El municipio constató que hay 31 edificios ocupados y que no tienen los papeles en regla

En San Miguel de Tucumán hay más de 30 edificios no tienen el Certificado de Final de Obra por distintas faltas; están habitados y no cuentan con instalaciones apropiadas a los diferentes servicios, según un relevamiento municipal. Esto llevó a los concejales de esta ciudad a instrumentar medidas que tiendan a evitar problemas para los vecinos que residen en esas viviendas.

“Queremos tratar de resolver una situación crítica: hay una enorme cantidad de propietarios de departamentos que han sido engañados, por decirlo de algún modo, por algunas empresas. Los dueños no tienen las escrituras de las propiedades y mucha gente vive en situaciones de peligro, porque tienen servicios instalados de modo precario”, explicó el presidente del Concejo, Armando Cortalezzi. Adelantó que trabajan en convenios con los colegios profesionales de Arquitectos y de Ingenieros para analizar qué medidas pueden adoptarse.

Específicamente, hay 31 edificios, según Catastro Municipal, que están habitados a pesar de que carecen de dos aptos: los certificados de Final de Obra y de Habitabilidad (ver listado “Edificios en Falta”). Aunque las ordenanzas prohíben que se viva en lo departamentos, algunas torres llevan 20 años con inquilinos.

“Trabajaremos junto a los concejales con las áreas competentes del municipio. Esta situación preocupa mucho, por eso el intendente Germán Alfaro tomó la determinación de no autorizar nuevos proyectos a las empresas incumplidoras seriales del Código de Planeamiento Urbano -que se cuentan con una mano- ”, explicó el secretario de Gobierno, Walter Berarducci. Y agregó: “la situación más compleja es la de los edificios con falencias estructurales, porque son los más inseguros”. Recordó que en la gestión anterior se habían aprobado ordenanzas de excepción, pero que las empresas que incumplen las normas no se acogieron.

Los objetivos

El peronista Juan Luis Pérez, presidente de la comisión de Obras Públicas, explicó que se trazaron objetivos a corto, mediano y largo plazo: “el desafío más urgente es solucionar esta crisis, porque tenemos muchos vecinos viviendo con servicios precarios. Luego debemos estudiar nuevas multas y ver cómo aggiornar el Código de Planeamiento Urbano, para establecer qué ciudad queremos a futuro”.

Pérez explicó que buscan asesoramiento de los colegios de Arquitectos y de Ingenieros, para que mensualmente sus miembros monitoreen el trabajo de los inspectores de Catastro, con un informe externo que analizará el Concejo. Agregó que podrán identificar a los profesionales que no realicen un ejercicio adecuado de la profesión.

“Queremos poner supervisores a los inspectores municipales. El poder de clausurar una construcción lo tienen los funcionarios, pero hay edificios donde se hicieron tres pisos de más. Si los profesionales de los colegios monitorean el trabajo podremos dotar de transparencia al proceso para evitar estos problemas, en donde los trabajos no coinciden con los anteproyectos”, afirmó el peronista. E insistió en que la situación es “crítica”: “hablamos de más de 30 edificios donde vive gente con garrafas en los pasillos, con medidores ‘de obra’ de agua y luz, en donde puede ocurrir una explosión en cualquier momento. Queremos analizar caso por caso. Y queremos que a las empresas infractoras seriales se las multe severamente”.

Juan Saravia, presidente del Colegio de Arquitectos, compartió esa preocupación “No puede suceder más que haya garrafas en los pasillos de los edificios porque la edificiación no tiene el Final de Obra. También queremos trabajar en el Código de Planeamiento, que es el mismo hace 20 años. La ciudad crece a pasos agigantados y queremos planificar una ciudad para los vecinos”, manifestó el especialista. La concejal de Cambiemos, Sandra Manzone, adelantó que acompañará el trabajo de sus pares. “Hay que hacer un trabajo en conjunto con colegios profesionales, cámaras constructoras y universidades para buscar el modo de llevar soluciones a los vecinos y evitar tragedias. Hay que analizar caso por caso, porque hay algunos edificios que ni siquiera presentaron anteproyectos. No propondremos una mera ordenanza de regulación, dando excepciones, buscamos una decisión política para solucionar esta situación”, aseguró Manzone. La concejal también se mostró de acuerdo con modificar el Código de Planeamiento Urbano, que data de 1998. “Es el momento de analizar en profundo y a conciencia qué ciudad buscamos. Hasta tanto, hay que respetar el código vigente. No permitiremos más excepciones ni constructoras inescrupulosas”, finalizó.

Edificios en falta
 1- Avenida Mitre 117
 2- Avenida Avellaneda 501
 3- Pasaje David Sorol 377
 4- Monteagudo 120/128
 5- Buenos Aires 635
 6- Haití 10
 7- Avenida Avellaneda 795/799
 8- 9 de Julio 779
 9- Las Piedras 364
 10- Bernabé Aráoz 140
 11- Entre Ríos 784
 12- San Martín 1.051
 13- Mariano Moreno 229
 14- San Lorenzo 129
 15- Entre Ríos 696
 16- Las Heras 441
 17- Corrientes 942/946
 18- Pje. C. Gutiérrez 955
 19- San Luis 130
 20- Monteagudo 542
 21- Congreso 868
 22- Santiago 53
 23- Próspero García 148
 24- Marcos Paz 127/135
 25- Mate de Luna 1.766
 26- 9 de Julio 388
 27- Monteagudo 511 
 28- Salta 660/674
 29- Corrientes 653/657
 30- Las Heras 252 
 31- Mariano Moreno 354
 Fuente: Catastro Municipal

¿Qué pasa sin el “final de obra”? 
Los departamentos no se pueden escriturar y pierden su valor

En la Cámara de Empresarios de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit), explicaron que si el edificio no cuenta con el “final de obra”, las propiedades no pueden escriturarse y pierden hasta el 40% de su valor de mercado. Los dueños sólo pueden adquirir títulos precarios. Como la instalación de servicios es precaria, muchos vecinos que habitan edificios en estas condiciones tienen acceso a gas por garrafas -colocadas en los pasillos-, la presión de agua es reducida y la red eléctrica no es apta para muchos electrodomésticos conectados en simultáneo, porque cuenta con “medidores de obra”.