04 Abril 2018
El proyecto del Parque Nacional Aconquija quedó en medio de una puja judicial entre el Gobierno Nacional y la Provincia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en favor del Ejército Argentino en una demanda por un predio en Tafí del Valle de más de 10.000 hectáreas. Las tierras en litigio se disputan desde los 70.
Ayer, el máximo tribunal del país le dio la razón en un recurso declarativo de certeza presentado por el Ejército sobre un predio en Tafí del Valle que la Provincia le había quitado a través de una ley sancionada en 2004. Se trata del paraje “El Mollar”, ubicado en las laderas del cerro Ñuñorco.
La Corte estimó con la firma de los cinco magistrados que “la Nación ha cumplido con el cargo al que estaba sujeta la donación, toda vez que dicho inmueble se destinó al funcionamiento de un campo de instrucción y maniobras, defensa, seguridad y otros fines militares como lo indicaba la ley; por lo que la demandada ha revocado la donación sin causa justificada”, justifican en la acordada, citó la agencia Télam. Funcionarios de la Fiscalía de Estado de la Provincia informaron a LA GACETA que fueron notificados de la sentencia ayer por la tarde, y que aún no podían adelantar qué medidas tomarían.
La discusión sobre los terrenos había comenzado durante el final de la dictadura militar que había comenzado en 1966, encabezada por Juan Carlos Onganía. En 1973, una familia tucumana propietaria de terrenos en Tafí del Valle acordó cederlos a la Provincia para saldar deudas. El entonces interventor militar Oscar Sarrulle (1971-1973) definió donar ese padrón de 10.000 hectáreas al Ejército 10 días antes del traspaso de poder a los civiles, programado para el 25 de mayo de 1973. “Dónase al Estado Nacional Argentino (comando en Jefe del Ejército) y con el fin de que sea destinado a campo de instrucciones y maniobras, defensa, seguridad y otros fines militares, el siguiente inmueble de propiedad de la Provincia, y que fuera recibido en pago de créditos fiscales”, reza el decreto ley 3.943, firmado el 15 de mayo de 1973. La norma establecía que los pobladores que se encontraran en ese predio perderían sus derechos de propiedad.
En 1978, durante la última dictadura militar, el interventor provincial de facto Lino Montiel Forzano ratificó con un nuevo decreto-ley la norma de su antecesor, y corrigió datos catastrales de la nomenclatura.
En 2004, durante la gobernación de José Alperovich, la Legislatura sancionó la ley 7.408 que revocaba la cesión al Ejército.
En 2016 la Provincia cedió una porción de tierras, que incluía las 10.000 hectáreas que reclama el Ejército, a la Nación, para que estén protegidos bajo la ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. El objetivo era la creación del Parque Nacional Aconquija. El año pasado, en la Cámara de Diputados se le dio media sanción a la ley nacional de creación del Parque Aconquija, que contendrá al Parque Nacional Los Alisos, llevando el área protegida de 16.000 hectáreas a 80.000 hectáreas. Las 10.000 hectáreas reclamadas por el Ejército conforman el límite norte del parque proyectado.
El ex diputado Miguel Camel Nacul, uno de los promotores del proyecto del Parque Nacional Aconquija, aseguró a este diario que la cesión de los terrenos por los interventores militares significó “un despojo patrimonial a la Provincia”. “La Provincia ya cedió la jurisdicción ambiental a la Nación. Ahora resta tratar en el Senado incluir la figura de Reserva Nacional, para permitir la explotación económica amigable y de subsistencia de las comunidades originarias que viven dentro de los límites del futuro parque. La Corte Suprema emitió un fallo que no contempla la ilegitimidad del acto de donación, justo a poco del 24 de marzo, donde gran parte de la sociedad marchó por memoria, verdad y justicia. Resulta contradictorio”, finalizó.
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