Por LA GACETA
08 Abril 2018
Cuando en lugar de brindar una solución, se produce el efecto contrario, se suele decir que a veces peor es el remedio que la enfermedad. La crisis del alojamiento de los presos se ha profundizado a partir de la puesta en vigencia de la ley provincial N° 8.747, que contempla la prisión preventiva para motochorros, “rompevidrios” y escruchantes. El hacinamiento de los reclusos en las comisarías no solo es alarmante, sino que atenta contra la condición humana. Meses atrás había unas 700 personas alojadas en dependencias policiales, actualmente, como consecuencia de la nueva normativa, la cifra asciende a 944, cuando la capacidad máxima es de 380.
La Corte Suprema de Justicia, a través de una acordada, le solicitó al Poder Ejecutivo que se cerraran los calabozos en la seccional 11ª y en la ex Brigada de Investigaciones, debido al hacinamiento. A pesar del anuncio oficial de que lo harían, la medida no se concretó; actualmente hay alojadas 79 personas, cuando solo tienen capacidad para 40. Ni la Corte ni la Secretaría de Derechos Humanos constataron que la clausura se hubiese llevado a cabo.
Desde hace mucho tiempo, se suceden denuncias por amontonamiento en las comisarías. Por ejemplo, hace 14 años, en julio de 2004, el entonces secretario de Derechos Humanos se apersonó en la seccional Primera a raíz de denuncias realizadas por madres de dos presos allí alojados. El funcionario constató que los hijos de estas mujeres permanecían arrestados junto con otros 20 presos en una celda de 4 metros de ancho por 3 de largo. Esta realidad se fue agravando con el paso de los años, a causa de la inacción de las autoridades.
El sistema carcelario está en crisis desde hace años. En agosto pasado, la Procuración Penitenciaria de la Nación señaló en un informe que la situación de los penales de Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí, era grave. Observaron in situ la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación de los reclusos, así como las pésimas condiciones materiales de alojamiento. “Las instalaciones se encontraban totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización”, indicaron.
Esta seria situación está reflejando que en lugar de promover soluciones de fondo para enfrentar el problema, presionados por la ascendente ola delictiva y por la inseguridad, los tres poderes del Estado obran irresponsablemente porque toman medidas sin tener en cuenta la realidad. Si desde hace tiempo, no hay lugar para nuevos presos por falta de infraestructura, es un contrasentido poner en marcha una iniciativa que favorecerá aún más el amontonamiento de personas con el riesgo que ello supone.
Una persona que roba, viola o mata, tiene problemas psicológicos y culturales serios que le impiden su adaptación social. La pérdida de la libertad es uno de los castigos más terribles que puede padecer un ser humano. Las comisarías y los penales abarrotados de presos, así como la ineficacia para cumplir con la misión de rehabilitar al condenado, ponen en evidencia la ausencia de una política de Estado, así como la incapacidad de nuestros gobernantes para resolver esta problemática que se agrava a diario.
Si se sigue echando leña al fuego, no alcanzarán los bomberos para apagar este incendio social.
Cuando en lugar de brindar una solución, se produce el efecto contrario, se suele decir que a veces peor es el remedio que la enfermedad. La crisis del alojamiento de los presos se ha profundizado a partir de la puesta en vigencia de la ley provincial N° 8.747, que contempla la prisión preventiva para motochorros, “rompevidrios” y escruchantes. El hacinamiento de los reclusos en las comisarías no solo es alarmante, sino que atenta contra la condición humana. Meses atrás había unas 700 personas alojadas en dependencias policiales, actualmente, como consecuencia de la nueva normativa, la cifra asciende a 944, cuando la capacidad máxima es de 380. La Corte Suprema de Justicia, a través de una acordada, le solicitó al Poder Ejecutivo que se cerraran los calabozos en la seccional 11ª y en la ex Brigada de Investigaciones, debido al hacinamiento. A pesar del anuncio oficial de que lo harían, la medida no se concretó; actualmente hay alojadas 79 personas, cuando solo tienen capacidad para 40. Ni la Corte ni la Secretaría de Derechos Humanos constataron que la clausura se hubiese llevado a cabo.
Desde hace mucho tiempo, se suceden denuncias por amontonamiento en las comisarías. Por ejemplo, hace 14 años, en julio de 2004, el entonces secretario de Derechos Humanos se apersonó en la seccional Primera a raíz de denuncias realizadas por madres de dos presos allí alojados. El funcionario constató que los hijos de estas mujeres permanecían arrestados junto con otros 20 presos en una celda de 4 metros de ancho por 3 de largo. Esta realidad se fue agravando con el paso de los años, a causa de la inacción de las autoridades.
El sistema carcelario está en crisis desde hace años. En agosto pasado, la Procuración Penitenciaria de la Nación señaló en un informe que la situación de los penales de Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí, era grave. Observaron in situ la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación de los reclusos, así como las pésimas condiciones materiales de alojamiento. “Las instalaciones se encontraban totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización”, indicaron.
Esta seria situación está reflejando que en lugar de promover soluciones de fondo para enfrentar el problema, presionados por la ascendente ola delictiva y por la inseguridad, los tres poderes del Estado obran irresponsablemente porque toman medidas sin tener en cuenta la realidad. Si desde hace tiempo, no hay lugar para nuevos presos por falta de infraestructura, es un contrasentido poner en marcha una iniciativa que favorecerá aún más el amontonamiento de personas con el riesgo que ello supone.
Una persona que roba, viola o mata, tiene problemas psicológicos y culturales serios que le impiden su adaptación social. La pérdida de la libertad es uno de los castigos más terribles que puede padecer un ser humano. Las comisarías y los penales abarrotados de presos, así como la ineficacia para cumplir con la misión de rehabilitar al condenado, ponen en evidencia la ausencia de una política de Estado, así como la incapacidad de nuestros gobernantes para resolver esta problemática que se agrava a diario.
Si se sigue echando leña al fuego, no alcanzarán los bomberos para apagar este incendio social.
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