09 Abril 2018
La Unidad Penal N°3 de Concepción está colapsada y no reúne ni las más mínimas condiciones de seguridad e higiene que establece la ley para este tipo de establecimiento, según un dato de la Justicia.
La magnitud del drama se refleja en que el penal tiene una capacidad de albergue para unas 200 personas y, sin embargo, concentra a 310, entre condenados y procesados. Así dispone de celdas con ocho reclusos, cuando están destinadas para cuatro. “En ésta unidad no cabe ni un alfiler más y esto, al parecer, viene desde hace un tiempo”, admitió a LA GACETA Alicia Merched, jueza de Ejecución y Sentencias del Centro Judicial de Concepción.
La situación de la cárcel es el fiel reflejo de la grave crisis que enfrenta, también en el interior, toda la infraestructura edilicia, entre ellas comisarías, destinada a albergar detenidos por diferentes causas. El jueves pasado, en la comisaría de Monteros, detenidos de la capital protagonizaron un motín con quema de colchones que dejó el saldo de seis detenidos con principio de asfixia. El incidente fue iniciado por los apresados para reclamar ser reubicados en la ciudad de origen por cuestión de distancia. Habían sido trasladados hasta ahí ante la falta de espacio en la jurisdicción capital. Fueron alojados en esa comisaría, que tiene capacidad para 17 personas. Aunque en el momento del motín había 25, según datos de las autoridades. Tras ser clausurado el arresto, hasta ayer no había lugar donde reubicarlos.
Sin precedentes
Merched asumió su cargo hace menos de un año y desde entonces lidia con las vicisitudes propias de un sistema carcelario sumergido en una crisis sin precedentes. “El recluso, como ser humano, tiene, más allá del delito que cometió, derechos que el Estado debe garantizar. Y eso no está sucediendo siquiera mínimamente. Se habla de razones presupuestarias. Pero hay cuestiones que se deben respetar” sostuvo.
La magistrada reveló que, amén del hacinamiento infrahumano que sufren los reclusos, cuando se camina por el interior de la cárcel desde el techo afloran líquidos que anegan los pasillos e interior de las celdas. Recorriendo descubrió que parte del problema obedecía a la rotura de las cañerías de los baños. “Hay anegamientos con líquidos cloacales que bajan desde los pisos superiores hacia los pasillos y celdas. Es decir, que todo está invadido por una pestilencia insoportable”, comentó.
“Preocupa el riesgo que corre la salud de la población carcelaria”, advirtió. La jueza dijo que éste inconveniente ya lo expuso ante el Ministerio de Seguridad e Institutos Penales de la provincia, quienes se comprometieron a resolverlo en un corto plazo.
De cara a la crisis
Como alternativa, Merched impulsó la fabricación de bloques de cementos para ser utilizados en obras internas. También afianzó la producción de verduras para el comedor del establecimiento y se propone que los problemas que se generen en el interior , como eléctricos o sanitarios, sean trabajados por reclusos capacitados.
“El objetivo es que la mayor cantidad de internos trabajen adentro y se ganen sus propios recursos. Hay que tener en cuenta que no se les provee insumos personales ni elementos de limpieza. Si ganan su dinero podrán adquirirlos ellos mismos”, dijo. La magistrada propuso que el establecimiento sea dotado de cámara de seguridad con un centro de monitoreo y de grupo electrógeno propio. “Son elementos esenciales para mejorar la seguridad y tenemos el compromiso de las autoridades de la provincia de que se los va a instalar” adelantó optimista la magistrada.
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