Por Gustavo Rodríguez
08 Abril 2018
DURA REALIDAD. Los detenidos pueden ser ubicados en las oficinas de las dependencias policiales por la falta de espacio en los calabozos.
Uno
Más carceleros, menos policías en la calle
Sólo en la capital de la provincia hay 12 dependencias policías que tienen más de 434 detenidos. Para custodiarlos se utilizan al menos 36 efectivos (cifra totalmente exigua según los estándares internacionales) por día. Con esa cantidad de efectivos, sobra para colocar un hombre en cada manzana del ahora castigado Barrio Norte o implementar el programa de Acercamiento Comunitario a otros siete barrios más como lo están haciendo en los barrios La Costanera, Alejandro Heredia y ATE.
Dos
Se desperdician fondos por los motines
En menos de dos meses se produjeron al menos tres motines en comisarías. El primero que se produjo en la seccional 11a Y después en Lules y en Monteros. Para reparar los daños se necesitaría al menos $1 millón. Con ese dinero podría adquirirse hasta dos patrulleros o una camioneta o 100 chalecos antibalas para comenzar a reemplazar los que tiene vencidos la fuerza.
Tres
Traslados que quitan recursos para prevenir
Al haber presos alojados en el interior de la provincia, la Policía pierde hombres y móviles para su traslado a Tribunales para que cumplan con pasos procesales. Tomando el caso de Monteros, donde estaban encerradas nueve personas detenidas de la capital, se hubieran necesitado 10 uniformados y cinco móviles (por cuestiones de seguridad se movilizan dos reclusos por vez) y dos horas para realizar ese trámite. Si esta tarea la desarrolla un solo móvil, la demora sería de casi todo un día. No se tiene en cuenta los gastos que implican estos viajes.
Cuatro
Se generan movimientos de uniformados
El traslado de presos a comisarías alejadas del interior de la provincia generó un cambio en la distribución del personal. Dependencias que contaban con cinco hombres de turno por día tuvieron que ser reforzadas con uno o dos hombres más. Esos agentes fueron sacados de los lugares donde había más uniformados y que, justamente son las zonas más conflictivas, para solucionar el problema.
Cinco
Se producen más demoras en la Justicia
En las fiscalías las demoras en los traslados de los reclusos se agregaron al considerable aumento de trabajo generado por la aplicación de la ley contra motochorros, rompevidrios y escruchantes atentan contra la atención a las víctimas y la investigación de las causas. Quedó demostrado que con la nueva norma, por ejemplo, se triplicó el pedido de prisiones preventivas. Nunca se pensó en incrementar los recursos humanos para garantizar el normal desarrollo de las actividades que se desarrollan diariamente.
Seis
La Nación también colabora en la crisis
El problema carcelario no es una cuestión únicamente provincial. Se estima que al menos el 20 por ciento de la capacidad de las comisarías (poco más de 40) está cubierto por personas que fueron procesadas por causas vinculadas a drogas. Al no haber una prisión federal, los acusados son llevados a dependencias policiales hasta que ingresen al penal de Villa Urquiza. Su cuidado corre por cuenta de miembros de la fuerza de seguridad provincial.
Siete
La salud de los presos ocasiona problemas
El hacinamiento en los calabozos está generando problemas de salud entre los presos alojados. No sólo se está movilizando el Siprosa, sino que muchas veces personal policial debe encargarse del traslado y hasta custodia de las personas en los centros asistenciales. Además, este problema puede generar futuras acciones civiles en contra del Estado por daños y perjuicios.
Ocho
Cada vez Es más notoria la falta de previsión
Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia, estimó que la población carcelaria en 2020 sería de unas 3.000 personas. Sin embargo, esos números son exiguos, ya que se estima que ese número quedaría cubierto hasta diciembre. Actualmente hay unas 1.700 personas en las cárceles y otras 900 en las comisarías. Si se tiene en cuenta el promedio de prisiones preventivas que se están solicitando por turno (unas 60), hasta fin de año se mantendrían privados de su libertad más de 1.500. Entonces, el número de presos en la provincia ascendería a 4.100.
Dos proyectos que no solucionarán el problema
El ministro Claudio Maley anunció la realización de obras en Villa Urquiza que aún no se concretaron.
La provincia y la Nación anunciaron que construirán nuevos lugares para albergar a detenidos, pero ninguno de los dos podrá ser utilizado en corto plazo, por lo que lo no se podrá descomprimir la situación.
El PE, luego del escándalo que se desató en la seccional 11ª, anunció un ambicioso plan de ampliación del penal de Villa Urquiza. El ministro Claudio Maley había asegurado en esa oportunidad que se habilitará por completo la nueva Unidad 10 (con capacidad para 186 presos), ya que se sumarán 110 guardiacárceles. Pese a que ese anuncio se realizó hace casi un mes, todavía no se concretó.
Además, adelantó Maley, ya están en condiciones de avanzar, con recursos provinciales, en la construcción de cinco módulos dentro de ese predio, en un sector lindero con la avenida República del Líbano. Según el proyecto, allí se emplazarán unidades con capacidad para 90 celdas individuales cada una (450 presos, en total). “La intención es que en unos seis meses estén listos”, precisó el ministro en aquellos momentos, ya que hasta ahora no hizo declaraciones.
El de la Nación
En tanto, por una gestión realizada por la senadora Silvia Elías de Pérez, la Nación anunció finalmente que destinará una importante inversión para construir un penal para capacidad de unos 500 reclusos. federales Las obras, según se anunció hace un mes, se realizarán en los predios del ex Arsenal y estaría lista seis meses después de comenzará con los trabajos.
Actualmente se necesitan más de 1.000 plazas para que se solucione la crisis carcelaria en toda la provincia. Por ese motivo, ni inaugurándose los dos proyectos de manera simultánea se acabará con la crisis carcelaria.
La palabra de los políticos
“A este gobierno no le interesa la seguridad de la provincia”
José Canelada (UCR)
“La cronología de declaraciones de emergencia que tuvieron como finalidad arreglar las comisarías, por las cuales el oficialismo afectó fondos y se autorizó una y otra vez a evadir la licitación pública, son la muestra más cabal de que la seguridad de la provincia no le preocupa a este gobierno”, aseguró el legislador radical José María Canelada. “Tuvieron (y tienen) todas las normas para resolver el problema y no lo hicieron. Lo que falta es decisión política, honesta voluntad de resolver uno de los problemas más sensibles que aqueja a los tucumanos”, agregó.
Canelada opinó: “la Ley que recientemente aprobó la Legislatura intenta dar las respuestas ágiles que esperan los ciudadanos del sistema de justicia. Todos debemos colaborar. Es necesario que sancionada la norma el Ejecutivo genere las condiciones para que la misma sea implementada de manera eficiente. Si hay más detenidos, los lugares de detención deben ser adecuados y suficientes”.
“Raya el absurdo que el ministróo fiscal (Edmundo) Jiménez hable de esta situación como un recién llegado, como un desentendido. Fue funcionario de (José) Alperovich, fue parte de este gobierno. Es ridícula la forma en la que pretende desentenderse del tema. El PE sigue buscando ocupar los títulos de las noticias, pero no hay un plan concreto para combatir la inseguridad y para revertir la crisis carcelaria de la provincia”, concluyó.
“Se necesita aplicar una urgente política de inversión”
Julio Silman (Tucumán Crece)
“Aquí no hay muchos secretos: aquí se necesita una política de inversión para resolver el problema de la crisis carcelaria”, aseguró el oficialista Julio Silman. El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad dijo que se debe buscar una solución a corto plazo. “El año pasado, el camarista (Ricardo) Sanjuán había propuesto que se acondicione un edificio para recibir los presos y descomprimir la crisis carcelaria”, destacó.
Varios edificios públicos que están abandonados y con algunas refacciones perfectamente puede ser utilizados para que funcionen como lugares de alojamiento. Hay que buscarlos, acondicionarlos y habilitarlos cuanto antes porque esta situación exige una inmediata respuesta”, comentó.
El parlamentario señaló además que para cumplir con este punto es fundamental que se realice una inversión. “Esto puede ser un paliativo, pero también se debe pensar que es hora de utilizar recursos para hacer una cárcel en un lugar apropiado”, comentó.
Silman se mostró sorprendido por la aparente falta de previsión del ministro de Seguridad Claudio Maley. “No es nuevo en el cargo; asumió hace ya más de cuatro meses. En la Legislatura, al declarar varias emergencias, le dimos numerosas herramientas para que puedan ser utilizadas ante este tipo de problemas. Por ese motivo estamos convencidos de que se necesita hacer cuanto antes una importante inversión en esta área”, comentó.
“El PE podría ocupar al ex Hospital Militar”
Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular)
“Hay años de atrasos con responsabilidades compartidas. En primer lugar si la Nación nos hubiera admitido en la implementación de los programas que proveen cárceles federales, no estaríamos hablando de una crisis carcelaria. Lo más grave es que otras provincias como Santiago del Estero y Salta pudieron acceder a esos programas”, señaló la legisladora Stella Maris Córdoba.
La parlamentaria destacó: “desde el PE se están buscando alternativas como acondicionar el ex Hospital Militar (ubicado en Barrio Jardín) para albergar transitoriamente a los presos hasta que se termine de elaborar un nuevo proyecto de unidad penitenciaria en la zona de Benjamín Paz, al este de la provincia”.
“Es indiscutible que todo lo que se haga ahora será como si estuviéramos trabajando por detrás del problema, pero ya lo advirtió el ministro de Seguridad (Claudio Maley) que no estamos cumpliendo con las normas que disponen los tratados internacionales de derechos humanos sobre el alojamiento de personas en las comisarías”, comentó Córdoba.
La también integrante de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia sostuvo que se deben dejar de lado “las ideas parches como instalar una cárcel en medio de zonas urbanas. En Buenos Aires están trasladando Villa Devoto a una localidad mucho más alejada de la ciudad. Acá se debería hacer exactamente lo mismo y utilizar el ex Hospital Militar debe ser una alternativa”.
“Este es un problema de arrastre que no se quiso ver”
Fernando Valdez (UCR)
“Creo que este es el resultado de no haber estudiado en profundidad y desde diversas perspectivas”, indicó el legislador radical Fernando Valdez.
El secretario de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia agregó: “Lo del hacinamiento de presos es el efecto esperado de habilitar legalmente la prolongación de las detenciones preventivas. Y el colapso se produce con mayor rapidez de lo que podía esperarse. Y confirma la incapacidad del área de prever y dar respuestas de emergencia al problema”.
“En lo estrictamente carcelario es un problema de arrastre que no se quiso ver. Es la incapacidad o falta de seriedad en la asignación presupuestaria de años”, destacó el parlamentario.
El opositor opinó cuál es el origen del problema. “Entender la detención preventiva como ingrediente fundamental de una política de seguridad sin innovaciones es un claro camino al desastre y lo estamos viendo von el número de personas privadas de la libertad y las condiciones de detención”, señaló.
Valdez insistió que se está viviendo “las consecuencias de la incapacidad del Estado no sólo de alojar a los detenidos, sino también de alimentarlos. No podemos seguir esperando soluciones mágicas. Hace falta voluntad política para resolver el tema con dos ingredientes esenciales: conocimientos y recursos. Pero tampoco se puede dejar de lado los plazos concretos y la evaluación de los resultados”.
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