12 Abril 2018
La elección del primer ministro público de la Defensa depende de una decisión del gobernador Juan Manzur, que está habilitado para escoger a cualquier abogado que reúna los requisitos legales tal y como sucede respecto de las vocalías de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de la jefatura del Ministerio Público Fiscal (el nombre elegido luego debe recibir el acuerdo de la Legislatura).
Ya transcurrió un año desde que el Poder Ejecutivo contrajo el derecho y el deber de nombrar a esta figura para el funcionamiento del nuevo proceso penal, y la definición aún no asoma. Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, dijo ayer que no tenía novedades sobre esta designación y prefirió no arriesgar plazos.
El Ministerio Público de la Defensa ha de ser organizado desde cero para ponerlo a la misma altura del Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez (temporalmente sigue siendo el jefe de los defensores estatales): en 2017, ambos órganos fueron separados y desvinculados de la Corte desde el punto de vista del manejo del personal y del presupuesto. Daniel Posse, presidente del alto tribunal, expresó que urgía llenar el despacho de la Defensa. “El nuevo Código Procesal Penal es un sistema que necesita que las partes encargadas de acusar y de defender estén separadas, y tengan superiores distintos, con iguales armas para llevar adelante un proceso adversarial. No tenemos esto todavía”, advirtió.
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