Qué opinaron los legisladores sobre el pedido de la Corte para prorrogar el nuevo Código Penal

Decisiones.- “Tanto la nota extemporánea (enviada por el presidente de la Corte, Daniel Posse) como la acordada dictada luego y fundada en normas que, sin ser juez, puedo decir que son de dudosa legitimidad; así como la última nota en la que solicitan la ratificación de una acordada a este cuerpo, creo que han sido todas decisiones equivocadas del máximo tribunal y de su presidente”, planteó Marcelo Caponio (PJ), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Desprolija- “La nota (de la Corte con el pedido de prórroga) ingresó a esta Legislatura cuando técnicamente el Código (Procesal Penal) ya había entrado en vigencia. Respecto de esto, la Corte ha sido más que desprolija; ha sido irresponsable, porque quienes tienen esta responsabilidad no pueden no darse cuenta que la entrada en vigencia (de esa normativa) era inminente. Es muy grave lo que pasó; me parece una situación más que vergonzosa, es peligrosa para el sistema jurídico de los tucumanos”, afirmó José Canelada (UCR).

Minimizar el daño.- “Es una situación muy grave y complicada la que se ha generado por este error y negligencia de la Corte Suprema de Justicia. Hoy (por ayer) tenemos que ser muy prolijos para ver cómo minimizamos, ya no para hacer desaparecer, el daño y la inseguridad jurídica (causados)”, planteó Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos).

La tensión entre poderes afloró en el debate del proceso penal

Resistencia al cambio.- “Sería inadmisible que un poder diga ‘no aplico la ley porque tengo resistencias al cambio’. Es una ley de la provincia; los jueces podrán opinar si es constitucional o no, y ese es el límite de control que establece el sistema republicano (...). No hay posibilidad para que los jueces opinen como analistas políticos”, alertó el radical Fernando Valdez. Y agregó: “los jueces y fiscales deben llevar la tranquilidad a la sociedad de que el reproche penal va a estar presente cuando se sufra un ilícito; cuando el subsistema penal no satisface a las víctimas la confianza de los ciudadanos baja a cero”.

Celosos guardianes.- “Tenemos que ser celosos guardianes de lo que son nuestras facultades constitucionales”, afirmó Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular). La aliada oficialista recordó que los jueces no pagan Impuesto a las Ganancias gracias a una acordada de la Corte de la Nación. “Espero que sea la última prórroga (para la aplicación del Código Procesal Penal). Los tucumanos necesitamos un proceso penal oral y ágil”, indicó la ex diputada nacional.

Sin defensa.- “El problema de la prórroga es derivada también de errores del Poder Ejecutivo: no se ha designado el ministro (público) de la Defensa, ni siquiera hay oficina (para ese cargo judicial). Quiere decir que uno de los elementos esenciales, el derecho a defensa en juicio, estaría faltando. Más allá de esto, el problema de la inseguridad es que no tenemos políticas para prevenir los delitos”, afirmó Eudoro Aráoz (UCR-Cambiemos), ex presidente del Colegio de Abogados.

“Que los jueces cobren igual que los legisladores”

Sin conflicto.- “No me parece que tengamos que plantear que acá hay un conflicto de poderes; creo que hay una discordancia... No quiero buscar responsables ni culpables”, expresó el legislador Rubén Chebaia (bloque Unión Cívica Radical).

Herencia.- “La inseguridad es un gran mal que nos dejó el alperovichismo. Debemos lograr que la Justicia funcione”, afirmó el radical Raúl Albarracín. Y destacó que el nuevo régimen procesal contempla mejores herramientas a la hora de la tramitación de las causas penales. “La seguridad es el valor que brilla por su ausencia en Tucumán. En octubre 2016 sancionamos el nuevo Código Procesal y se estableció el plazo de un año para que empiece a implementarse la prueba piloto en los centros judiciales del sur. Esto no ocurrió. Prorrogamos para abril de 2018, y tampoco ocurrió. Hay que hacerse cargo de las decisiones que se toman”, dijo.

No más pedidos.- “Las peleas entre poderes lo único que hacen es afectar a las instituciones”, planteó Claudio Viña (Nueva Fuerza). Y llamó a sus pares a no seguir “legislando a pedido”. “Estamos a la espera de que a algún otro poder se haya olvidado de algo, como cuando al Ejecutivo se le olvidó renovar la Emergencia en Seguridad”, remarcó el ex bussista.

Exageración.- “Soy de los que piensan que el artículo 405 del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán habilitaba a la Corte Suprema a dar la prórroga. Lo sostuve días atrás en el programa (Buen Día) que se emite vía online en el diario LA GACETA", remarcó el presidente subrogante de la Legislatura, el peronista Fernando Juri. Según su opinión, sería una “exageración” considerar que el alto tribunal trató de arrogarse potestades legislativas, y se mostró en desacuerdo con quienes calificaron negativamente la labor de la Corte. “Hay que poner un poquito de tino y calma; a veces las pasiones o el ánimo de defender nuestras posiciones nos llevan a expresarnos no de la forma en que el sistema democrático y republicano lo requiere”, manifestó el ex vicegobernador.

Puntos clave sobre el Código de la polémica

1- ¿Qué es el Código Procesal Penal de la provincia?

Es el conjunto de normas que regula el procedimiento a seguir en los tribunales penales para la investigación y juzgamiento de los delitos establecidos en el Código Penal Argentino (desde hurtos y robos agravados, como el motoarrebato, hasta los homicidios).

2- ¿Cuáles son las características del régimen actual?

El proceso penal es esencialmente escrito, ya que se apoya en el expediente. Se sostiene en la “tradición inquisitorial”, según el anteproyecto del nuevo texto procesal. Se lo critica por el bajo índice de sentencias en relación al número de causas abiertas.

3- ¿Cómo surge la idea de renovar esta normativa?

En 2012, la Corte impulsó un plan piloto con un nuevo régimen procesal. La Legislatura cuestionó el supuesto avance sobre sus potestades constitucionales. Así, se acordó la conformación de una comisión interpoderes para avanzar con un anteproyecto final.

4- ¿Cuáles son las novedades del nuevo Código Procesal?

La ley que regirá desde 2019 prevé un sistema de audiencias orales -desaparece el expediente escrito-, en las que las partes exponen ante el juez y se llega a una sentencia en plazos breves. Requiere inversiones edilicias y capacitar a los actores del fuero.