Larga vida al acople

Durante esta semana, el poder político tucumano comenzó a definir algo mucho más sutil que el debate furibundo en torno del aumento de las tarifas de los servicios públicos. Algo sin las estridencias de la guerra entre clanes del narcomenudeo y sus secuestros extorsivos y sus amenazas de sangre y su impunidad a flor de piel social. Algo, sin embargo, tan trascendente como aquellos dos sucesos que conmocionan la escena pública nacional y provincial. Algo, inclusive, varias veces más profundo.

Después de un trimestre durante el cual proliferaron los proyectos, los debates y las reuniones de comisiones en torno de la postergada reforma política local, en las cumbres del Gobierno tucumano han comenzado a vislumbrarse algunas claridades con respecto a los cambios que se introducirán en el régimen electoral. Es decir, ha empezado a modelarse la forma representativa del Estado tucumano. Y, por cómo están encaminados los bocetos, el resultado alumbrará una obra que no va a ser muy diferente con respecto a lo que se conoce.

La cantidad

Las propuestas formuladas por los referentes de Cambiemos de Tucumán durante estos días han sido determinantes para que el Gobierno comience a separar la avena del trigo.

Lo primero y meridiano es que las colectoras seguirán con larga vida en Tucumán. Que el grueso de los macristas propusiera reducir el número de acoples a uno solo por cada binomio de gobernador y vicegobernador dejó encantados al gobernador y al vicegobernador en ejercicio. Porque mientras los opositores hacían hincapié en su voluntad por frenar el carnaval de listas en el cuarto oscuro, lo que en verdad escuchaban en el oficialismo es que sus adversarios estaban convalidando los acoples. Léase, que la naturaleza del sistema de partidos hechizos que adosan candidatos a otros partidos, para sumar votos a la fórmula principal a costo de licuar la representación legislativa que consagra representantes de 10.000 votos, es perfectamente válida. El problema, en todo caso, se reduce a cuántos acoples debe haber.

Todo parece indicar que el oficialismo marchará en esa dirección. Y si bien no sancionará la propuesta del macrismo tucumano, sí convalidará su espíritu. En principio, sostendrá que la Constitución de 2006, en el inciso 12 de su artículo 43, autoriza los acoples y pauta que los partidos, frentes o alianzas son quienes definen esos acuerdos por escrito, de modo que el número de colectoras depende de cada fuerza política y no puede ser limitada por ley. Pero lo que no se descarta es que se impulse una norma orientativa de la cifra de acoples que sería conveniente o preferible por cada partido. Con ello, se asociaría a la oposición a la supervivencia del sistema.

La cuestión agrieta Cambiemos. La postura del peronismo que concurre al intendente Germán Alfaro y de los radicales que concurren al vicepresidente legislativo Ariel García, por canales separados, siempre ha sido de intransigencia: propugnar la eliminación de los acoples. Claro que esos compañeros y esos correligionarios son conscientes de que tal cosa es inviable: no se puede prohibir por ley aquello expresamente autorizado por la Carta Magna. Pero lo que en realidad persigue esa posición de máxima es que el oficialismo se oponga a eliminar las colectoras y, por tanto, que se convierta en el único garante de los acoples. Más allá de los costos políticos, algo tienen en claro ambos sectores: el acople es garantía del triunfo del Gobierno, porque funciona con plata. Y nadie tiene más plata que el Estado.

La ofrenda

Sí avanzará el Gobierno con la eliminación de los partidos municipales y comunales. Inclusive, es muy probable que en mayo se dé dictamen a la propuesta. Por cierto, para Cambiemos es inconstitucional guillotinar a esas fuerzas políticas. La Carta Magna nacional, desde 1994, otorga rango constitucional a los partidos sin distinguir su rango nacional, distrital, provincial, municipal o comunal. Y donde la ley no distingue, el funcionario no distinguirá.

Sacrificar esas fuerzas locales es la ofrenda del oficialismo para mantener vivo el acople, considerando que el régimen de colectoras ya pervirtió esos organismo políticos. A diferencia de la Ley de Lemas, donde cada sublema era sólo una lista, ahora cada acople debe ser un partido político. Y en los municipios y las comunas se creó un millar.

El informe de la Junta Electoral Provincial elevado en diciembre de 2015 a la Legislatura, como balance de los escandalosos comicios de ese año, da cuenta de que ya existían en ese momento 103 partidos políticos provinciales, 467 municipales y 16 comunales. A la vez, “en vías de reconocimiento” se registraban 44 partidos provinciales, 383 municipales y 38 comunales. Para 2019 avizora un “piso de 1051 partidos”.

La purga con la que avanzará el Gobierno eliminará 900 fuerzas, sólo teniendo en cuenta las cifras de hace dos años y medio. Pero si la eliminación de los partidos municipales y comunales fracasa porque es declarada inconstitucional en Tribunales, siguiendo el argumento de Cambiemos, esa será la derrota más triunfal del oficialismo: seguirán adelante miles (literalmente miles) de partidos, todos autorizados a celebrar acoples por la Constitución provincial. Y la Casa de Gobierno y la Legislatura dirán que hicieron todo cuanto pudieron...

La alquimia

En esa hoguera de inconstitucionalidades surge una diferencia tenue, pero fundamental. El oficialismo tucumano jugará al borde de la Constitución Nacional, pero no rozará ni por error la Constitución provincial. Por un lado, el binomio gobernante conoce, por su pasado alperovichista, que en la Cámara Contencioso Administrativo sólo enfrentará derrotas si colisiona con la Carta Magna. Pero, sobre todo, lo que la fórmula está diciendo a propios y extraños es que se acostumbren a la Constitución de 2006 porque no van a reformarla. Y no habrá enmienda inmediata porque ni Manzur ni Jaldo la necesitan… en este mandato.

Por aparte de esa coyuntura, no menos cierto que es el debate en torno de la reforma electoral viene evidenciando que la Constitución alperovichista es incompatible con la idea de mayor calidad institucional y hasta de apertura a nuevos derechos (es decir, a más derechos). Para que puedan votar los tucumanos de 16 y 17 años en comicios provinciales hay que reformar la Carta Magna. Lo mismo para consagrar pautas de igualdad de género en la representación (cupo femenino), pero también en los Tribunales y en la Casa de Gobierno.

Pero la Carta Magna alperovichista no sólo se está rajando por cuestiones de principios, sino también por instancias pragmáticas de poder terrenal. Literalmente terrenal. Eso ha puesto en evidencia el proyecto de subdivisión de las tres secciones electorales que impulsa el alberdiano Roque Cativa. El Gobierno, en principio, no avanzará con esa iniciativa porque, otra vez, no quiere entredicho constitucional. Pese a que el legislador reivindica que su iniciativa mantiene la división del mapa electoral en Este, Oeste y Capital, así como los departamentos que cada una incluye, y que sólo establece circunscripciones dentro de cada una.

Con independencia de esto, lo revelador de la propuesta es que marca la necesidad compartida por muchos parlamentarios de que en la Legislatura, a la cual sus miembros acceden por el voto popular, también haya un poderoso componente territorial. ¿Cuál es la efectiva representatividad de un legislador de La Cocha o de Aguilares respecto de los vecinos de Tafí del Valle, aunque todos son de la Sección Oeste? ¿Cuál es la de un legislador de Burruyacu o de Banda del Río Salí, con respecto a los vecinos de Graneros, aunque todos son de la Sección Este?

Mezclar ambos patrones es una alquimia tan azarosa que Juan Bautista Alberdi, en lugar de intentar fundirla, la dividió: pautó un Congreso con dos Cámaras. En la Baja lo preeminente es el voto y los distritos más grandes en población pesan más que los pequeños. En la Alta lo preeminente es el territorio y todos los distritos tienen igual representación.

Tucumán resignó su bicameralidad con la Constitución de 1990, tras la devastadora hiperinflación de 1989, al grito de que la representación política era muy cara para los contribuyentes. En nombre de ello también se eliminó la elección provincial de medio término, que le permitía al votante “respaldar” o “corregir” el rumbo del Gobierno cada dos años, dándole más o menos parlamentarios. Menos república jamás puede resultar en más democracia.

El alperovichichismo pudo corregirlo cuando impulsó la enmienda de 2006. Pero la república y la democracia no eran el fin de esa reforma.

La interna

Sí atenderá el peronismo, en cambio, la propuesta de Cambiemos de terminar con la Junta Electoral Provincial.

Gana consenso la idea de que el control de los comicios ya no siga en manos de organismos administrativos, sino técnicos. Es decir, judiciales. Ya sea que se trate de un órganos de justicia electoral perteneciente al Poder Judicial (como existen en la Nación, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Córdoba, Neuquén, Corrientes, Catamarca, San Luis, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Cruz) o un órgano de justicia electoral auxiliar del Poder Judicial, integrado totalmente por magistrados (como en Santa Fe, Formosa, Chaco, Río Negro, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta y San Juan).

El poder político está dispuesto a perder su participación en el control de los comicios, porque a cambio sacará de la ecuación a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Este tribunal era la instancia de apelación de las decisiones de la Junta Electoral, porque en ella dos de sus miembros son magistrados (titular de la Corte y ministro fiscal), pero el tercero no (el vicegobernador). Si ahora el órgano de control electoral es integrado por magistrados, el oficialismo pautará que sus decisiones sólo puedan ser apeladas ante la Corte. Eso, por cierto, aconseja la Junta, en el informe de 2015.

Finalmente, como seguirá habiendo acoples, no habrá sistema de boleta única ni mucho menos el voto electrónico que reclama desde 2006 la Constitución. Dada la cantidad inverosímil de partidos, es imposible que quepan en una pantalla o en una papeleta.

Por lo mismo, tampoco habrá PASO provinciales. Las líneas internas de cada fuerza se convierten en colectoras.

El resultado es que, en la oposición, la convalidación del acople acerca a unos radicales con el alfarismo, y los coloca en una coyuntural coincidencia con FR, que también cuestiona las colectoras.

Mientras tanto, el rechazo a las PASO pone en una reducida coincidencia al alfarismo (al que muchos socios de Cambiemos le discuten la intendencia) con el peronismo gobernante.

Es decir, el oficialismo tiene una interna feroz en torno del “té para tres” entre Manzur, Jaldo y Alperovich. Pero la interna de la oposición no tiene absolutamente nada que envidiarle.