Causa Facundo Ferreira: los policías se someterán a exámenes toxicológicos

En plena investigación judicial de la muerte del menor Facundo Ferreira, el jefe de la Policía, José Díaz, confirmó ayer que todo el personal de la fuerza de seguridad de la provincia se someterá a estudios toxicológicos para determinar si consumen o no drogas ilegales. Inclusive, el comisario (r) aseguró que será uno de los primeros en realizar las pruebas. No obstante, este procedimiento se encuadra en la Ley provincial N° 8.550, vigente desde 2016.

“A raíz de la situación que se conoció por los medios de prensa, que un efectivo dio positivo en presencia de droga en su sangre, decidimos que se realicen exámenes toxicológicos a la totalidad del personal policial, dentro de las posibilidades y las medidas técnicas que tengamos a disposición”, explicó Díaz, con referencia a la causa Ferreira.

El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, explicó en la misma jornada que la idea es que los procesos médicos se inicien en el corto plazo, con las pruebas de las autoridades de la cartera y la cúpula policial. Luego se extenderá a los 8.500 hombres y mujeres que aproximadamente integran el cuerpo oficial.

Días atrás, el propio Ibáñez había adelantado a LA GACETA que en la cartera gubernamental estudiaban implementar evaluaciones clínicas a los agentes de la fuerza. El funcionario había realizado esas declaraciones en momentos en que se confirmaba la presencia de vestigios de marihuana y cocaína en la sangre de uno de los uniformados involucrados en la investigación de la muerte del niño, quien murió el 8 de marzo último al recibir un disparo en la nuca.

Los niveles

Díaz resaltó que para el ingreso a la fuerza ya se aplican los estudios toxicológicos. “Fuimos pioneros de que este año para el ingreso a la escuela de Policía y para las solicitudes de ingreso se haya solicitado este tipo de exámenes”, añadió.

El miércoles de la semana pasada, el legislador radical Eudoro Aráoz solicitó un informe al Ministerio de Seguridad, a cargo de Claudio Maley, sobre la aplicación de la Ley provincial N° 8.850, que establece “como requisito de permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública carecer de la adicción a drogas ilegales”.

El parlamentario consultó si esa cartera designó al organismo encargado de la aplicación de la norma; si se realizaron los estudios en 2016 y en 2017, entre otras informaciones.

Marco legal

La Ley N° 8.850, vigente desde 2016, contempla la realización de exámenes de detección de metabólicos de estupefacientes, en los distintos poderes del Estado de la provincia:

• Poder Ejecutivo: comprende hasta el rango de subsecretario y comisionado comunal.

• Poder Legislativo: hasta el rango de prosecretario.

• Gobiernos municipales: hasta el cargo de subsecretario o director. Concejos deliberantes, hasta el nivel de prosecretario. Organismos autárquicos, centralizados y descentralizados, hasta el nivel de gerente, secretario administrativo, director o equivalente.

• Poder Judicial: jueces de todos los niveles; funcionarios constitucionales, de ley y jueces de Paz.

• Personal policial: todas las jerarquías.

Cada una de las áreas estatales designará al responsable de la aplicación, según consigna la Ley.

Los funcionarios alcanzados deberán realizar “con carácter obligatorio la prueba de detección de metabólicos de drogas una vez al año”.

En caso de un resultado positivo, el funcionario tendrá derecho a exigir una contraprueba. Pero si se confirma la existencia de restos de drogas prohibidas “se procederá a la suspensión, respetando las garantías constitucionales hasta la recuperación del funcionario, dentro del régimen de licencias vigente”.

El organismo encargado de llevar adelante los estudios y los tratamientos de recuperación es el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), excepto que el agente estatal opte por otra institución pública o privada. En este último caso, el tratamiento y los resultados serán monitoreados.