La tensión entre poderes afloró en el debate del proceso penal

La postura conciliadora de las autoridades de la Legislatura no alcanzó para disimular el clima de tensión que atraviesa la relación institucional con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).

En el recinto, oficialistas y opositores coincidieron en sus críticas hacia el alto tribunal, tras el insólito vencimiento de la prórroga para la puesta en vigencia del nuevo sistema de investigación y juzgamiento de delitos para los tribunales de Concepción y Monteros.

Ayer, en sesión especial, los bloques políticos coincidieron en votar a favor de una nueva ampliación del plazo para la instrumentación del renovado Código Procesal Penal de la Provincia, que quedó fijado para el 1 de febrero de 2019.

Los legisladores sin embargo no acataron al pie de la letra los pedidos de la CSJT. Tal como lo anticipó LA GACETA, redujeron el margen de acción del máximo tribunal con respecto a la implementación de la normativa procesal. Por ejemplo, se determinó que, una vez vigente, el texto comenzará a regir en toda la provincia -no sólo en Concepción, como quería la Corte Suprema- y se derogó el artículo que habilitaba a la “cabeza” de la Justicia a aplicar de manera gradual las nuevas disposiciones en el fuero penal.

“Que los jueces cobren igual que los legisladores”

Además de expresar su anhelo de que esta sea la “última prórroga”, los legisladores enviaron otro mensaje a la Corte Suprema.

Sobre tablas, y con el acuerdo entre el bloque oficialista PJ-Tucumán Crece y las bancadas de la oposición, se aprobó un proyecto mediante el cual el Poder Legislativo les requiere a los jueces un “informe sobre el grado de avance en el que se encuentra la implementación del nuevo Código Procesal Penal”. El texto sancionado no establece fechas, pero no hay antecedentes recientes de solicitudes similares desde el cuerpo legislativo a los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar.

Al exponer el proyecto de ley aprobado ayer, el oficialista Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, aseveró que el Código Procesal actual, vigente desde 1991, “no ha dado resultados” a la Justicia tucumana. Detalló que los detenidos por causas penales en cárceles y comisarías rondan los 2.000, y “sólo 500, o sea el 25%, tienen condena”. Remarcó que la reforma del texto procesal fue producto de dos años de trabajo de la comisión especial interpoderes, y que esa normativa apuntaba a “modernizar” el servicio de justicia. “Tucumán fue pionera en la redacción del anteproyecto; hoy. es la única provincia del NOA en la que no está vigente el proceso penal adversarial”, dijo Caponio.

Las críticas hacia la Corte afloraron en las casi dos horas de sesión (ver “Voces en el recinto...”). Sucede que el nuevo Código Procesal, sancionado en 2016, debía ser instrumentado el 1 de septiembre de 2017. Dos semanas antes de esa fecha, el alto tribunal pidió una prórroga a la Legislatura hasta el 1 de abril de 2018. El plazo caducó, y tres días después el cuerpo legislativo recibió una nota de Posse en la que requería una extensión de plazos. A esto le siguió el dictado de una acordada que “congelaba” la implementación del nuevo proceso penal. Luego, llegó una nota del vocal decano Goane pidiendo la ratificación de aquel instrumento.

“No puedo negar que hubo una omisión de la Corte, pero tampoco creo que se deba plantear una situación de conflicto de poderes entre la Legislatura y la Justicia. No creo que se hayan querido arrogar facultades legislativas”, afirmó el titular subrogante del cuerpo, Fernando Juri (PJ). Tras la sesión, también el vicegobernador Osvaldo Jaldo buscó “enfriar” las tensiones. “Bajo ningún punto de vista hay un conflicto de poderes; hay un complemento en el funcionamiento, y siempre vamos a estar a disposición y haciendo aportes importantes para mejorar la seguridad”, aseveró Jaldo. Para entonces, de todas formas, la mayoría de los legisladores ya había expresado en el recinto su descontento, con duros términos, hacia la Corte Suprema.

Puntos clave sobre el Código de la polémica

1- ¿Qué es el Código Procesal Penal de la provincia?

Es el conjunto de normas que regula el procedimiento a seguir en los tribunales penales para la investigación y juzgamiento de los delitos establecidos en el Código Penal Argentino (desde hurtos y robos agravados, como el motoarrebato, hasta los homicidios).

2- ¿Cuáles son las características del régimen actual?

El proceso penal es esencialmente escrito, ya que se apoya en el expediente. Se sostiene en la “tradición inquisitorial”, según el anteproyecto del nuevo texto procesal. Se lo critica por el bajo índice de sentencias en relación al número de causas abiertas.

3- ¿Cómo surge la idea de renovar esta normativa?

En 2012, la Corte impulsó un plan piloto con un nuevo régimen procesal. La Legislatura cuestionó el supuesto avance sobre sus potestades constitucionales. Así, se acordó la conformación de una comisión interpoderes para avanzar con un anteproyecto final.

4- ¿Cuáles son las novedades del nuevo Código Procesal?

La ley que regirá desde 2019 prevé un sistema de audiencias orales -desaparece el expediente escrito-, en las que las partes exponen ante el juez y se llega a una sentencia en plazos breves. Requiere inversiones edilicias y capacitar a los actores del fuero.