Reforma que entrampa al PJ y que nació con errores

El Gobierno decidió hacer desaparecer partidos sólo para mantener el acople, y aunque la novedosa propuesta tiene omisiones técnicas o errores de análisis de la legislación electoral -como se verá al final-, la primera pregunta a hacerse es: ¿dónde está la trampa? El interrogante puede sobrevenir de un opositor, de un antiperonista o de un no oficialista, esos que miran con desconfianza las iniciativas electorales que el peronismo saca de la galera porque siempre terminan arrimándole agua a su molino para mantenerlo en el poder. Una pregunta nacida desde la duda histórica.

Sin embargo, por ahora y sólo por ahora -porque falta el debate-, se puede sugerir que no hay tal trampa sino más bien un “entrampamiento” del propio oficialismo. Porque impulsa un sutil cambio de paradigma político, que puede resultar peligroso para el propio justicialismo; tanto que si la oposición lo advierte debería aplaudir de reojo la eliminación de 700 partidos bajo la excusa de atender el hartazgo ciudadano que provocaron las miles de listas colectoras.

¿Dónde estaría esa supuesta ventaja para los derrotados e introducida por la propia dirigencia del PJ? ¿Cuál sería la supuesta ingenuidad o torpeza en la que habría incurrido el oficialismo con este nuevo “modelo” electoral? En que por atender la demanda social de mejorar la calidad institucional y de apostar a reforzar a las estructuras partidarias provinciales, puede debilitar a ese gran ejército justicialista; al que contenía de mil maneras porque le facilitaba el triunfo por ser el más numeroso (el PJ tiene 174.000 afiliados en Tucumán, según la Cámara Electoral Nacional).

El peligro de este proyecto estará en la cantidad de heridos que puede dejar la pelea electoral o en la aparición de mercenarios marginales.

Por quién pelear

La propuesta para alterar el texto de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (5.454) puede derivar en la aparición de dirigentes territoriales más fuertes, porque tendrán que luchar entre sí con sus propias huestes para extender sus espacios de poder. En el fondo, tal como está pergeñada la iniciativa, el gran reto político que entraña para el PJ no es el de generar un victorioso dirigente de batallas pírricas sino un verdadero líder a la antigua -casi del siglo XX, y de la primera mitad- que logre aglutinar a toda la militancia, a la dirigencia y a los simpatizantes del peronismo. Que mantenga unidos a los “compañeros” y que los contenga no con la materialista interpretación actual. Si ese referente político no emerge con estas sencillas reglas de juego que propone el oficialismo, la oposición tendrá su oportunidad. Aunque el desafío para esta será el mismo, pero en menor escala, porque también arrastra sus propias diferencias internas. Están urgidos de un jefe que los lleve a la victoria definitivamente.

En cambio, en el PJ hay un trípode de poder que por evolución y pragmatismo tiene que romperse este año. Si antes se decía que dos debían juntarse para despachar al tercero a los fines de aclarar el panorama interno para la militancia, con este proyecto el justicialismo se obliga a sí mismo a encontrar un conductor, uno solo, único, que aglutine a todos. ¿Quién? Uno de los tres, seguro. Pero, ¿cómo y con qué armas? El PJ asume un riesgo tal vez impensado: debilitarse, porque la modificación de la 5.454 no será tan valiosa por los cambios en el texto sino por el efecto que puede causar en las conductas políticas de la dirigencia.

Es lo que cabe esperar a partir de que al PJ cualquier mecanismo electoral le vino sirviendo para dirimir su propia interna, y fuera del ámbito partidario. Es de esperar que suceda lo mismo ahora. Será interesante observar quién se queda finalmente con el peronismo pejotista, porque no todos los peronistas están contentos con esta jugada, especialmente los que combatían por el PJ desde atrás de los muros municipales y comunales. Paredes que van a caer y cuyos soldados van a quedar a la intemperie. El dilema para estos pasará por mantenerse leales al referente pírrico o al líder que pueda surgir eventualmente o bien convertirse en los nuevos mercenarios de la política. Política que hoy se hace con recursos, los que generalmente salen del Estado y no de los bolsillos de la dirigencia. En ese marco, las disputas –o acuerdos también- entre los caciques no serán un hecho menor. Paradójicamente, lo central para el peronismo pasará por verificar si esta reforma le sirve para salir fortalecido o para debilitarse y dividirse y, consecuentemente, abrir una puerta para ceder el poder en 2019.

De la Ley provincial 5.903 del 22 de abril de 1988 que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución de 1907 derivó el sistema de Lemas. Después, la Ley 7.469 del 23 de diciembre de 2004 que declaró la necesidad de la reforma parcial la Carta Magna determinó la eliminación del sistema de Lemas. Lo que implicó la aparición del acople. Ambos mecanismos electorales nacieron de una forma contemporánea de hacer política. En los tiempos anteriores a los Lemas los partidos centralizaban la vida y la acción política, eran estructuras que escribían las páginas de la historia. En tanto que en los años previos a los acoples los dirigentes territoriales ganaron en preponderancia a las estructuras partidarias. Una suerte de caudillismo reducido a escasos metros cuadrados de influencia territorial y al manejo de unos pocos miles de votos, los suficientes como para acceder a una banca. Para ser legislador en 2015 se necesitaron 8.053 sufragios en la Capital, 10.351 en el este y 10.753 en el oeste. La escasa representatividad era consecuente con la ascendencia de la dirigencia por sobre las estructuras partidarias. En ese panorama, conseguir un partido vino siendo un trámite de mostrador de almacén. Veremos si eso se modifica con los cambios en la Ley 5.454.

Entonces, en los 90 los principales referentes municipales, comunales o de circuitos tenían agrupaciones reconocidas; con lo que era lógico que fueran estas estructuras las que mejor pelearan desde los sublemas. El peronismo resolvía así su interna en una elección general evitando que los derrotados llevaran votos a otros. Lustros después, cuando los referentes pasaron a ser más importantes que las agrupaciones sólo se necesitó tener un partido -alquilado o comprado- para disputar espacios por fuera de la organización madre. Se crearon cientos. El peronismo volvió a resolver con el acople su interna en comicios generales, logrando que nadie jugara en contra del candidato a gobernador. El desborde de los sublemas (llegó a haber 2.277 y 60.000 candidatos en 2003) provocó el hartazgo ciudadano e hizo nacer el acople. El posterior derroche de acoples (1.457 listas y 25.537 postulantes en 2015) derivó en otro hartazgo ciudadano. ¿Esa locura por 347 cargos políticos concluirá con el nuevo modelo político?

La fórmula de que el dirigente es más importante que el partido es lo que se trata de revertir desde el proyecto del PE. Ese nuevo marco de referencia habilita la aparición de nuevos referentes fomentará las disputas. Vale preguntarse cómo, quién, con qué recursos, con quiénes y dónde se desarrollará la acción política. La vida interna del PJ puede revitalizarse y eventualmente agrietarse más con este proyecto, máxime si la presidenta, Beatriz Rojkés, acude al llamado del kirchnerismo en San Luis y el vicepresidente, Juan Manzur -junto al resto de los gobernadores- vacía la convocatoria “K”. Un elemento que puede sumar a la divisoria de aguas.

Horrores, no equivocaciones

Si bien el proyecto para modificar la 5.454 debe ser debatido y mejorado en la comisión de Reforma Política, cabe notar que nació con fallas, que pueden subsanarse, pero que desnudan el apuro del oficialismo por responder al clamor popular originado en 2015. Veamos:

1.- Dispone eliminar los partidos municipales y señala que sólo podrán actuar en adelante partidos provinciales, sin darles a los actuales partidos municipales un plazo para gestionar su reconversión en “provinciales” incorporando más afiliados para llegar a la exigencia del mínimo de cuatro por mil del padrón electoral.

2.- Al suprimir la expresión “municipal y comunal” de los artículos 14, 17, 18, 33, 37, 41, 63 y 64 -según reza el texto ingresado a la Legislatura el 21 a las 16.50-, “eliminaron” también las candidaturas municipales -intendentes y concejales- y comunales -comisionados rurales- establecidas en el artículo 41 (“para la nominación de candidatos a cargos públicos provinciales, municipales y/o comunales de acceso electivo, los partidos políticos, frentes y/o alianzas electorales deben celebrar una elección interna. No es necesaria cuando exista sólo una lista inscripta”). Es una “gaffe” a corregir, pero revela que no se repasó bien la norma para realizar la propuesta.

3.- En el actual artículo 31 se fija que “la firma o impresión digital debe certificarse en forma fehaciente por funcionario público competente”. En el proyecto oficial se indica que “debe certificarse por escribano público, juez de paz, encargado del Registro Civil del lugar o personal de la Junta Electoral”. Ello implica un oneroso inconveniente para aquellos que quieran organizar un partido provincial. Una certificación de firma cuesta entre $ 200 y $ 300. Ya que la ley exige 4.000 afiliaciones para obtener el reconocimiento jurídico como partido provincial, se necesitarían entre $ 800.000 y $ 1,2 millón para obtener el reconocimiento. Más que una exigencia es un tapón. Algo que al parecer no se tuvo en cuenta cuando se pergeñó el proyecto reformador.

Cositas a resolver.