Caso Viviendas: "los techos construidos con fondos públicos no llegan a quienes más lo necesitan"

El último caso penal que trascendió de la seguidilla que golpea al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), el del supuesto negocio con inmuebles de Villa Carmela, los convenció de que debían involucrarse e impulsar cambios. Fernando Guzmán y Alejandro García, respectivos presidente y vocal del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, dijeron que en el IPV había mecanismos que incentivan la informalidad y que las irregularidades advertidas perjudicaban a su sector, además de poner en duda la finalidad propia de la institución estatal: ayudar a los que no pueden comprar una vivienda por sus propios medios. “Hace tiempo que vemos que los techos construidos con fondos públicos no llegan a los tucumanos que más los necesitan”, opinaron en una entrevista en la sede de la entidad.

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Se impone revisar y racionalizar el sistema, según Guzmán y García. El presidente del Colegio manifestó que los hallazgos de Villa Carmela debían ser esclarecidos: “queremos que una auditoría determine si existieron o no ‘inversores’ que hicieron negocios extraordinarios con las viviendas de interés social, como trascendió, y extender el estudio a los inmuebles entregados en los últimos tres años, que es el plazo mínimo de posesión exigido por la normativa”. Los representantes de los corredores inmobiliarios también pidieron un control más estricto sobre los beneficiarios y la reinstauración de la modalidad de adjudicación de casas por sorteo público. “La asignación previa a la construcción del emprendimiento mediante la venta del terreno se presta a la aparición de intermediarios como Diego Juárez”, apuntaron.

Los casos

Juárez quedó ligado a las sospechas que rodean al IPV luego de que, al día siguiente de la entrega provisoria, aparecieran avisos de venta de las viviendas de interés social de Villa Carmela (se trata de un barrio de 250 unidades levantado en Yerba Buena, aunque la denuncia penal las ubica en Tafí Viejo, con la participación de la empresa Helpa SA).

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Un grupo de supuestos estafados por otra gestora apócrifa del Instituto (Elizabeth Alzogaray) detectó las ofertas en las redes sociales y contactó a Juárez, el vendedor vinculado a la empresa Nisi Dau. Los presuntos damnificados grabaron la conversación donde la voz que se identifica como Juárez ofrece casas a cambio de $ 700.000 y $ 800.000; explica que estas habían sido compradas por “inversionistas” e informa que ya había vendido 80 con la intervención de una escribanía con larga trayectoria. El precio indicado sugiere una ganancia superior al 1.000% puesto que inicialmente las parcelas de Villa Carmela costaban entre $ 50.000 y $ 70.000, pero los adquirentes debían acreditar los requisitos del Fondo Nacional de la Vivienda (composición familiar, carencia de inmuebles e ingresos -hoy hasta dos salarios mínimos-) y ser aprobados por el IPV, quien financió la construcción de las casas. Tras recibir las pruebas (audio y capturas de pantalla), la interventora del Instituto, Noemí Ferrioli, ordenó la interposición de la denuncia penal que ingresó en la Fiscalía Nº11 de esta capital que encabeza Adriana Giannoni.

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“Rechazamos que este señor (Juárez) sea corredor inmobiliario y que su empresa sea una inmobiliaria. Para trabajar en forma legal, ambos deben cumplir los requisitos de título e inscripción en el Colegio”, manifestó al respecto Guzmán. El directivo añadió que Juárez había ingresado hace dos años en el registro de infractores que lleva la entidad, que agrupa a quienes ejercer el corretaje al margen de la ley. “Vamos a aportar las pruebas que tenemos en la causa penal. Entendemos que el IPV no quiere quedar en el medio de este tipo de cosas y, por eso, le interesa que se aclare qué pasó”, dijo.

MAYORES CONTROLES. Alejandro García  y Fernando Guzmán, representantes de los corredores inmobiliarios.  

Contra la intermediación

El quid de la cuestión radica, según Guzmán y García, en la estructuración de los emprendimientos: ambos sostienen que la venta previa de terrenos se presta a los excesos y a la falta de control advertidos en Villa Carmela. “Los adjudicatarios deben cumplir con la obligación de poseer tres años la casa antes de transferirla. Pero tampoco funciona la asignación de espacios por la compra de terrenos antes de que el proyecto esté terminado. Hay que volver al sorteo en un acto público, que es el mejor sistema desde el punto de vista de la transparencia”, reiteraron. Y anticiparon que iban a plantear todas estas inquietudes a Ferrioli en una audiencia.

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Para evitar engaños y posibles estafas, los corredores inmobiliarios aconsejaron contrastar la información que proveen los vendedores con la que existe el IPV. “Para tener certeza de la operación que se está haciendo es importante que la gente vaya por su cuenta al Instituto, sin que lo acompañe un tercero, y averigüe el estado del inmueble: el trámite es gratuito. O bien, acudir a una inmobiliaria matriculada. Si hay dudas, el Colegio puede ayudar a despejarlas”, recomendó García. Guzmán aseguró que la intervención de la escribanía no legitimaba necesariamente la operación, sino que podía ser una artimaña más.

En el Colegio de Corredores Inmobiliarios insisten en que el esquema de trabajo del IPV favorece a la clase media en desmedro de los sectores más vulnerables. “En el caso de Villa Carmela se habla de ‘un grupo de inversores’ cuyos nombres no han trascendido: estos sin duda no necesitan las casas de interés social”, observó García. “La tarea del Instituto es controlar y regular que ello no sea así. Se debe terminar con la intermediación”, acotó Guzmán. Los directivos dijeron que, de lo contrario, seguirán los engaños y estafas, y las ganancias extraordinarias a expensas de las necesidades de la gente.