Causa DAU: declaran proveedores de la gestión de Brito

El acusado, Miguel Ángel Brito, ya dio parte de su versión ante la Sala VI de la Cámara Penal. Ahora, comenzarán a testificar algunos de los empresarios que eran proveedores de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante la gestión del ex funcionario alperovichista, entre 2007 y 2012.

Los detalles que brinden los testigos Jesús Marcelo Yubrín y Mario Héctor Belmonte, socios de Pasto Hachao SRL, y de Orlando René Maidana, de Construcciones Orlando SRL, le permitirán al fiscal de Cámara, Carlos Saltor, reforzar o desestimar la hipótesis de que Brito llevó a cabo contrataciones directas irregulares al frente de la DAU, aprovechando las excepciones previstas por la ley 7.960. Esta normativa habilita a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a eludir licitaciones en casos de urgencia y de necesidades prioritarias -entre otros requisitos- por hasta $150.000.

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Según el requerimiento de elevación a juicio formulado en 2014 por el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, y confirmado por la ex jueza de Instrucción, Mirta Lenis de Vera, Brito es presunto autor de los delitos de fraude al Estado y de negociaciones incompatibles con su cargo (en concurso ideal).

La imputación -duramente cuestionada por Brito y por su abogado defensor, Arnaldo Ahumada- objeta las contrataciones directas efectuadas por el ex director de la DAU.

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Respecto de Pasto Hachao SRL, el requerimiento fiscal señala que estaba inscripta, como actividad principal, para la “venta al por mayor de máquinas y herramientas de uso general”; y como actividad secundaria, para la “venta al por menor de colchones y sommiers”.

En 2010, agrega el instrumento judicial, a esta contratista se le adjudicaron obras de red de cloacas y de red de agua potable en diferentes zonas de San Miguel de Tucumán.

“Dichas obras no corresponden con la actividad declarada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la Dirección General de Rentas de la Provincia”, añade el expediente. Y agrega que la DAU acordó trabajos con esta firma por $ 712.000 (unos US$ 140.000 al cambio de aquel momento). Según la acusación a Brito, Pasto Hachao SRL no estaba inscripta entonces en el Registro General de Constructores de Obras Públicas.

Tampoco figuraba en esa nómina la firma Construcciones Orlando, expresa el requerimiento fiscal. Y agrega que el importe de obras contratadas por la DAU, entre mayo de 2010 y diciembre de 2011, rondó el $1,7 millón (US$ 340.000 al cambio de esa época).

Brito reconoció que contrató a familiares y conocidos

A diferencia de otros casos, en los que se habla de supuestas obras “fantasma”, la Fiscalía de Cámara no contaría con demasiados elementos de prueba en el expediente respecto del resultado de los trabajos abonados a ambas empresas.

En ese sentido, las observaciones podrían hacer foco sobre las presuntas falencias administrativas al momento de la aplicación de la ley 7.960 por parte del ex director Brito.

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Sobre este último punto se espera que sea consultado José Ernesto Amín, quien se desempeñó como jefe de Servicios Administrativos en la DAU durante la gestión de Brito. El contador ya había sido convocado como testigo en la etapa de Instrucción para explicar cómo son los pasos a seguir para los contratos y las compras directas mediante la norma cuestionada.

El ex director de Arquitectura y Urbanismo hizo uso de la palabra en las audiencias del jueves y del viernes. Ante las juezas Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elsa Molina aseguró haber sido víctima de un “complot” entre el ex gobernador y actual senador, José Alperovich, y la radical Silvia Elías de Pérez, coautora de la denuncia penal y hoy miembro de la Cámara Alta. La dirigente de la UCR también declaró como testigo, y ventiló que Brito habría realizado tareas en la casa del gobernador, Juan Luis Manzur, en la ciudad de Yerba Buena.

Para tener en cuenta

Horarios.- El juicio contra Miguel Brito se celebra por las mañanas, a partir de las 8, en la sede de Tribunales de avenida Sarmiento al 400. Está previsto que las audiencias finalicen pasado el mediodía, salvo razones de fuerza mayor, debido a que la Sala VI de la Cámara Penal fue completada con una presidenta de la Sala I de ese fuero, María Elsa Molina, quien a la vez debe atender las cuestiones de su tribunal natural. Preside los debates la jueza Alicia Freidenberg, y a su izquierda se ubica su colega, Stella Maris Arce.

Incorporación.- A pedido del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, se requirió al Tribunal de Cuentas la copia de las acordadas y los expedientes administrativos dictados en el marco de las presuntas irregularidades detectadas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante la gestión de Miguel Brito (2007-2012). Si bien la auditoría del ente de contralor -que sustentó buena parte de la pesquisa penal- refiere a 86 obras públicas objetadas, el juicio oral y público analiza supuestos delitos en una treintena de expedientes. La razón de esto es que ambos tribunales tienen competencia en distintos aspectos.

Familiares y amigos.- En el caso “DAU” sería clave determinar si Miguel Brito favoreció a familiares y allegados aprovechando las contrataciones directas por ley 7.960. Uno de los hechos investigados refiere a María Cristina del Valle Cuezzo, una proveedora que aparece como autora del pago de propaganda política a favor de Brito en Canal 10, en las elecciones de 2011, según denunció Silvia Elías de Pérez (UCR). El tribunal aceptó, a pedido de la Fiscalía , que se solicite un DVD con una copia de esa publicidad, en la que aparece Brito como integrante de un acople oficialista (por error, en una edición anterior se consignó que el ex funcionario no aparecía en la filmación).