La Corte apura la constitución de una comisión clave para el control de las cárceles

La última audiencia a puertas cerradas relativa al monitoreo del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que ordena una serie de medidas para revertir la crisis penitenciaria arrojó que hubo progresos parciales en cuanto a la constitución de la comisión creada en 2012 para controlar el estado de las cárceles y de las condiciones de detención. Con el afán de acelerar la implementación de este comité, Daniel Posse, titular del alto tribunal, pidió informes esta semana a las instituciones que deben integrarla, entre ellas la Legislatura. La orden de reglamentar y poner en marcha esa estructura consta en tres fallos dictados por la Corte en el ámbito del hábeas corpus colectivo y correctivo planteado en 2015.

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes está prevista en la Ley 8.523 que fue promulgada hace casi seis años por el ex gobernador José Alperovich (el artículo 13 establece que la reglamentación debía ser realizada en un plazo de tres meses). Se trata de un organismo descentralizado, independiente, con personalidad jurídica propia, autónomo y autárquico. Su cometido central es ser el órgano de aplicación en Tucumán del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aprobado por la Ley Nacional N° 25.932.

La Corte ordenó al PE medidas urgentes por la crisis carcelaria

La normativa local establece que el comité está integrado por un presidente y nueve vocales con carácter ad honórem: 1) el ministro público fiscal (Edmundo Jiménez); 2) tres legisladores integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, de Seguridad y Justicia, y de Asuntos Constitucionales e Institucionales; 3) la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán en representación del Poder Ejecutivo (Érica Brunotto), y 4) cinco representantes de la sociedad civil que exhiban una honorabilidad e integridad ética socialmente reconocidos, trayectoria, y destacada conducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas para la vida en democracia. La presidenta será la secretaria de Derechos Humanos (Brunotto), quien tendrá doble voto en caso de empate.

Para cumplir con sus objetivos, la comisión está facultada para visitar periódicamente y sin previo aviso los lugares donde estuvieren los ciudadanos privados de la libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; controlar en forma permanente el trato brindado en los lugares de detención o durante los traslados; entrevistar a los presos y a quienes estén en contacto con ellos; mantener reuniones con familiares de detenidos, magistrados, funcionarios judiciales, abogados, médicos, otros profesionales de la salud, integrantes de los distintos organismos del sistema penitenciario, etcétera; requerir la comparecencia de los funcionarios y empleados de los organismos y entes; acceder sin restricción alguna a toda la información referida a las personas y a los lugares de detención o retención, etcétera; hacer informes y recomendaciones; celebrar convenios y colaborar con los organismos afines nacionales e internacionales.

La Ley 8.523 dispone que la comisión deberá iniciar y proseguir de oficio o por petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de los agentes de la administración pública provincial que impliquen privaciones ilegítimas de libertad o agravamiento injustificado en las condiciones de detención. Las investigaciones podrán derivar en denuncias administrativas y judiciales, y en recomendaciones y advertencias. Asimismo, el comité podrá participar como querellante en procesos penales y deducir acciones judiciales.