SITUACIONES. En la comisaría de calle Buenos Aires al 400, hay una veintena de personas que están privadas de la libertad por diferentes delitos. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio
Luis Duarte y Gustavo Rodríguez - LA GACETA
La Corte Suprema de Justicia de la provincia (CSJT) había exhortado al Gobierno a que concrete las medidas ordenadas para revertir la crisis carcelaria, marcada por el hacinamiento de reclusos en las dependencias de la Policía y el estado “calamitoso” de los edificios de las comisarías. “Venimos observando que hay lentitud en el cumplimiento de la medida cautelar. Por eso, convocamos a esta audiencia a los efectos de instar al Poder Ejecutivo (PE) a que arbitre los medios para que ese cumplimiento sea efectivo”, había afirmado el presidente del máximo Tribunal, Daniel Posse, tras una reunión con funcionarios provinciales. Ocho días después del encuentro entre los representantes de los dos poderes, una nueva situación volvió reflejar las difíciles condiciones del sistema penitenciario, en particular, en las comisarías.
La fiscala Adriana Giannoni, por una denuncia que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, comenzó a investigar un supuesto caso de abuso sexual que habría sufrido un detenido en la seccional 2ª. Ante ello, un equipo judicial secuestró elementos y se entrevistó con la supuesta víctima, aunque la persona desmintió la versión. En ese momento, el detenido contó también que padecía, al igual que otros compañeros, problemas en la piel y que podría haber sido sarna, una enfermedad producida por un parásito llamado ácaro y que suelen presentar los perros y gatos.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, esta patología (de acuerdo a la especie) “puede ser transmitida al ser humano por contacto directo con la piel de los animales”. “Los ácaros también pueden estar presentes en la ropa, toallas y ropa de cama (...) En las personas se manifiesta como lastimaduras o lesiones en la piel, que se ve como irritada o con elevaciones delimitadas de menos de un centímetro, acompañadas de picazón”, expresa la información oficial.
En el calabozo
Ante esta situación, la fiscala se comunicó con Gustavo Vigliocco, secretario Ejecutivo Médico del Ministerio de Salud, quien se comprometió a llevar el tráiler sanitario a la dependencia policial de Buenos Aires al 400 para asistir a las personas que se encuentran alojadas.
Presos de la capital se amotinaron para exigir que los trasladen
En la seccional 2ª explicaron ayer que no se habían registrado casos de sarna ni contagios entre las personas alojadas en el edificio. Fuentes de esa dependencia dijeron que dos internos presentaron lastimaduras en la piel, en la zona de los brazos, y que ya habían iniciado un tratamiento dermatológico.
Con base a la información de las fuentes de esa comisaría, equipos médicos de la Policía y del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) revisaron a los dos pacientes, al igual que el resto de los internos.
Hasta el miércoles, en la comisaría estaban alojados 23 detenidos. Ayer, cuatro de ellos fueron trasladados hasta la cárcel.
Un informe de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, presentado ante la Justicia meses atrás, había advertido una serie de situaciones en 10 comisarías locales. Una de esas condiciones era el alarmante nivel de hacinamiento de personas privadas de la libertad. Además, había alertado:
• El estado de infraestructura “calamitoso” de las dependencias. La ausencia de ventilación y de luz natural o artificial.
• El incumplimiento del servicio de alimentación ordenado por la Corte. Falta de higiene y limpieza en los lugares de detención. “Deplorables” condiciones para el descanso y falta de seguridad en los edificios.
• Ausencia de protocolos para las entrevistas de la defensa técnica, como también criterios uniformes en el régimen de disciplina y la provisión y administración de medicamentos.
• Falta de recreación y esparcimiento para las personas procesadas.
Ahora también están colapsados los arrestos del sur
Estos datos fueron ratificados luego por un estudio de la Oficina de Oficina de Derechos Humanos y Justicia. El análisis, inclusive, hizo hincapié en el agravamiento, en varios casos, de las condiciones de detención.
Así, la Corte ordenó al Ejecutivo la clausura de la seccional 11a y de la Alcaldía de la Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos (ex Brigada) como lugares de detención, y el traslado de los detenidos a inmuebles que cumplan los estándares del derecho penitenciario, entre otras medidas.
El Gobierno, por su parte, anunció, precisamente, la reubicación de los detenidos alojados en la comisaría 11a y en la ex Brigada de Investigaciones, y un plan de ampliación del penal de Villa Urquiza.
