17 Abril 2018
COMBATE AL DELITO. A través del nuevo Código Procesal Penal se buscará dar mejores herramientas a las fuerzas de seguridad. ARCHIVO LA GACETA
Autoridades de la Corte Suprema de Justicia visitaron hoy la Legislatura con el propósito de avanzar en la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán.
La Corte y legisladores comienzan a articular el nuevo Código Procesal Penal
Por el lado de la Cámara, participaron del encuentro su titular, Osvaldo Jaldo (a cargo de la Gobernación), y el presidente subrogante del cuerpo, Fernando Juri, además de parlamentarios de distintas bancadas. La Corte estuvo representada por su presidente, Daniel Posse, y los vocales Claudia Sbdar y Antonio Gandur.
“Fue una reunión altamente positiva. Hemos definido muchas cosas y lo que queremos informar, en conjunto con la Corte Suprema, es que vamos a constituir la comisión de seguimiento o de operatividad en cuanto al funcionamiento del Código Procesal Penal", anticipó Juri. "Cada Poder del Estado asumirá las responsabilidades que les cabe y les compete en función del tema. También tenemos un pedido de la Justicia para que el Poder Ejecutivo se aboque al nombramiento del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa, porque es una parte importantísima del sistema adversarial”, subrayó.
A su turno, Posse, afirmó que “hay una coincidencia de ambos poderes en la necesidad de implementar el Código Procesal Penal de la manera más adecuada y lo antes posible, cosa que venimos haciendo; pero hemos marcado desde el Poder Judicial, las dificultades que teníamos para su implementación". Enfatizó en que "hay voluntad por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial para que no haya, si es posible, más prórrogas y se implemente el Código de manera progresiva, parcial o si se pudiera en la totalidad de la provincia”.
Por su parte, el Legislador Marcelo Caponio, quien es presidente de la comisión que trabajó en la redacción del nuevo Código Procesal Penal, fue contundente: "debemos recuperar el tiempo perdido y lo que buscaremos es ponerlo en funcionamiento lo antes posible”.
El reformado Código Procesal Penal fue sancionado en 2016, y debía ser aplicado el 1 de septiembre de 2017. Dos semanas antes, por pedido de la Justicia, la Legislatura aplazó la instrumentación hasta el 1 de abril de 2018. Ese día llegó y, según coincidieron oficialistas y opositores, la CSJT no solicitó a tiempo la nueva prórroga. Por eso, el lunes de la semana pasada se realizó una sesión especial en la que se fijó el 1 de febrero de 2019 como nueva fecha.
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