Con humo no se tapa la inseguridad

Los tucumanos observan espantados como sus dirigentes solo colocan parches para tratar de disminuir los delitos en la provincia. Son medidas tomadas a las apuradas, sin ningún tipo de estudio previo que generan dudas antes de que se las pongan en práctica y, lo que es peor aún, hasta son inconstitucionales. En definitiva, se las puede considerar como densas cortinas de humo con las que se pretende tapar los problemas que afectan a los habitantes de la provincia.

Edmundo Jiménez, ministro fiscal, puso en un brete a los tres poderes con su idea de impulsar la ley contra “motochorros”, “rompevidrios” y “escruchantes”. Convenció a los legisladores y a la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de implementar esta norma. Se aprobó con un mero trámite y el gobernador Juan Manzur la promulgó “más rápido que ya”. Sin embargo, su aplicación está cada vez más en duda y los tres poderes, que fueron responsables en su creación, ahora se sacan de “taquito” el problema para que el otro lo solucione.

Entró en vigencia la prisión preventiva para el motoarrebato, robo a autos y las entraderas

Los fiscales recibieron la orden de Jiménez de llevar estadísticas de todas las veces que aplicaron esta ley. Y los números son más o menos claros. De 10 detenidos, siete deberían quedar tras las rejas. Allí siguen los problemas: no hay lugar donde alojarlos. Después varios jueces de instrucción anunciaron que no fallarán utilizando una norma anticonstitucional. Y si el caso llegara a la Cámara de Apelaciones, sus integrantes tampoco convalidarían el dictado de una prisión preventiva a través de esta vía. Esas son las razones por las que la tan publicitada norma terminará guardada en los cajones dentro de pocas semanas.

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, en su última visita a la Legislatura les pidió a los legisladores una norma para frenar a los motochorros. Dijo que sería bueno que las concesionarias exigieran el certificado de buena conducta a los compradores de motos. Los parlamentarios dijeron que esas palabras habían sido una expresión de deseo del funcionario. Lo mismo hicieron los representantes con la ley que ahora no se sabe si se aplicará o no.

Legisladores defendieron la ley contra los motochorros y esperan la decisión de la Corte

Se trata de una iniciativa que, de llegar a ser aprobada, morirá por ser discriminatoria e inconstitucional. Lo grave no es la idea, sino que hace años que se discute este tema y hasta el momento no se ha encontrado una solución. Solo en un país bananero un gobierno provincial puede pedir a los legisladores que les recuerden a los intendentes que hagan más controles. Cada ciudad cuenta con una Dirección de Tránsito, pero nadie sabe para qué están si no son capaces de custodiar que los motociclistas y automovilistas circulen con los papeles en regla.

Cantidad no es calidad

El PE anunció que enviará a las calles a unos 800 efectivos hasta fin de año. En seguridad, la calidad no se sostiene con cantidad de efectivos. Hay varias herramientas que se deben tomar para tratar de luchar contra los que hicieron del delito su forma de vida. Y el último ejemplo es lo que sucedió con una heladería de Barrio Norte, que sufrió dos asaltos en menos de una semana. Y no se habla de una zona alejada de la capital, sino de la mismísima Laprida y Corrientes.

Ataques de motochorros en Tucumán: cinco casos, uno de ellos mediante la modalidad "piraña"

Maley, como ex integrante de la fuerza, imitó lo que hizo Gendarmería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Envió a sus hombres a las zonas rojas para trabajar. La idea es buena, pero es malo lo que se hace en estas tierras. Allá, los gendarmes están acompañados por personal de Educación (escolarizan u ofrecen ayuda), Desarrollo Social (atienden los problemas de los vecinos), Trabajo (buscan alternativas laborales para los habitantes) y Salud (médicos atienden los problemas sanitarios y de adicción), entre otros. Aquí hay uniformados que solo recorren esos barrios, y nada más.

Tucumán va en contra de todo lo que se hace en diferentes puntos del país. En otras tierras se incrementa el presupuesto para seguridad, aquí ni se ajusta a los índices inflacionarios. En otros lados hay prevención, pero aquí sólo se buscan medidas de reacción, es decir, se piensa más en cómo castigar al que delinque y no en evitar que se cometa un delito. La inoperancia de los dirigentes para solucionar el problema hace que se genere esa densa humareda con la que se pretende taparlo.