El riesgo de que las farmacias no acepten las obras sociales

Muy poco y más bien nada, entiende el hombre de la calle respecto de las taquicardias de la economía nacional. Mucho menos, de las explicaciones que, a través de los medios de comunicación, le suministran los expertos sobre el porqué de las subas de precios y de tarifas. Y por cierto, es más que escéptico respecto de los vaticinios que le aseguran que, dentro de poco, todo va a estar mejor; que va creciendo el empleo y que la construcción o los servicios son sectores que se recuperan.

Eso sí, hay algo que le impone la realidad a diario. Y es que para atender las necesidades normales de su vida, necesita sumas de dinero cada vez mayores a las que puede soportar su maltrecho presupuesto.

En algunos terrenos, y muy relativamente, esa dura situación puede más o menos manejarse en base a privaciones. Hace poco informamos que, de acuerdo al relevamiento de la consultora Ipsos, el 68 por ciento de las familias argentinas recortó sus gastos cotidianos, como una “estrategia defensiva” frente a esa inflación que, según el 52 por ciento de los encuestados, es el gran problema de la Argentina actual: un cuadro donde las subas en el rubro de alimentos y en las tarifas de transporte ha representado, al comienzo de este año, un durísimo golpe.

Pero hay un punto donde no es posible defenderse a través de privaciones en el presupuesto familiar. Es el tema de los medicamentos. Como acabamos de publicarlo, el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtió que los incrementos impositivos en nuestra provincia, les han creado el riesgo de que las farmacias se vean imposibilitadas de seguir trabajando con las obras sociales.

Es decir que, en los medicamentos, el público corre peligro de tener que pagar el muy elevado precio que tienen y al contado, desapareciendo los beneficios -de diverso tipo- que las obras sociales les ofrecían hasta ahora. Expresó el Colegio que la suba tributaria del 40 por ciento los lleva a esta situación.

Informamos asimismo que, desde tres espacios de la Legislatura, los representantes del pueblo han elevado proyectos para aligerar el impacto tributario sobre las farmacias. Uno, propone retrotraer los valores a los fijados antes de la suma de diciembre pasado. Otro tiene la tesitura de modificar la base imponible, para que se atenúe así el impacto de las nuevas alícuotas. No es nuestra función indicar, desde esta columna, cual sea el camino que debe seguirse: sí alguno de los mentados u otros distintos.

Pero una cosa es por demás evidente. El tema constituye algo extremadamente grave. Como lo dice el presidente del Colegio de Farmacéuticos, “en salud, la diferencia entre la vida y la muerte del paciente es el medicamento”. A la vez que recordó que han venido manteniendo reuniones en la Casa de Gobierno, para que el problema sea considerado con la detención que indudablemente merece.

Nada es más importante, en cualquier estrategia de gobierno, que asegurar la salud de los gobernados: principio que encierra, como es obvio, la obtención de los remedios para las enfermedades de un modo que, aunque sacrificado, resulte accesible, en última instancia, para quienes los necesitan. Así las cosas, nos parece que el Estado debe tomar urgentes medidas que corrijan la situación creada en este rubro, cuya trascendencia es vital y por tanto prioritaria. En el tema de la salud, no se admiten demoras ni dilaciones.