Comenzaron a gestionar la liberación de presos con prisión preventiva

Una importante cantidad de abogados se presentaron en la Cámara de Apelaciones para comenzar con los trámites con el fin de lograr que se declare inconstitucional las prisiones preventivas que se les dictaron a sus defendidos desde setiembre pasado hasta la fecha, según confiaron fuentes judiciales.

Esta iniciativa surge por el ahora conocido “Fallo Pedernera-Filmann” en el que la Cámara declaró inconstitucional la medida cautelar que le dictó un juez a dos guardiacárceles que estaban imputados por el homicidio de un recluso en la Seccional 7ª, hecho que ocurrió en diciembre de 2015.

Los fiscales advirtieron si es que la Corte no resuelve el asunto, no podrían aplicar la recientemente promulgada ley de “motochorros”, “rompevidrios” y “escruchantes”.

“La supresión del derecho a ser oído -al no conceder audiencia o al menos vista- y la disposición de la prisión preventiva por ‘acuerdo’ entre el fiscal requiriente y el juez de control, tiene para este vocal serios reparos constitucionales y convencionales”, consideró el magistrado Enrique Pedicone. Su par, Eudoro Albo, se opuso, por lo que el juez Dante Ibáñez -reemplaza a la jubilada Liliana Vitar- respaldó el planteo de Pedicone.

Con este fallo, Manuel Pedernera y Ezequiel Filmann, defensores de los guardiacárceles esperan que la Corte Suprema de Justicia resuelva hoy el pedido de hábeas corpus que presentaron para que los detenidos recuperen cuanto antes su libertad.

La Cámara, con este fallo, pretende que en la Justicia se realicen las audiencias antes de que se dicte la prisión preventiva. Para ello, la fiscalía interviniente debería citar a las víctimas, al imputado, y a las partes (acusadoras y defensoras) a un acto donde darán a conocer su postura sobre el caso y un juez de instrucción, si es que se lo solicitan, decide aceptar o denegar un pedido de prisión preventiva.

Pueden ser alcanzados por el “Fallo Pedernera-Filmann” las personas que estén detenidas por delitos como robo, robo agravado, abusos sexuales y homicidios entre otros delitos. No hay una estadística cierta sobre cuántas personas podrían ser beneficiadas con este fallo, pero algunos consideran que estarían en esta situación los casi 500 que se encuentran detenidos en las comisarías.