Solicitaron protección para los testigos

El veedor Juan Roberto Robles pidió al Ministerio de Justicia nacional garantías para las personas que atestiguan en el juicio por el homicidio de Paulina Lebbos y el posterior encubrimiento del crimen, a través del sistema nacional de protección de testigos. El abogado consideró que es necesaria la custodia por parte de las fuerzas de seguridad federales para Alberto Lebbos, su defensa, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y los magistrados de la Sala III en lo Penal, además de adoptar medidas adecuadas para la continuación del debate oral y público hasta la finalización con una sentencia.

El observador elevó esta semana un informe al titular de la cartera nacional, Germán Garavano, referido a los mensajes supuestamente intimidatorios que recibió el ex jefe de Criminalística de la provincia, Fernando Vázquez Carranza. Este testigo desempeñaba ea función cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la joven estudiante, en marzo de 2006. En la descripción escrita, Robles remarcó que la prisión preventiva del imputado Hugo Sánchez, ordenada por el Tribunal por haber sido descubiertas sus amenazas y coacciones, “está demostrando acabadamente que el poder político seguiría haciendo uso de su aparato de inteligencia y logística para influir dentro del juicio”.

A su vez, el abogado hizo hincapié en que el ex jefe de la Policía “podría seguir manteniendo fuertes vínculos con la fuerza de seguridad local”.

Los integrantes de la Sala III en lo Penal, Carlos Caramuti (presidente), Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, pidieron el jueves el cese de los amedrentamientos a los testigos. Lo hicieron luego de que el ex director de Criminalística contara un segundo hecho: un hombre se había presentado el martes en el colegio de su hija con la intención de retirarla y que la menor se había negado a irse con el desconocido.

El Tribunal rechazó ese día el pedido de cese de prisión preventiva de Sánchez. También denegó el pedido de arresto domiciliario, concretado por el nuevo abogado defensor del acusado, José Luis Chaván.

Programa tucumano

En otro fragmento de la nota, Robles enfatizó que, tras la reglamentación en 2016, el programa provincial de protección de testigos “no se encuentra operativa”. “Esto le fue informado al Tribunal por parte del Gobierno provincial, al requerirse la protección de las testigos Magdalena Karina Cruz y Macarena Bordato. La comunicación fue efectuada mediante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de la letrada Erica Brunoto. Lo único que ofrecieron, a cambio, fue la consigna policial en la casa de la testigo Cruz”, finalizó.