Diez notas sobre la libertad preferida

1 La libertad de prensa y su esencia, la crítica, son una garantía de la modernidad contra la tiranía. La crítica no es una postura intelectual, sino una actitud sin la cual no se puede concebir ni mucho menos actuar en el mundo que está gestándose en violentísima ruptura con lo medieval. El derecho a la crítica es un deber para el ciudadano: el protagonista de esta nueva historia que postula libertad, igualdad y fraternidad no puede aceptar una opinión sin estudiarla racionalmente. Lo contrario es dogmatismo, despotismo e ignorancia. 
La “crítica” fue indispensable para dejar atrás la Edad Media y su concepción de la autoridad como voluntad divina o herencia dinástica, que exigía obediencia ciega. Ahora los hombres, iguales entre sí, resignarán libertades para vivir en una sociedad libre, pero voluntariamente. Su obediencia no será respecto de otros hombres, sino de las leyes civiles. Las normas, por tanto, deben pasar por el filtro de la razón. La razón, y no el antojo de su majestad, es la nueva fuente del derecho. La ley es el resultado de un ejercicio crítico. Y esa crítica debe ser pública.

2 Nicolás Maquiavelo, que vivió entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, escribió en El Príncipe que los súbditos aceptan al soberano porque o bien son engañados o bien le temen. No pueden desplazarlo ya que el gobernante los domina con demagogia o represión. 
Un reproche habitual contra el pensamiento de Maquiavelo consiste en que en El príncipe ignora la cuestión de la legitimidad del gobernante. Gobernar por el temor o por el engaño no es cosa de soberanos legítimos ni preocupados por serlo.
La libertad de prensa, entonces, es enemiga de esta noción de poder. Por eso los gobiernos represores y los gobiernos demagogos apuntan primeramente contra la libertad de prensa. Donde hay libertad de expresión, el temor y la mentira encuentran su frontera.

3 Kant, testigo de la Revolución Francesa, advierte la tensión entre el gobierno y el ciudadano y, por ende, la emergencia de lo público y lo privado. En el “espacio de lo público” todo debe ser debatido para que puedan progresar la ciencia y la sociedad. En el “espacio de lo privado”, el hombre es libre en su conciencia y en su opinión, para que también progresen las personas.
Entonces el ciudadano sujeta sus libertades para vivir en sociedad y compartir lo público, pero esa obediencia no alcanza su pensamiento ni su opinión. Lo contrario es la censura. La libertad de prensa es, así, alimento de la libertad de pensamiento. Ella consiste en el libre acceso a todas las fuentes del pensamiento. Donde hay libertad de prensa hay libertad de conciencia.

4 La modernidad no sólo acepta la libertad de prensa: quiere garantizarla. Considera que las discusiones sin límites y sin temor a las represalias son la forma más adecuada de alcanzar la verdad en las discusiones públicas y en el desarrollo de las ciencias.
Como enseña el filósofo José Fernández Vega, esta posición iluminista generó conflictos con los poderes establecidos, la monarquía y la Iglesia, y muchos pensadores no necesariamente hostiles a la idea de Dios se volvieron críticos del absolutismo y del clericalismo.
La libertad de prensa es, desde su esencia crítica, contrapoder. Es la garantía de que, en la modernidad, todo poder tiene límites. Ese límite es la ley. El gobernante tiene el poder y, a partir de la consolidación de los sistemas electivos, también tiene los votos. Pero no necesariamente tiene la razón. La razón también asiste a los gobernados. Ellos no sólo harán pesar sus razones en las urnas, sino también en la prensa. Y la Constitución lo garantizará. Lo hace la de los argentinos desde el siglo XIX, en su artículo 14, cuando establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esa norma es blindada en la misma Carta Magna por el artículo 32: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. La garantía es absoluta y por ello la de prensa es aquí la libertad preferida.

5 La libertad de palabra y la modernidad caminan de la mano. “(...) la duda y finalmente la severa crítica son más bien pruebas de un modo de pensar riguroso. Nuestra época es la época de la crítica, a la que todo tiene que someterse. La religión por su santidad y la legislación por su majestad, quieren generalmente sustraerse a ella. Pero entonces suscitan contra sí sospechas justificadas y no pueden aspirar a un respeto sincero, que la razón sólo concede a quien ha podido sostener libre y público examen”, sentencia Kant en Crítica de la razón pura.
Los gobiernos que merecen respeto, afirmó Kant, son aquellos que actúan a plena luz, favorecen la crítica abierta y superan el examen del escrutinio público.

6 Antes de que el tucumano Juan Bautista Alberdi sentara Las Bases de la Carta Magna de los argentinos, los criollos sentaron un precedente monumental. En Orígenes de la libertad de prensa en la Argentina, Armando Alonso Piñeiro precisa que el Estatuto Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata establecía la publicación de dos periódicos. Uno de ellos daría cuenta de las novedades del Gobierno. El otro sería todo lo contrario a un órgano de difusión oficial, según consignaba el artículo VI: “Se establecerá un periódico encargado a un sujeto de instrucción y talento, pagado por el Cabildo, el que en todas las semanas dará al público un pliego o más con el título de El Censor. Su objeto principal será reflexionar sobre todos los procedimientos y operaciones injustas de los funcionarios públicos y abusos del país, ilustrando a los pueblos en sus derechos y verdaderos intereses”.
La prensa libre y crítica es una de las piedras basales de este país. 

7 El término “opinión pública” data de los decenios que preceden a la Revolución Francesa. La coincidencia no es fortuita, advierte Giovanni Sartori en ¿Qué es la democracia? En la preparación de una democracia a lo grande, la asociación primaria del concepto es política.
Una opinión se denomina pública no sólo porque es del público, no sólo porque es difundida entre muchos. Una opinión es “opinión pública” porque afecta a objetos y materias que son de naturaleza pública, como el interés general, el bien común, y en esencia, la república.
Esa “opinión pública”, a la vez, no deja de ser sólo una opinión. Lo cual nos recuerda que vivimos en una democracia. Y la democracia moderna no es la que concibe Platón para la Grecia antigua, donde debían gobernar los filósofos. La democracia liberal, ilustra Sartori, se caracteriza por ser no el “gobierno del saber”, sino por ser el gobierno de la opinión. El de la “opinión pública”. Y la “opinión pública” no es opinión erudita: es opinión informada.
Lo cual nos deposita sin escalas en el presente y en Tucumán. Que esta provincia no cuente con una ley de acceso a la información pública es atentatorio de la opinión pública, de la libertad de expresión y, por todo ello, de la democracia.

8 En septiembre de 2016, por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas celebró su 54 asamblea anual en Tucumán. El gobernador Juan Manzur, entonces, prometió a adherir a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Nunca ocurrió.
Un segundo compromiso llegó dos meses después. El vocero fue el entonces secretario de la Gobernación, Pablo Yedlin: la Provincia, en vez de la adhesión, promovería un texto propio. Tampoco pasó.
Ahora hay un tercer compromiso. El vicegobernador Osvaldo Jaldo sostiene que se avanzará en una normativa de libre acceso a la información en el marco de la reforma política.
La Legislatura sancionó una Ley de Acceso a la Información Pública durante el primer gobierno de José Alperovich. Él la vetó. Alegó que con esa ley los periodistas irían a husmear en expedientes de divorcios. Y aseveró que la norma era innecesaria: él y sus funcionarios estaban a disposición para responder cualquier pregunta sobre cualquier tema...
Sin libre acceso a la información pública se restringe la libertad de prensa para informar sin retaceos a la opinión pública sobre los asuntos públicos. 
La libertad de expresión no es para los medios, es para los ciudadanos y para la democracia. El poder político lo sabe. Por eso se reserva la libertad de expresión sólo para sí mismo.

9 El fuero parlamentario es, acabadamente, libertad de expresión exacerbada. Literalmente, el artículo 68 de la Carta Magna nacional establece: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Nació siendo una garantía de que el representante del pueblo no temería represalias del poderoso al denunciarlo. Terminó siendo malversado como un escudo de impunidad para evitar allanamientos en casas de diputados acusados de enriquecerse de ilícitamente.
En Tucumán, la Constitución alperovichista de 2006 fue más allá. “Los legisladores no serán nunca molestados por los votos que constitucionalmente emitan y opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos dentro y fuera del recinto”, fija el artículo 62. Además, la Carta Magna da fueros a los concejales. Y, por supuesto, otorga a los funcionarios ejecutivos, provinciales o municipales, privilegios procesales que les garantizan la libertad de palabra.
Los que gobiernan este Estado y se han otorgado inmunidad de opinión, mezquinan a la libertad de expresión de sus representados el libre acceso a la información pública. Si no le tienen cariño a la república y su base de igualdad, por lo menos debieran tenerle respeto.

10 Kant fijó un principio de claridad para los tiempos por venir, que eran los tiempos de la república. Puntualizó que el instrumento para distinguir lo bueno de lo malo en la política era la publicidad de los actos del gobernante. Su principio de la esfera pública postula que la política valiosa es la que se necesita hacer pública para ser realizada. Por el contrario, una política que no soporta la exposición se vuelve repudiable.
El Gobierno que designó en secreto al senador Alperovich como asesor con rango de ministro, sin publicar el decreto en el Boletín Oficial, mantiene a los tucumanos sin ley de acceso a la información pública...
Ya declaramos la Independencia. Nos falta, todavía, el resto de la modernidad.