03 Abril 2018
EN PROBLEMAS. Se investigan las maniobras tendientes a beneficiar a los brasileños en los gasoductos. ARCHIVO
El juez federal Daniel Rafecas procesó hoy al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex secretario de Energía Daniel Cameron por supuestas irregularidades en la contratación de la empresa constructora Odebrecht, a la que le adjudicó dos contratos para ampliar dos gasoductos del Norte y Sur del país. Parte de esas obras se hicieron en Tucumán.
Se trata del primer procesamiento dictado en la justicia argentina en una de las causas vinculadas al escándalo del pago de sobornos en distintos países por parte de la constructora brasileña.
El magistrado los acusó de realizar “negociaciones incompatibles con la función pública” en el “Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008”, una obra que llegó a la totalidad de los gasoductos que cruzan el país y que tuvo un presupuesto de 2.300 millones de dólares.
Los contratos para ampliar los gasoductos, remarcó el magistrado, "debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), pero, en cambio, fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas" de los entonces funcionarios ahora procesados, reprodujo la agencia Télam.
En Tucumán
Parte de la ampliación del gasoducto Norte se realizó en Tucumán. El objetivo fue inyectar 900.000 metros cúbicos adicionales de gas natural, destinado principalmente al suministro de industrias en las zonas del norte y centro del país.
La obra consistió en la instalación de gasoductos paralelos al sistema ya existente.
De hecho, De Vido y Cameron participaron de la inauguración parcial de los trabajos, que se llevó a cabo en Banda del Río Salí en agosto de 2005.
De Vido está detenido en otra causa penal por un supuesto multimillonario fraude en el uso de fondos públicos destinados a reconvertir el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en Santa Cruz.
El procesamiento que recae sobre De Vido y Cameron prevé penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación especial perpetua.
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