Los partidos coinciden en la reforma política, pero disienten respecto de tocar la Constitución

Los alcances de la reforma política que impulsa el Gobierno provincial ya interpela a los referentes de los principales partidos de Tucumán. De acuerdo a lo exhortado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, la revisión del sistema electoral será la prioridad legislativa en las próximas reuniones de la comisión especial de Reforma Política. De cara a las elecciones de 2019, el debate ha encendido una serie de interrogantes que no obtendrán respuesta oficial hasta que el recinto de la calle Muñecas 951 tome alguna determinación.

La posibilidad de avanzar hacia una reforma constitucional, la vigencia del sistema de acoples y la composición de la Junta Electoral Provincial (JEP) fueron los tres puntos por los que Marcelo Caponio, apoderado del Partido Justicialista (PJ); Alejandro Ávila Gallo, presidente de Propuesta Republicana (PRO); Ricardo Bussi, líder de Fuerza Republicana (FR); Daniel Blanco, dirigente del Partido Obrero (PO); Álvaro Contreras, apoderado del alfarista Partido de la Justicia Social (PJS); y Julio Herrera, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), fueron consultados por LA GACETA.

Constitución y acoples

Al explayarse sobre la necesidad -o no- de convocar a una Convención Constituyente, automáticamente todos los dirigentes se refirieron a la cuestión de los acoples. Casi como si una reforma constitucional fuera sinónimo de modificar ese sistema que ha generado controversias en los últimos comicios para renovar las autoridades locales. “Los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a Gobernador y Vicegobernador y/o Intendente de un partido político, frente político o alianza distinta, pudiendo unir la boleta de diferentes categorías de candidatos con la categoría de Gobernador y Vicegobernador y/o de Intendente de otra lista distinta, sumándose la totalidad de los votos obtenidos por las listas en cada categoría” enuncia el artículo 43, inciso 12 de la Carta Magna de 2006. Bochornoso para algunos y fraudulento para otros, desde la oposición la postura es unánime: es necesario eliminar o al menos limitar las colectoras (como se conoce a los acoples en otras partes del país). En ese sentido, el único consultado que se mostró a favor de su vigencia y los calificó como virtuosos, fue el legislador oficialista Caponio.

Al mantener estatus constitucional, los acoples no pueden ser derogados sin modificar la Carta Magna. Aún así, a través de una revisión de las leyes electorales, es posible limitar la cantidad de partidos políticos locales, según estiman en la Cámara. Ávila Gallo, Blanco, Contreras y Herrera coincidieron en la conveniencia de optar por esa vía institucional para reformar el sistema de votación en Tucumán.

Atraídos por el “fantasma” de los comicios de 2015, los opositores parecen querer evitar un escenario similar al de aquel agosto, en el que resultó electo el actual gobernador, Juan Manzur.

Con cifras disímiles, algunos expusieron la cantidad de partidos y acoples que podría haber sobre las mesas del cuarto oscuro en 2019 si es que no hay una reforma.

En la Constitución de 2006, se estableció una JEP integrada por el presidente de la Corte Suprema, el vicegobernador y el fiscal de Estado de la Provincia. La Justicia terminó por reemplazar ese último miembro por el ministro público fiscal. Sin embargo, luego de numerosas polémicas, en los comicios de 2015 la Junta funcionó sólo con el entonces presidente de la Corte, Antonio Gandur y con una fiscal, Ana María Paz. Ávila Gallo, Bussi, Herrera y Contreras criticaron esa composición y consideraron que las elecciones deberían hallarse en la órbita de la Justicia.

Manzur y Jaldo ya desestimaron una reforma constitucional. Por ahora, su compromiso de avanzar hacia un nuevo régimen electoral posee un plazo de tiempo: 2018.