El decreto del Poder Ejecutivo no resuelve la crisis, afirman farmacéuticos

Sobre el cierre del primer trimestre del año, las farmacias mantienen su reclamo ante el Gobierno por los costos que les generan los tributos locales.

A pesar de que el gobernador, Juan Luis Manzur, había dictado el viernes un decreto para aplicar una reducción en las alícuotas sobre los Ingresos Brutos (IIBB) para la venta de medicamentos, representantes del sector advirtieron que el régimen especial implementado por la Casa de Gobierno no abarca a todas las empresas del rubro.

“No es una solución, porque no entran todas las farmacias, sino hasta un determinado nivel de facturación, que es de $ 3 millones en 2016. No sabemos qué criterio se ha tomado para ello”, indicó Emilio Alves, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán. Ante una consulta de LA GACETA, confirmó que algunos de los afiliados están evaluando la posibilidad de concurrir a la Justicia provincial para objetar el régimen vigente. “Hay farmacias que están amenazando con ese tema; algunas se han presentado en convocatoria, y la semana pasada se han concretado seis cierres de farmacias. La situación es crítica en el sector, así como en otros rubros también. Es preocupante”, añadió.

La cuestión fue abordada ayer nuevamente en la Casa de Gobierno. El ministro de Economía, Eduardo Garvich, recibió a representantes de farmacias y droguerías. El funcionario estuvo acompañado por la legisladora oficialista Silvia Rojkés y por el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo. Según explicó Alves, uno de los ejes principales del conflicto es que la venta al por mayor y al por menor de medicamentos no es una actividad habilitada para “fijar” los precios finales del producto, sino que tienen un tope determinado a nivel nacional. “La semana próxima vamos a seguir con las reuniones por el tema”, indicó Alves.

En diciembre, la Legislatura sancionó un proyecto enviado por el PE que incrementó las alícuotas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para diversas actividades. Entre ellas, la comercialización de remedios, que registró una suba del 40%. Con esto, se buscaba compensar la caída en la recaudación originada por un acuerdo con la Nación -denominado Consenso Fiscal-, a través del cual se pretende aliviar la carga para algunos productores.

La polémica sobre la situación económica de las pequeñas y medianas empresas (PyME) resonará otra vez en el recinto de la Legislatura hoy, a partir de las 8.30. En el orden del día figura el proyecto enviado por Manzur para adherir a la Provincia a la Ley Nacional de PyME (denominada también Programa de Recuperación Productiva), que contempla beneficios impositivos para emprendimientos de esa escala. Se espera que desde la oposición de aproveche para reforzar las críticas a la política tributaria implementada por la Casa de Gobierno, sobre todo en cuanto a las farmacias y las droguerías. La UCR, el peronismo disidente y Nueva Fuerza tienen proyectos que proponen sistemas alternativos de cálculo de IIBB para estas actividades.

Claves del conflicto

- En el marco del Consenso Fiscal, y a pedido del PE, la Legislatura aprobó en diciembre pasado la suba en el impuesto sobre Ingresos Brutos para diversos rubros.

- Farmacéuticos reclaman por la suba, que en su caso llega al 40%. Tras esto, Manzur creó por decreto un régimen especial para el sector, pero no los conformó.

- Hoy la Legislatura volverá a discutir sobre los tributos provinciales, cuando trate el proyecto del Poder Ejecutivo para la adhesión a la Ley Nacional de PyME.