo.