24 Abril 2018
LA GACETA / ARCHIVO
En los últimos años, asesores legales del Banco Santiago del Estero denunciaron penalmente a distintas personas por el supuesto delito de "estafas y otras defraudaciones” contra esa entidad bancaria, por cobrar beneficios de jubilados y pensionados fallecidos.
Según le explicó a LA GACETA el apoderado legal de la entidad, Alberto Zorrilla, ya se detectaron varios casos en que familiares o personas de confianza de titulares de beneficios previsionales de Anses, que ya habían fallecido, continuaban haciendo extracciones de los cajeros automáticos, pese al deceso de la persona.
"Venimos haciendo trabajos preventivos, pero hay casos que se escapan de nuestras manos. Muchos familiares siguen cobrando la jubilación de la persona fallecida y eso es ilegal. La gente piensa que es heredera pero no es así. No puede seguir cobrando, porque los fondos que se ingresan a la cuenta son propiedad de la apoderada".
Luego, Zorrilla agregó: "es un delito. Una vez que fallece la persona, todos los beneficios no deberían ser extraídos sino devueltos a la Anses".
Por estos hechos, según precisó Zorrilla, el BSE presentó demandas en Tucumán, Córdoba, Catamarca, Jujuy y Salta; las cuales se encuentran en pleno proceso de instrucción, inclusive algunas con pedido de elevación a juicio.
"El Directorio del BSE invita a los responsables de estas maniobras a entrevistarse con los Gerentes de las sucursales o con el Jefe de Gestión y Mora de la Casa Central. Allí podrán acordar la devolución al contado o en cuotas de los importes indebidamente percibidos, a fin de evitar las denuncias penales pertinentes en las cuales se solicitará la detención de los responsables y el embargo de los bienes", dijo Zorrilla.
En Tucumán
En 2016, el Banco Santiago del Estero presentó una denuncia penal en la Justicia después de haber detectado extracciones por cajeros automáticos realizadas sobre la cuenta de una jubilada que había fallecido en el año 2014, cuestión que desconocía el banco.
Carmen Cleotilde Borquez, domiciliada en la ciudad de Aguilares, era titular de un beneficio previsional que se acreditaba en la cuenta que poseía en el BSE.
Durante este año, el BSE realizó un relevamiento de identificación biométrica de todos los beneficiarios de cuentas previsionales y de sus apoderados. Al intentar hacer esta gestión con la señora Borquez, su hijo en su carácter de apoderado informó al banco que su madre estaba imposibilitada de trasladarse a la sucursal bancaria.
Ante esta situación, el BSE dispuso que personal de la sucursal Tucumán se apersonara en el domicilio de la titular, siendo atendidos por otra de sus hijas quien manifestó que su madre había muerto en el año 2014.
De manera inmediata se bloqueó la cuenta y se pudo detectar que con posterioridad a su fallecimiento se habían continuado realizando extracciones por cajeros automáticos.
Se dispuso una auditoría pormenorizada sobre la cuenta de la fallecida, habiéndose encontrado una copia de un certificado médico presentado por su hijo.
En el mismo un profesional de la salud hizo constar que Borquez habría sido atendida en el Hospital Centro de Salud por un supuesto cuadro de hipertensión en septiembre de ese año, cuando según los registros obrantes en el Cementerio del Norte la misma falleció el día 6 de septiembre de 2014.
Todos los elementos de prueba reunidos fueron entregados en su momento a la Justicia para que intervenga en el caso demandado.
Según le explicó a LA GACETA el apoderado legal de la entidad, Alberto Zorrilla, ya se detectaron varios casos en que familiares o personas de confianza de titulares de beneficios previsionales de Anses, que ya habían fallecido, continuaban haciendo extracciones de los cajeros automáticos, pese al deceso de la persona.
"Venimos haciendo trabajos preventivos, pero hay casos que se escapan de nuestras manos. Muchos familiares siguen cobrando la jubilación de la persona fallecida y eso es ilegal. La gente piensa que es heredera pero no es así. No puede seguir cobrando, porque los fondos que se ingresan a la cuenta son propiedad de la apoderada".
Luego, Zorrilla agregó: "es un delito. Una vez que fallece la persona, todos los beneficios no deberían ser extraídos sino devueltos a la Anses".
Por estos hechos, según precisó Zorrilla, el BSE presentó demandas en Tucumán, Córdoba, Catamarca, Jujuy y Salta; las cuales se encuentran en pleno proceso de instrucción, inclusive algunas con pedido de elevación a juicio.
"El Directorio del BSE invita a los responsables de estas maniobras a entrevistarse con los Gerentes de las sucursales o con el Jefe de Gestión y Mora de la Casa Central. Allí podrán acordar la devolución al contado o en cuotas de los importes indebidamente percibidos, a fin de evitar las denuncias penales pertinentes en las cuales se solicitará la detención de los responsables y el embargo de los bienes", dijo Zorrilla.
En Tucumán
En 2016, el Banco Santiago del Estero presentó una denuncia penal en la Justicia después de haber detectado extracciones por cajeros automáticos realizadas sobre la cuenta de una jubilada que había fallecido en el año 2014, cuestión que desconocía el banco.
Carmen Cleotilde Borquez, domiciliada en la ciudad de Aguilares, era titular de un beneficio previsional que se acreditaba en la cuenta que poseía en el BSE.
Durante este año, el BSE realizó un relevamiento de identificación biométrica de todos los beneficiarios de cuentas previsionales y de sus apoderados. Al intentar hacer esta gestión con la señora Borquez, su hijo en su carácter de apoderado informó al banco que su madre estaba imposibilitada de trasladarse a la sucursal bancaria.
Ante esta situación, el BSE dispuso que personal de la sucursal Tucumán se apersonara en el domicilio de la titular, siendo atendidos por otra de sus hijas quien manifestó que su madre había muerto en el año 2014.
De manera inmediata se bloqueó la cuenta y se pudo detectar que con posterioridad a su fallecimiento se habían continuado realizando extracciones por cajeros automáticos.
Se dispuso una auditoría pormenorizada sobre la cuenta de la fallecida, habiéndose encontrado una copia de un certificado médico presentado por su hijo.
En el mismo un profesional de la salud hizo constar que Borquez habría sido atendida en el Hospital Centro de Salud por un supuesto cuadro de hipertensión en septiembre de ese año, cuando según los registros obrantes en el Cementerio del Norte la misma falleció el día 6 de septiembre de 2014.
Todos los elementos de prueba reunidos fueron entregados en su momento a la Justicia para que intervenga en el caso demandado.
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