Gandur está en condiciones de jubilarse: debe resolver cuándo se va de la Corte

Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, completó los trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Ello se supo extraoficialmente a comienzos de esta semana. El integrante del alto tribunal aguardaba la notificación formal de la resolución que le otorga la jubilación con el beneficio del 82% móvil para definir el próximo paso: la presentación de la renuncia al Poder Ejecutivo que encabeza Juan Manzur.

Gandur, que tiene 83 años, puede concretar la dimisión de inmediato o bien esperar un tiempo más. Algunos magistrados con trámites terminados en la Anses llevan años postergando el pase definitivo al sector pasivo. La legislación local no establece un tope para el ejercicio de la judicatura como sí dispone la Constitución Argentina respecto de los jueces federales y nacionales: 75 años. De todos modos, en el entorno de Gandur deslizaron que este tendría la intención de irse en el corto plazo. El vocal cumple los 84 el 26 de mayo: tal vez esa sea una fecha clave para el cierre de una carrera judicial que comenzó en 1991.

La noticia sobre los avances del trámite jubilatorio corrieron con rápidez en los círculos políticos y tribunalicios. Es que la posible vacante daría al gobernador Manzur la primera oportunidad para elegir en forma discrecional a un integrante del máximo estrado de la provincia. Además de Gandur, componen la Corte los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane (decano), Antonio Estofán y Claudia Sbdar. Tres de ellos, Estofán, Sbdar y Posse, ingresaron por decisión del ex gobernador José Alperovich. En 2014, además, este nombró a uno de sus ministros, Edmundo Jiménez, como jefe del Ministerio Público Fiscal (a cargo de la Defensa).

El mandatario provincial también tiene pendiente designar al primer jefe de los defensores públicos. Tanto esa decisión como la del eventual reemplazante de Gandur ha de recibir el visto bueno de la Legislatura que preside Osvaldo Jaldo. En los últimos 11 años y con la excepción de Sbdar, que provenía de Tribunales -era relatora de Alfredo Dato, ex vocal y ex diputado-, los nombramientos de las más altas autoridades judiciales recayeron en funcionarios del Poder Ejecutivo.