“El voluntarismo no alcanza para reformar la Justicia”

El Colegio de Abogados de la Capital dijo que la correcta administración de justicia siempre había estado en el centro de sus preocupaciones y que, por ello, entendía que no valía de nada legislar si esa actividad no iba acompañada de recursos capaces de hacer realidad los cambios legislativos. “El voluntarismo no alcanza para reformar la Justicia”, expresó Marcelo Billone, presidente de la entidad, en un comunicado emitido a propósito de las marchas y contramarchas relativas a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2016 en Concepción y Monteros, y de las consideraciones del legislador oficialista Marcelo Caponio.

El dirigente profesional rechazó el desinterés que le había endilgado Caponio y añadió que le llamaba la atención que el “abanderado” de una ley con graves falencias ahora se “rasgara las vestiduras”. Además, Billone exigió explicaciones a Caponio por medio de una carta documento (se informa por separado). “Entendemos, al igual que lo hace la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe suspenderse la puesta en marcha del nuevo código hasta que sean subsanadas las falencias de infraestructura que hacen imposible su aplicación. Pero consideramos que la vía más apta para dar un adecuado contexto legal a la cuestión sería la sanción de una ley que así lo dispusiera y que, además, adoptara las previsiones para dotar de los fondos necesarios al Poder Judicial para poder avanzar en la tarea de preparación del cambio de sistema”, manifestó Billone. La Legislatura discute si dictará una nueva prórroga (ver “Nuevo proceso...”). El vocal decano del alto tribunal, René Goane, ayer pidió al vicegobernador Osvaldo Jaldo que los legisladores ratifiquen el aplazamiento hasta 2019 dispuesto por la Corte por medio de la Acordada 275/2018 (ver “Goane pide a Jaldo...”).

Billone advirtió que no era la primera vez que el Gobierno impulsaba modificaciones procesales sustanciales sin dotarlas de los medios para implementarlas con la seriedad debida. Y recordó el caso de la remodelación del fuero laboral aplicada a comienzos del año pasado con la oposición del Colegio, que incluso promovió infructuosamente un juicio ante la Corte Suprema. “De manera alguna ha de lograrse una recta administración de justicia con la mera sanción irresponsable de nuevas leyes procedimentales que no pueden en los hechos ser puestas en funcionamiento y que trasuntan que en realidad quienes no se interesan por los problemas tanto ya existentes como los que se desencadenan a partir de la sanción de estas normas inviables son precisamente los legisladores que las prohijaron”, cuestionó.

“Impresentable”

Billone dijo que también despertaba su curiosidad que sea el legislador Caponio, autor en su momento de “un desgraciado proyecto de ley de subrogancia”, quien objetara al Colegio su preocupación por este tema. “Es cierto que nos preocupamos y lo seguiremos haciendo. Tuvimos que extremar esfuerzos para evitar que la impresentable propuesta mencionada, que se apartaba de todas las pautas constitucionales sobre la materia, prosperara (en la Legislatura). Evidentemente, cuando la cuestión dejó de interesarle personalmente, Caponio la considera reprochable”, contestó.

El martes, el legislador oficialista había responsabilizado al presidente de la Corte, Daniel Posse, por el vencimiento del plazo para implementar el nuevo proceso penal en Concepción y Monteros. Según Caponio, el código de 2016 estaba en vigor desde el 1 de abril y su aplicación era obligatoria para los jueces. Caponio añadió que advertía un desinterés generalizado por el funcionamiento correcto de la Justicia penal que partía de algunos jueces “cómodos” y comprendía a los propios actores de la abogacía.