Cristóbal López y su socio vuelven a prisión

BUENOS AIRES.- Los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se entregaron anoche a la Justicia Federal, en el marco de la causa en la que se los investiga por no haberle rendido a la AFIP $ 8.000 millones recaudados con el Impuesto a la Transferencia de Combustibles. López quedó alojado en la cárcel de Ezeiza y De Sousa en la de Marcos Paz.

La decisión había sido tomada por mayoría por la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, mientras que la camaristas Ana María Figueroa votó en disidencia.

El fallo de Casación revocó la resolución que había dictado la Cámara Federal porteña, que el 16 de marzo pasado dispuso la liberación de los empresarios y el cambio de carátula de la causa por la que fueron detenidos.

Los jueces de Casación ordenaron la “inmediata” detención de los empresarios acusados y dispusieron “remitir con carácter urgente las presentes actuaciones al Tribunal a quo para que, por quien corresponda, se haga efectiva”. Así, Cristóbal López y su socio se entregaron poco después de las 20 en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional.

En un fallo de 148 páginas, los jueces dispusieron que los empresarios y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray vuelvan a ser investigados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de recurso”, contra lo que había decidido la Cámara Federal.

Así, López volvió a prisión, donde estuvo entre el 19 de diciembre del año pasado y el 16 de marzo de este año -en la cárcel de Ezeiza-, mientras que De Sousa estuvo alojado en la penitenciaría de Marcos Paz, hasta que en un controvertido fallo, con el voto de los jueces Jorge Ballerstero y Eduardo Farah, fueron excarcelados.

Ahora, el fallo de Casación vuelve a considerar que el delito que cometió López es fraude y no evasión fiscal, una calificación que le hubiera permitido pagar y evitar la cárcel.

Al cobijo del poder

Con relación a la prisión preventiva de López y De Sousa, el juez Riggi señaló que “la extrema gravedad de las imputaciones formuladas, sumada a la contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable daño causado al Estado por el delito (…) justifican la restricción de la libertad personal para asegurar las finalidades del proceso penal”. Y agrega: se ponderó también en esa línea “…la pluralidad de expedientes que se les siguen (a los nombrados) y la forma en que eran cometidos los hechos atribuidos, esto es, al cobijo del poder”, todo lo cual “revelan no sólo una familiaridad manifiesta con el delito sino también una elocuente sensación de impunidad”.

Ahora, la causa deberá ser instrumentada por el juez federal Julián Ercolini, quien había ordenado ejecutarse un embargo de $ 17.000 millones tanto a López como a De Sousa, cuando los imputó tras la investigación que realizó por la deuda multimillonaria creada con el fisco durante el gobierno kirchnerista.

Finalmente, el juez Hornos había sostenido par ajustificar la vuelta a prisión de los empresarios, que existen circunstancias objetivas y ciertas referidas a la presunción de que los imputados intenten entorpecer el éxito de la investigación, e incluso, darse a la fuga. (Télam)