“Lilita” y Cristina van por el control tarifario

La diputada nacional de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, promueve un proyecto de resolución para pedir informes al jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto de la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Poder Ejecutivo Nacional.

Carrió pretende saber si existe un manual de normas y procedimientos, si los entes reguladores controlan y de qué forma, y que las empresas apliquen el cuadro tarifario debidamente.

“Lilita” también solicita información para saber si se han detectado errores de facturación y los porcentajes de reclamos de 2016, 2017 y 2018, además de conocer el plan de obras en detalle y su grado de ejecución.

La cofundadora de Cambiemos intenta conocer también qué incidencia tiene la aplicación de las nuevas tarifas en lo facturado y cuál es la asignación presupuestaria por el subsidio de energía.

Carrió pide que las autoridades de las empresas de energía eléctrica y gas natural, como así también las de las cooperativas eléctricas de las provincias, se presenten ante Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, para brindar explicaciones.

Comité de emergencia

La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer un proyecto de ley para que el Gobierno suspenda por dos años los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, PyME y cooperativas de trabajo; y retrotraiga su costo al 1 de enero de 2017.

En la iniciativa, difundida tras el anuncio del planteo de Carrió tendiente al control del aumento de tarifas, la ex presidenta propone crear en el ámbito del Congreso un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria con el objetivo de “supervisar, controlar e implementar la ley”.

“Además de estas medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas ante el brutal ajuste de tarifas, realizamos una propuesta para resolver el problema de fondo mediante una Revisión Tarifaria Integral”, explicó en Twitter.

Según especificó, el Comité “buscará adecuar los cuadros tarifarios vigentes con el objetivo de alcanzar tarifas justas y razonables y reparar el descontrol que armó el Gobierno”.

En el caso de PyME y cooperativas -agrega-, el beneficio se aplicará “siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual. Esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula”. (Télam)