Dos años después de crearlo, la Corte activa un registro de causas contra funcionarios

Llevó años crear una base de datos de causas relativas a hechos de corrupción en Tucumán. La Corte Suprema de Justicia dio el último paso el 12 de marzo pasado, al reglamentar el Registro de Funcionarios Públicos Imputados en Delitos contra la Administración Pública. Los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán (en disidencia parcial) y Claudia Sbdar resolvieron que sólo serán publicitados los expedientes con requerimiento de elevación a juicio, según consta en la Acordada 152.

El criterio acordado por la mayoría para la registración deja afuera los casos penales que transitan la fase de investigación, que son la inmensa mayoría puesto que sólo unos pocos procesos logran traspasar aquella etapa. El vocal Estofán, en minoría, disintió con sus pares: según su opinión, sólo debían ingresar a la base aquellos casos con sentencia de elevación a juicio firme (no pasible de recursos). Esta exigencia implicaba cerrar aún más la puerta de entrada al padrón público.

Originariamente, el registro abierto en 2016 iba a contener todas las causas donde los funcionarios denunciados hubiesen sido imputados. Gandur, entonces presidente del alto tribunal, incluso dictó resoluciones en las que precisó que el acto dirimente era la declaración como imputado o indagatoria y que, en el supuesto de los funcionarios públicos con fueros, los fiscales debían informar la petición de apertura de la investigación jurisdiccional (a cargo de jueces). El vocal hasta llegó a solicitar, por medio de la Secretaría de Superintendencia, la información a las fiscalías, juzgados y tribunales del fuero penal. El registro quedó parado en ese punto. En abril de 2016, Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia, colgó un aviso en la pestaña digital correspondiente (justucuman.gov.ar) que indicaba que el padrón estaba en vías de reglamentación.

Hace algunos días el registro fue actualizado y exhibe la acordada reglamentaria, que dejó sin efecto todo acuerdo o resolución que se oponga a ella. Coherente con la separación de aguas existente desde 2017, las nuevas pautas excluyen a los fiscales que integran el Ministerio Público de Edmundo Jiménez. Los vocales indicaron que los jueces intervinientes solicitarán la registración cuando la elevación a juicio sea requerida respecto de hechos que cumplan al menos uno de los siguientes parámetros: a) que intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones o que esté vinculado con la actividad propia de una repartición pública; b) que se refiera a una obra o servicio público; c) que afecte un interés público (por ejemplo, al sistema financiero, al ambiente, a la división de poderes, al sistema electoral, etcétera) y d) que encuadre en las previsiones de la Ley Nº 24.759, que aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Las primeras entradas

El deber de informar pesa sobre los secretarios de los juzgados de Instrucción, correccionales, de Ejecución de Sentencia, y de las cámaras de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y Penal. Estos funcionarios han de rellenar el formulario aprobado como anexo, que exige una serie de datos sobre la autoridad involucrada y los hechos que se le imputan.

El registro aún no contiene entradas, pero, por su estado procesal, deberían ingresar en él los casos “Lebbos”; de Miguel Ángel Brito, ex director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia; del ex fiscal Carlos Albaca y del intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga, y la causa correspondiente al acuartelamiento policial de 2013. También hay otras pesquisas con requerimiento de elevación a juicio oral que involucran a agentes policiales y a funcionarios de segunda o tercera línea, y que no trascendieron.

Tucumán carece de leyes de ética y de acceso a la información públicas. El seguimiento de la actividad de la Justicia penal depende, incluso para los propios denunciantes, de la apertura y del espíritu de rendición de cuentas de cada juez y fiscal. Algunas causas de gran repercusión pública terminan archivadas sin que nadie lo advierta mientras que otras permanecen abiertas durante años, casi sin movimientos. Un conjunto de esos expedientes sensibles forma parte de la veeduría impulsada por la Nación en los Tribunales locales. Con la excepción de un puñado de agentes estatales de la jerarquía más baja, no hay en la provincia casos de corrupción con condenas firmes.