Una comisión pide respuesta a un juez por la muerte de un preso que había denunciado venta de droga

El homicidio del preso Fernando Sebastián Medina en el penal de Villa Urquiza, perpetrado en noviembre pasado, luego de que denunciara supuestas presiones de guardias para vender drogas, derivó en un pedido de destitución en contra del único juez de Ejecución de Sentencia en funciones del Poder Judicial de Tucumán, Roberto Guyot.

La acusación, efectuada por la representante del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina (OIPA), Graciela Dubrez, fue debatida ayer por la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Por unanimidad, los miembros del comité resolvieron correr traslado del planteo, con el objetivo de que Guyot, ex director de Institutos Penales durante el alperovichismo, brinde su versión de los hechos.

La decisión se da en un contexto en el que la crisis carcelaria llevó al Poder Legislativo a declarar la emergencia en los centros de detención de la provincia. El estado de excepción rige desde 2016, y fue renovada el año pasado hasta fines de 2019.

El preso asesinado advirtió por carta que iban a matarlo

Pérez Dubrez, a través de la presentación efectuada por el abogado Jorge Fernando Guzmán, denunció a Guyot por presunto mal desempeño y supuesto incumplimiento de sus deberes. Y consideró que estas aparentes faltas deberían motivar la destitución del magistrado, ya que estaba a cargo del hombre condenado a seis años de cárcel por robo agravado. “Medina, el recluso que denunció a los guardias de la prisión (por) obligarlo a vender drogas y que fue asesinado (por otro reo), fue trasladado sin motivo desde seccional 7ª, a la cárcel de Villa Urquiza”, sostuvo Dubrez en el escrito, al que tuvo acceso LA GACETA.

“Todos sabían que lo matarían, pero nadie hizo nada para evitarlo”, dijo la esposa del recluso asesinado

Añadió que, según la investigación penal -tramitada por la fiscala Adriana Giannoni-, Medina habría sido enviado “sin motivo” al penal. Incluso, afirmó la representante del Observatorio de Prisiones, hay testimonios que desmienten la versión oficial de que el hombre había protagonizado incidentes en la comisaría.

“Una funcionaria del Juzgado de Ejecución de Sentencia declaró que ella no sólo no había dado la orden de traslado, sino que además había pedido protección especial (para el reo), algo que no ocurrió”, indicó Dubrez. Explicó que, antes del crimen, la abogada penalista Silvia Furque y la esposa del preso, Ana Silva, habían aportado al Juzgado de Ejecución de Sentencia una carta manuscrita por Medina en la que este advertía que iban a matarlo. “No se obtuvo respuesta”, recordó la representante de la ONG. Y destacó que mientras la abogada tramitaba un hábeas corpus, el reo era asesinado en la cárcel. Según la causa penal, el principal sospechoso es Sebastián “Pichi” Mendoza, quien purga una pena de 18 años por el crimen de Melanie Eliane Williams.

El trámite

Los miembros de la comisión de Juicio Político, presididos por el oficialista Zacarías Khoder, debatieron ayer a la mañana en la sala de comisiones del 4° piso de la sede legislativa. Por fin, tomaron dos decisiones. “Hemos analizado el expediente ingresado. Luego de estudiar las pruebas en contra del juez de Ejecución Penal, resolvimos correr traslado”, indicó Khoder. Y agregó: “además, creímos conveniente enviar un escrito a la Corte Suprema de Justicia para que remita todo el expediente, tanto administrativo como judicial, para estudio de esta comisión”.

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El ex intendente bandeño anticipó cuáles son los próximos pasos. “Ahora, el imputado tiene 15 días para realizar su descargo. Luego, en un plazo de 20 días hábiles, la comisión de Juicio Político debe resolver si hace lugar al pedido, o bien, si rechaza la acusación”, añadió Khoder.

Guyot afirmó a este diario que aún no estaba interiorizado del trámite, por lo que no haría declaraciones por el momento.