Goane pide a Jaldo un aval para la prórroga hasta 2019

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura analizaba el cambio de parecer de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respecto de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal cuando llegó otra nota procedente del alto tribunal (ver “Nuevo proceso penal...”). La comunicación de ayer lleva la firma del vocal decano René Goane y solicita al vicegobernador Osvaldo Jaldo la ratificación de la Acordada 275/18 que postergó hasta febrero de 2019 la implementación del digesto sancionado en 2016 y lo circunscribió a Concepción (la prórroga legal también incluía a Monteros). Goane, que ejerce la presidencia de la Corte por la ausencia de Posse, no mencionó la palabra “ley” sino que dijo que la confirmación debía ser instrumentada “por los medios correspondientes”.

La nota del vocal decano tiene cinco renglones, uno menos que la que dos días antes, el 3 de abril, había remitido Posse a Jaldo para pedir la extensión hasta el 31 de octubre del aplazamiento vencido el primero de este mes. En las 48 horas transcurridas entre ambas misivas, la Corte dictó la Acordada 275/18 con los votos de Posse, Goane, Antonio Estofán y Antonio Gandur (en disidencia parcial) para manifestar que el nuevo código es de aplicación imposible y que, por eso, había que diferirlo (la vocal Claudia Sbdar no votó porque estaba de licencia y, desde ayer, en comisión). Para actuar de este modo, el máximo tribunal local citó un artículo del digesto prorrogado, el 405, que le confiere facultades para definir cuándo, dónde y cómo operará el cambio de sistema. Esa cláusula fue incorporada junto con la que establecía que la reforma iba a ser activada en toda la provincia en septiembre de 2017. Luego el Poder Legislativo fijó la meta de abril, y limitó el debut a Concepción y Monteros.

Si bien el miércoles la Corte entendió que tenía atribuciones para despejar la incertidumbre jurídica que había creado el vencimiento de la prórroga, al día siguiente su presidente sustituto consideró que la Legislatura debía ratificar la tesitura del acto administrativo. En la memoria institucional reciente de la provincia no hay registro de una solicitud similar, que asemeja la acordada emitida por la cabeza del Poder Judicial a los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Si la Legislatura aceptara la petición de Goane, ya no sería una decisión de superintendencia sino una norma la que aplazaría el cambio de sistema. Ello daría estabilidad y firmeza al manejo de los tiempos frente al eventual planteo de nulidades de las víctimas, acusadores e imputados del sur que consideren que una decisión administrativa no puede frenar la ley procesal penal. Pero también puede suceder que los legisladores rechacen la solicitud del vocal decano o sancionen una norma que contradiga la Acordada 275/18.