02 Mayo 2018
El Concejo aprobará una ordenanza para obligar a todos los funcionarios de San Miguel de Tucumán a realizarse análisis toxicológicos. Los jefes de bloques y autoridades del cuerpo vecinal convocaron mañana a una sesión para debatir la iniciativa, que adhiere a una ley provincial sancionada en 2016.
“Definimos tratar la ordenanza que obliga a concejales y funcionarios municipales a realizarse los estudios toxicológicos. Es un proyecto que se había presentado en 2016 y que no había recibido tratamiento de comisión”, explicó el peronista José María Franco, vicepresidente primero del cuerpo vecinal. “La comisión de Salud se reunió el viernes a la mañana para darle dictamen al proyecto, en un tratamiento exprés, así pueda debatirse en la sesión del jueves. Estuvo cajoneado durante dos años, cuando la presidencia del Concejo era ejercida por Javier Aybar (aliado al intendente)”, completó el peronista David Mizrahi, presidente del bloque Tucumán Crece-PJ.
El tratamiento del proyecto se produce luego de la pelea política entre el intendente Germán Alfaro (Cambiemos), y los concejales de la oposición, tras el veto total que impuso el municipio a la ordenanza que creaba el boleto educativo universitario y terciario en la capital. Tras el rechazo a la norma sancionada, Alfaro le sugirió al presidente del Concejo, Armando Cortalezzi, que los ediles deberían aprobar ordenanzas que pudieran aplicarse.
“Este Concejo viene de escándalo en escándalo. Que dicten ordenanzas para poder lavarse un poco la cara, como el tema de la rinoscopía (por los análisis de droga a todos los funcionarios)”, había cruzado el jefe vecinal. La respuesta de Cortalezzi fue inmediata: el presidente del cuerpo le propuso a Alfaro -por nota- que lo acompañe a realizarse los estudios, a pesar de que insistió en que buscaba desviar la atención del veto al boleto universitario. El intendente luego invitó por nota a la oposición a que lo acompañe a realizarse los estudios de orina el jueves de la semana pasada, en la cátedra de Toxicología de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Los bloques opositores (Tucumán Crece-PJ, Fuerza Republicana y Restauración Peronista) no acudieron a la invitación porque no fueron notificados, afirmaron. Los ediles de Cambiemos sí se realizaron los estudios. El opositor Ricardo Bussi optó por someterse al análisis esa tarde en un laboratorio privado.
La adhesión a la ley
El proyecto de ordenanza adhiere a la Ley provincial Antidrogas (N° 8.850). La norma obliga a todos los funcionarios provinciales, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a realizarse estudios anuales para detectar el consumo de sustancias ilegales. Ante casos positivos, la norma plantea licencias y tratamientos para superar las adicciones.
“El ejercicio de la función pública exige el compromiso personal e institucional de la lucha contra las adicciones a drogas ilegales. Certificar que un funcionario no está expuesto a situaciones de riesgo por causa de las mismas es un compromiso ético que debemos estar dispuestos a asumir institucionalmente”, rezaba el proyecto original enviado por la Intendencia.
“Le dimos dictamen al proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que se llama DDO, por detección de drogas en orina. Obliga a que el intendente, los concejales y funcionarios jerárquicos (directores, subsecretarios y secretarios) se realicen exámenes toxicológicos para determinar que no sean consumidores de alguna sustancia prohibida”, explicó Sandra Manzone, integrante de la comisión de Salud, Adicciones y Medioambiente. La aliada a la gestión municipal agregó: “es un proyecto que fue estudiado por seis meses, cuando presidía la comisión de Peticiones, y gracias al aporte de la constitucionalista María Gilda Pedicone de Valls logramos una iniciativa que no excede los límites constitucionales”.
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