No se puede garantizar que el nuevo proceso penal sea aplicado desde febrero, avisó la Corte

Tras la tensión institucional, llegó el momento del consenso.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) visitó ayer la sede de la Legislatura para brindar un informe sobre lo que se hizo y lo que se necesita para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia.

Según las autoridades, el encuentro permitió que ambos poderes acerquen posturas en pos de lograr la implementación de esa norma, sancionada en 2016 y prorrogada -por segunda vez- hasta el 1 de febrero de 2019.

Más allá de que se acordaron trabajos conjuntos y se puso en marcha la comisión especial que avanzará con este asunto, en el alto tribunal no están en condiciones de garantizar que la norma sea aplicada en el plazo previsto.

La falta de infraestructura, de recursos presupuestarios y de designaciones clave -como el ministro público de la Defensa y de otros magistrados penales- fueron algunos de los conflictos planteados al respecto por la “cabeza” del Poder Judicial.

“Yo no puedo asegurar eso (que no habrá más postergaciones). Lo que puedo manifestar es que la voluntad es que no haya, si es posible, más prórrogas, y simplemente (se pueda aplicar) este Código, de manera progresiva o de manera parcial, y si se pudiera, en toda la provincia”, aclaró el presidente de la Corte Suprema, Daniel Posse, tras una consulta de LA GACETA. Destacó en ese sentido que “hay voluntad” por parte de los poderes estatales de cumplir con las fechas previstas.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo (ayer a cargo del Ejecutivo por el viaje del gobernador, Juan Manzur) recibió a los vocales Posse, Antonio Gandur y Claudia Sbdar -no concurrieron Antonio Estofán ni René Goane-. La reunión institucional estuvo a cargo del presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri (PJ). Participaron también las demás autoridades legislativas y los jefes de los bloques políticos.

En la rueda de prensa que brindó tras la reunión, celebrada en el 8° piso de la Legislatura, Posse dio algunas precisiones sobre los motivos que no permiten dar por sentada la puesta en vigencia de la ley 8.933, del nuevo Código Procesal Penal. El primer déficit, señaló, es estructural. “No están dadas las condiciones edilicias para que este plan se implemente; estamos trabajando en ello”, sostuvo el presidente de la Corte.

En segundo lugar, advirtió, se requieren entre 60 y 80 magistrados en total (jueces, fiscales y defensores oficiales) para que funcione este régimen. El tercer punto es la falta de leyes complementarias al Código Procesal. “Hay numerosas normas que no se han dictado”, indicó Posse. Y marcó la necesidad de que se designe al titular del Ministerio Público de la Defensa. “Se pasará del sistema ‘acusatorio mixto’ que tenemos ahora a otro ‘acusatorio pleno’ o ‘adversarial’. Se requiere para ello de las tres patas”, advirtió Posse. Aclaró que, sin jefe de los defensores oficiales, el proceso penal adolecería de paridad entre las partes.

“Tenemos la certeza de que si (el Código Procesal Penal) se instrumentara de manera parcial en Concepción y Monteros, como se había planteado originalmente, seguro podríamos estar cubriendo esa necesidad (de magistrados)”, destacó Posse. Señaló luego que el Poder Judicial está estudiando otros mecanismos para superar los problemas que acarrean las vacancias en los tribunales. “Tenemos la ‘Ley de Subrogancias’, que la Legislatura dictó el año pasado y el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) está aplicando en estos momentos. También tendríamos que reformular la ‘Ley del CAM’ para volver al régimen de concursos múltiples y que las coberturas sean con mayor celeridad. Y además se podría volver a convocar a magistrados jubilados que tienen estado judicial. Esas son las tres alternativas que estamos evaluando”, afirmó Posse.

Las carencias generan incertidumbre, pero el titular de la Corte se mostró a la vez expectante. “Hay una conciencia y una coincidencia total sobre la necesidad de implementar el Código Procesal Penal de la manera más adecuada, y lo antes posible”, dijo Posse.

La relación entre la Justicia y la Legislatura se había tornado tensa a raíz del vencimiento de la última prórroga para la instrumentación de esa norma. El plazo había caducado el 1 de abril pasado. Según los legisladores, la Corte no pidió a tiempo la segunda postergación -se había otorgado la primera en agosto de 2017-. Con críticas, en una sesión especial, pusieron como nueva fecha el 1 de febrero de 2019.

Ayer, las partes se mostraron satisfechas por la reunión y evitaron los cruces “Los tres poderes (del Estado provincial) estamos dispuestos a aportar lo que corresponde para que cuanto antes se ponga en vigencia el nuevo Código Procesal”, indicó Jaldo.

Claves sobre los cambios en el proceso penal

¿Qué es el Código Procesal Penal de la provincia?

Es la normativa que regula el sistema de investigación y juzgamiento de los delitos previstos en el Código Penal Argentino -desde robos hasta homicidios-, así como los derechos y garantías de las partes. El actual data de 1991.

¿Cómo se denomina al sistema vigente?

El presidente de la Corte, Daniel Posse, marcó ayer que se pasará de un sistema “acusatorio mixto” a otro “acusatorio pleno” o “adversarial”. Por eso, explicó, se necesita que las tres “patas” (fiscalía, defensa y juez) estén en funcionamiento.

¿Cómo serán los procesos judiciales?

El objetivo del nuevo régimen es reducir los plazos del dictado de sentencias y mejorar el servicio de justicia. Por eso, los casos penales serán resueltos en audiencias orales, ante las partes, en las que el juez deberá dirimir planteos en el acto.

¿Cómo se aliviarán los plazos de los casos penales?

El nuevo sistema procesal penal será esencialmente oral, mientras que el régimen vigente es escrito. La intención es que en el futuro “desaparezca” el expediente tradicional, para dar lugar a audiencias orales que serán grabadas y archivadas.

¿Cómo será la organización?

La estructura cambiará radicalmente. Por ejemplo, los jueces y los fiscales estarán agrupados en colegios, y la Defensa y la Fiscalía tendrán sus propios jefes. Se suma además la Oficina de Gestión Administrativa, que libera a jueces de esa carga.

¿Podrá entrar en vigencia el 1 de febrero de 2019?

Es el gran interrogante sobre el tema. Más allá de que el nuevo sistema está bajo estudio desde 2012, la Corte avisó que se registran carencias edilicias, presupuestarias y en recursos humanos; además, faltan leyes complementarias.

Reconocimiento 
Jaldo celebró el encuentro y expresó que la sociedad “está pidiendo” la nueva normativa
El vicegobernador Osvaldo Jaldo aseguró ayer que, si bien estaba a cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo (el gobernador Juan Manzur estaba en Buenos Aires), quería recibir en la sede de la Legislatura a los integrantes de la Corte Suprema. “Quiero reconocer públicamente el gesto que han tenido para ir al Poder Legislativo a tratar un tema tan importante como es la aplicación del Código Procesal Penal de la Provincia. Al margen de la situación de los diferentes poderes, esto es algo que hoy la sociedad nos está pidiendo”, señaló Jaldo. Aseveró luego que existen “impedimentos” para su instrumentación. “Muchos de ellos han sido planteados en la reunión; en algunos se coincidió y en otros quizás no tanto, pero está la decisión”, afirmó Jaldo.

Seguimiento 
Juri afirmó que se conformará una comisión especial integrada por los tres poderes
El presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri (PJ), indicó que ayer se decidió junto a la Corte el avance conjunto en la revisión de la implementación del Código Procesal Penal local. “Hemos resuelto constituir la comisión especial que se encargará del seguimiento de la puesta en marcha esa norma”, afirmó. Destacó que el grupo de trabajo estará compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo. Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, evitó las polémicas, pese a las críticas que había expresado días atrás. “No se puede demorar 15 años un proceso por homicidio, que es un delito grave, mientras la sociedad reclama que los delincuentes reciban condenas. Este Código es necesario”, advirtió.