Nuevos delincuentes, vieja Policía

“...la nueva generación de delincuentes no conoce de los viejos códigos del hampa, cuando todavía se respetaba la vida de las personas, y nos encontramos con sujetos que ingresan al delito desde temprana edad; son temerarios e inescrupulosos, verdaderos depredadores que, envalentonados por el alcohol y las drogas, no miden consecuencias al momento de concretar un hecho” (Plan Estratégico de Seguridad de aplicación inmediata, Anexo 1, diagnóstico, firmado por el ministro Claudio Maley, 5/12/17)

La casi apocalíptica descripción que hace el ministro Claudio Maley para explicar lo que sucede con la (in)seguridad en la Provincia ha generado dos sensaciones contrapuestas. Una, que el diagnóstico crudo permite enfocarse en la solución de los problemas; por ello cuando el funcionario hizo su exposición ante la comisión legislativa de emergencia en seguridad, hace un mes, fue felicitado por los legisladores. Otra sensación, en cambio, es la de que frente a esta realidad cruda nada puede hacerse, como no sean medidas drásticas (y casi irracionales) que pueden ir desde la intervención del Gobierno nacional (pedido del legislador Fernando Valdez) hasta la aplicación desesperada de mano dura o de leyes de excepción como la norma para encerrar a motochorros, “rompevidrios” y escruchantes a como dé lugar. Norma que repite otras leyes sancionadas con urgencia en los últimos 15 años y que no sirvieron para nada.

Sin patrones

El diagnóstico del Plan Estratégico plantea, básicamente, tres cosas: que nos encontramos en peligro constante, que no tenemos elementos ni capacitación para enfrentarlo y que hacen falta muchos actores para empezar a salir del problema, en un período aproximado de 10 años. Sobre el peligro, lo describe: el peor de los delitos es el motoarrebato (con un porcentual muy alto de damnificados que no denuncian); los delincuentes atacan con saña en cualquier barrio; el delito callejero tiene una gran variedad de modalidades “que no obedecen a patrones determinados” (ladrones de ocasión que buscan cualquier cosa) y “los delitos con planificación específica (como robo a bancos) son los menos”. El delincuente actual es, según los adjetivos que usa, el peor que nos podría tocar: “inquieto, impredecible, inescrupuloso, altamente temerario y peligroso”. También dice que “la droga está en todos lados”, que quienes explotan este rubro son personajes conocidos, que ostentan poder que les permite moverse con impunidad, que cuentan con un ejército de transas, distribuidores y sicarios que se aprovechan de las necesidades de las barriadas pobres, “pagan a los residentes” y compran voluntades.

En cuanto a la falta de elementos y capacitación, el diagnóstico es también lapidario: dice que no hay coordinación, que las áreas de investigación de la Policía “desde hace tiempo no son confiables por la sospecha de que estos hechos son arreglados al margen de la justicia” (”el hombre por naturaleza tiende a romper las reglas”, dice, para explicar la corrupción). Dice que se han desarticulado varias áreas de prevención (Comando Radioeléctrico, Patrulla Urbana, Columna Móvil y Programa de Integración) para fortalecer el servicio 911, que es hoy la columna vertebral del trabajo policial. Lo califica como sobresaliente, importante, moderno y necesario, pero cuando habla de la evolución de la Policía para acomodar su funcionamiento a los tiempos actuales dice que siempre llega “en forma desproporcional, como que lo nuevo y mejor siempre llega tarde”. Y añade: “se trabaja al estilo parche, sacando de un lado para poner en otro; pocas veces hubo un plan definido o una tarea sostenida sobre objetivos propuestos; por ello con frecuencia vemos caer estrategias de seguridad”. Dice que la legislación policial es obsoleta; que se trabaja con la inconstitucional ley de Contravenciones (”se miente constantemente pero es la única herramienta que tiene la Policía para contrarrestar el delito callejero”), frente a la cual propone que se desarrolle un nuevo código de Convivencia.

Y en tercer lugar, supone que el enfoque de esta problemática debe ser muy amplio. “Para quebrar la situación de vulnerabilidad instalada en estos barrios es necesaria la presencia policial y de otros actores del gobierno nacional, provincial y municipal”; habla de programas multidisciplinarios de urbanidad (desde iluminación hasta erradicación de basurales), sanidad, educación, trabajo y mejora de condiciones de vida. Allí habla de que, sin trabajos parche, en 10 años se podrán ver resultados favorables. Y arriesga por qué: “más si tenemos en cuenta que en la actualidad el estilo de delincuente que más flagela a la sociedad detesta las iniciativas de orden y urbanismo” (no se sabe de dónde sale esta aseveración). La verdadera prevención, dice, “estará enfocada desde una perspectiva social”.

A partir de esto, propone reflotar las mencionadas áreas de prevención, operativos de saturación para ir a buscar a los delincuentes, “hostigarlos con controles, acorralarlos permanentemente.... con esquemas de presencia y patrullajes por los que los malvivientes se sientan observados y controlados y con ello disminuyan las posibilidades de cometer ilícitos”. Propone control ciudadano sobre la Policía, fomentar las fuerzas de seguridad municipales y volver al vigilante de calle.

Tras el diagnóstico, el ministro enumeró algunas acciones basadas en saturación, habló de presencia policial en barrios conflictivos como La Costanera, ATE y Alejandro Heredia, relevamiento de talleres y desarmaderos para enfrentar motoarrebato, así como estudios estadísticos sobre hechos y detenidos, controles vehiculares, presencia de la caballería en parques, operativos coordinados en autopista (donde hace dos semanas fue asesinado un policía que circulaba en moto) y zonas conflictivas. Algo de eso, en teoría, debería figurar en el informe cuatrimestral (diciembre-marzo) entregado hace cuatro días a la comisión legislativa, que comenzaría a ser analizado el martes próximo. En él se mencionan algunos datos llamativos: que hubo 58 homicidios desde el 1 de diciembre hasta el 17 de marzo (lo cual da un promedio altísimo, que da a entender la violenta situación imperante), que “se trabaja intensamente en alimentar una base de datos sobre el motoarrebato, con la cual se logró detener un importante número de motoarrebatadores”. Dice que en tres meses se detuvo a 1.300 personas y que quedaron detenidas 799, el 70% de las cuales eran motochorros. Explica que el 30% de las 160 cámaras de videovigilancia de la capital está fuera de servicio y que todas están próximas a cumplir ocho años de uso. También, que de las 426.502 llamadas al 911, la mitad eran falsas. Dato que se conoce desde siempre. Hay que recordar que en la época del ex ministro Jorge Gassenbauer ya se decía que se iba a actuar contra los que hiciesen llamadas falsas.

La descripción de la provincia sumida en el delito parece demasiado incierta. Si el delito está en todas partes y sólo hiciese falta recorrer las calles constantemente y hacer controles al azar, apenas bastaría con aumentar los vehículos y los hombres y las frecuencias. No hay estudios que den cuenta del éxito de estas medidas, además de que nunca se llegará a la saturación permanente. Un detalle sustancial de la forma de actuar de la Policía en la actualidad es que se basa en operativos y detenciones constantes: y para los uniformados esta fórmula tiene éxito: las comisarías y la cárcel están llenas de detenidos (en varios casos, hacinados) y también están saturadas de vehículos secuestrados. Esto no ha servido para reducir la inseguridad, según se ve. Insistir con los mismos procedimientos, ¿sirve? No parece tan claro tampoco que los delincuentes sean todos conocidos, que sean tan poderosos e impunes y que la clave sea hostigarlos “hasta que se convenzan” de no delinquir. Y de ahí surgen las preguntas: ¿con qué datos se ha hecho este perfil de un delincuente poderoso y temible y con qué estudios se cree que se lo podrá persuadir de vivir en la legalidad?

Razones desconocidas

Las razones del delito son, ciertamente, más complejas que la dicotomía blanco-negro o bueno-malo y lamentablemente han sido poco estudiadas en los últimos años en los que las estadísticas han sido brutalmente diseccionadas y borradas, tendencia que no se ha revertido a pesar de que el Gobierno nacional dice que ahora hay más transparencia. Acaso estudios como “Investigaciones sobre economía de la delincuencia”, de 2014 (compilado por Ana María Cerro y Osvaldo Meloni) podrían ayudar a entender más racionalmente el comportamiento de ese sujeto llamado “delincuente” en el plan de seguridad. Y actuar en consecuencia. En el informe del Gobierno se habla de hacer un mapa del delito mediante un “software gris” en el mediano plazo, pero nada se dice de cómo organizar un sistema adecuado de recopilación de datos, que en Tucumán es caótico y sujeto al arbitro de cada área operativa policial o judicial. Hasta el relevamiento más seguro, el de homicidios, que llevaba a cabo la Corte Suprema de Justicia, está caído desde 2015, después de que se había trabajado con buenas perspectivas desde 2013. No se ha informado que una iniciativa como la encuesta nacional de victimización (que arrojó resultados durísimos de Tucumán como una provincia muy violenta) vaya a ser replicada metódicamente o esté siendo estudiada para enfocar tareas. Tampoco se menciona que varios de los barrios conflictivos, como La Costanera y “La Bombilla”, ya tienen tareas multidisciplinarias en marcha y desde hace mucho tiempo. En La Costanera están los planes Promeba y municipal y en “La Bombilla” hay cientos de policías trabajando en el ex Instituto cardiovascular. No es la presencia de la autoridad lo que falla para que persista la inseguridad. Es otra cosa. ¿Alguien podría explicarlo?

Finalmente, la “letra chica” del informe ministerial dice cosas potencialmente más duras que la descripción apocalíptica del temible delincuente tucumano: sugiere que el ausentismo policial es elevadísimo (no se entiende entonces cómo podrían ser trasladados agentes de algunas áreas para reforzar el servicio de calle); que recién en el mediano plazo se crearía la Dirección de Asuntos Internos (la lucha contra la corrupción ahora depende de la suerte). Y la gran perla está en el comienzo del informe entregado hace cuatro días: “El presupuesto 2018 no se ajusta a las mínimas necesidades que debe impulsar este Ministerio para mejorar las acciones de la Policía de la provincia, el Servicio Penitenciario y la seguridad vial” (página 51). De ser cierto, con esto está todo dicho. Casi ni tiene sentido que Gobierno, Legislatura y Corte Suprema estén discutiendo si sirve o no la ley contra motochorros. Aunque sirviera, no la podrían aplicar.