Era funcionaria de la DAU y le alquiló el local a un contratista que facturó $3,5 millones

La ingeniera Lidia del Carmen Figueroa, ex funcionaria de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), confirmó en su declaración como testigo que tenía una relación contractual con DC Construcciones, una empresa que facturó unos $3,5 millones por mano de obra y materiales expedidos durante la gestión del ex director de la repartición, Miguel Ángel Brito (2007-2012).

Si bien la profesional generó más dudas en torno a esta constructora -fue calificada como “totalmente fantasma” durante la investigación previa al juicio oral-, no aportó elementos que vinculen por ahora a esta firma con el ex titular de la DAU, que está acusado de los presuntos delitos de fraude a la Administración Pública y negocios incompatibles con el cargo que ocupaba.

De todas maneras, el fiscal de Cámara, Carlos Saltor, tomó nota de los dichos de Figueroa, quien tenía a su cargo la división Obras por Administración. Esta era una oficina clave para la contratación de mano de obra y la compra de materiales sin licitación -en casos de urgencia y de necesidades prioritarias, previo cotejo de precios- habilitados por la ley 7.960.

“En ese momento, ¿consideró que era correcto conformar la factura de un proveedor (de la DAU) con el cual usted tenía una relación comercial o de locación?”, le consultó el representante del Ministerio Público Fiscal. “Mire, en ese momento no he considerado si era correcto o incorrecto. Quizás fue un error. Sí he firmado el contrato (de alquiler de DC Construcciones), pero nada más”, le contestó. Añadió que el alquiler era cobrado por uno de sus hermanos. La ingeniera testificó ayer durante unas dos horas ante las juezas de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg (presidenta), Stella Maris Arce y María Elisa Molina. Brito, acompañado por sus defensores, Arnaldo Ahumada y María Fernanda Battig, la escuchó en silencio, tomando notas manuscritas durante algunos tramos del relato.

Según la denuncia, efectuada en 2012 por los radicales Silvia Elías de Pérez (senadora) y Ariel García (legislador), DC Construcciones era una empresa en situación irregular. El titular de esta firma, Domingo Luciano Corbalán (a su nombre corresponden aquellas siglas), declaró el lunes que no recordaba cuánto había facturado por sus servicios a la DAU entre 2009 y 2011. Afirmó que su empleada administrativa, María Cecilia Lara, se encargaba de los cobros y de manejar todo el dinero -tanto de los ingresos como de los egresos-. Pero el fiscal no le creyó, y solicitó al tribunal la remisión de las actuaciones para que se lo investigue por presunto falso testimonio.

Ayer, Saltor le preguntó a Figueroa si tenía vínculos con DC Construcciones. “Como empresa, no”, respondió la ingeniera. Luego aclaró que sí había rubricado el contrato de alquiler de esa contratista de la DAU, cuya sede comercial figuraba en avenida Kirchner al 1.500. Advirtió que el local pertenecía a su familia, pero como estaba atravesando una situación delicada -su padre estaba enfermo, y fallecería pocos meses más tarde- ella se hizo cargo del trámite. El fiscal de Cámara le consultó minutos después sobre Lara, la empleada que era “mano derecha” de Corbalán. “Ella alquilaba un departamento de mi padre en barrio Diza y fue pareja de uno de mis hermanos”, reveló Figueroa.

Saltor señaló luego que la testigo tenía participación en los procedimientos internos de la DAU para la contratación de obras y servicios a través de la ley 7.960. Una de las firmas más beneficiadas por este sistema durante la gestión de Brito fue, precisamente, DC Construcciones. De todas maneras, la ex funcionaria advirtió que confeccionaba la documentación por pedido de “la superioridad”, y aludió no sólo al ex director de la DAU, sino también al ex subdirector, el arquitecto Roberto Bianchi. “El Tribunal de Cuentas verificaba que estuvieran las obras”, aseveró Figueroa. Añadió que no conocía a Corbalán, más allá de habérselo cruzado en las obras que ella inspeccionaba o por haberlo visto entregando materiales para la DAU.

Lara estaba citada como testigo para el lunes, pero no se presentó. La Policía le informó al tribunal que se había contactado con ella por teléfono, pero la mujer se excusó diciendo que está embarazada y reside en Santiago del Estero. Ahora, la Fiscalía considera que su declaración es clave para dilucidar estos puntos del caso “DAU”.

“Esas obras fueron pedidas por el ex titular de la Corte”

El acusado de la causa “DAU”, Miguel Ángel Brito, solicitó ayer al tribunal hacer uso de la palabra para efectuar un descargo respecto de las obras de restauración de la sede del Juzgado de Paz de Monteros y de otras dependencias similares de la provincia. “Todas esas obras fueron pedidas por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (de Tucumán), Antonio Estofán”, afirmó Brito. Aclaró que esos trabajos estaban incluidos en el presupuesto anual de la Provincia, y que el inmueble en cuestión se encontraba en estado “deplorable”. Además, requirió que se tramiten informes ante el alto tribunal para constatar su versión. “Jamás se puede inaugurar una obra que está inconclusa”, señaló Brito, y aseveró que Estofán y otras autoridades participaron de aquel evento oficial en Monteros.

Sí recordó sus ganancias, a diferencia de otro contratista

Ayer testificó otro contratista de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante la gestión del ex funcionario alperovichista Miguel Brito. Se trata de Esteban José del Valle Bonanno, quien realizó trabajos para la repartición inicialmente con una firma unipersonal (llevaba su nombre) y luego mediante la empresa “Bianconero SRL”. A diferencia del titular de DC Construcciones, Domingo Corbalán, que declaró el lunes, Bonanno sí recordó ante el tribunal cuánto había facturado al Estado entre 2009 y 2012. De forma unipersonal, el monto ascendía a $ 1,3 millón; a través de la sociedad, a $400.000. Declaró también el testigo Arnoldo Hernán Céliz, ex jefe de la División Compras de la DAU. La defensa de Brito tomó nota cuando aseguró que “la superioridad jamás” ordenó la inclusión de determinada empresas en los cotejos de precios.

La autora de un informe clave dará hoy su testimonio

Hoy a las 8, en la sede penal de Tribunales (avenida Sarmiento al 400), se reanudará el juicio oral y público contra el ex titular de la DAU, Miguel Ángel Brito. Está previsto que la jornada comience con la testimonial de María Elena Lampa, la perito contable de la Corte Suprema que realizó un informe clave para la investigación penal preparatoria. Estaba pautado que Lampa aclarara ayer las eventuales dudas a las partes, pero la extensión de las testimoniales llevó a postergar su participación. En la nómina global hay más de 60 testigos convocados. La Policía, que actúa como notificadora del Poder Judicial, no pudo dar todavía con una ex contratista de la DAU, María Cristina del Valle Cuezzo, que habría pagado la emisión de propaganda política a favor de Brito, según denunció Silvia Elías de Pérez (UCR).